@jonmizabala

Este segundo cuatrimestre ya va avanzando, y poco a poco comenzamos a profundizar en los contenidos que teníamos previstos en cada una de las asignaturas. En mi caso, ahora mismo estamos impartiendo la asignatura de Macroeconomía, y uno de los temas que hemos tratado ha sido el de los bienes públicos. Los bienes públicos se caracterizan por ser no-exclusivos y no-rivales. Se entiende que un bien es no-rival cuando el costo marginal de su provisión a un consumidor adicional es nulo, es decir, están disponibles para toda la sociedad sin que ello afecte a ninguna otra persona dispuesta a consumirlos (p.e. el alumbrado público). Por su parte, un bien es no-exclusivo cuando no se puede excluir a las personas de su consumo, por lo que es difícil o imposible cobrar por su uso (p.e. la policía).

Uno de los errores más comunes consiste en equiparar a los bienes públicos con los “bienes” (o servicios) ofrecidos por el sector público, como la sanidad o la educación, o el transporte público. Sin embargo, ninguno de ellos cumple con las características que hemos mencionado con anterioridad.

Tradicionalmente, uno de los ejemplos que empleamos en el aula para ilustrar a los alumnxs en qué consiste un bien público es Internet. En Internet se observa que a pesar de que haya un usuario adicional, los costes de proveer servicio no se ven alterados, por ejemplo para las compañías de telecomunicación o para las grandes plataformas digitales. Sin embargo, acontecimientos recientes han hecho que a partir del año que viene ya no pueda utilizar Internet como ejemplo de bien público.

Tal y como recogía Rosa Jiménez la Comisión Federal de Comunicación (FCC por sus siglas en inglés) del gobierno de Trump modificaba en diciembre de 2017 el marco legal de lo que se venía conociendo como la neutralidad de red. La esencia de la neutralidad de red radica en obligar a los proveedores de servicios de telecomunicación a dar acceso a los contenidos sin privilegiar a un participante de la red por encima de otros. Bajo este prisma, se trata por igual a todas las máquinas conectadas a Internet, de forma que todas ellas tengan los mismos “derechos” con respecto a su uso, independientemente de quién sea el propietario de dicha máquina o de su ubicación geográfica. Gracias a la neutralidad de red, Internet era concebida como un bien público.

La modificación en la reglamentación realizada por la FCC, presidida por Ajit Pai, alterará la forma en la que se concibe y en la forma en la que se ha empleado Internet hasta la actualidad, ya que sienta las bases para un Internet de dos velocidades (una estándar y una Premium), en función del precio que pague el usuario o el proveedor de servicios correspondiente (la página web). En este sentido, es importante subrayar que el problema no es acceder más rápido o más lento a ciertas webs (eso ya ocurre ahora en función del servicio que se haya contratado), sino que se accederá más rápido a unas páginas que a otras en función de los intereses de quien ofrece la infraestructura. Sin embargo, este cambio no va a incidir solamente sobre la velocidad de conexión, sino que sus consecuencias son mucho más profundas.

Este cambio puede afectar de manera directa al desarrollo de ciertas plataformas (p.e. Spotify, Disney) así como al crecimiento de muchas compañías emergentes en fases de capitalización. Como ilustra Joan Faus, una compañía como Verizon podría ralentizar la conexión cuando el usuario utilice Netflix, ya que esta plataforma compite con Fios, una plataforma similar de la propia Verizon. De igual modo, si por ejemplo el Wall Street Journal o Yahoo pagaran a AT&T por dar prioridad a su tráfico, pero el New York Times o Google no lo hicieran, la información de los primeros llegaría más rápido a los usuarios de la web, independientemente de la velocidad que éstos hayan suscrito, creándose así un campo de juego desigual. A su vez, es previsible que la nueva legislación frene la inversión en I+D, ya que se pone el foco en las vías y no en el contenido del tren, que es lo que se consume y donde deberían competir las empresas, en lo que ofrecen a los usuarios y no el cómo se ofrece..

Naturalmente, los grandes ganadores serán los operadores de telecomunicación (p.e. AT&T, Verizon, Comcast), que acumularán mucho más poder, y a quienes el gobierno de Trump les ofrece los cambios que vienen solicitando desde hace décadas, ya que se consideran como las grandes perdedores del ecosistema de Internet, ya que el “negocio” radicaba en los proveedores de servicios (p.e. Google, Facebook, Amazon), y no en los proveedores de las infraestructuras sobre los cuales éstos se sustentan.

Una vez más la política interfiere en el desarrollo de la economía, algo sobre lo cual también hablaremos a nuestros alumnos en la asignatura de Macroeconomía.

Agradecimientos: El autor agradece a Jorge Vega Rueda por el debate mantenido en relación a esta temática durante los últimos años, así como por los comentarios ofrecidos en una versión previa de este post.