Hoy se dirime en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) si el Estado español, representado por el Gobierno y la cúspide de su sistema penal -la Audiencia Nacional, el Supremo y el  Constitucional-, vulneró las prerrogativas que asisten a la presa de ETA Inés del Río al imponerle un alargamiento de la pena por la vía de la doctrina Parot y aplicarle, con ello, un castigo sobrevenido y más gravoso que el fijado por el Código Penal vigente en el momento en que perpetró los 23 asesinatos por los que está condenada. Esta es la forma más escueta de resumir el galimatías jurídico que, lejos de apasionamientos, deberán dirimir a partir de ahora los 17 integrantes de la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo; entre ellos, el único juez español, Luis López Guerra, exsecretario de Estado de Justicia con Zapatero y cuya conocida oposición al nuevo recuento de las penas de cárcel inquieta particularmente al Ejecutivo de Rajoy. La opinión de los llamados ‘jueces nacionales’ en casos que competen a sus países de origen no es baladí. Hasta el punto de que en el Gobierno cunde la convicción de que el veredicto previo que tumbó la doctrina Parot, adoptado en julio por unanimidad de los siete magistrados de la Sección Tercera del propio (TEDH), no habría sido el mismo si López Guerra hubiera avalado la posición de los principales tribunales españoles.

Pero hay también otra forma de describir lo que se resuelve en Estrasburgo, donde hoy han comparecido las víctimas del terrorismo y la izquierda abertzale. Es el debate entre lo legal y lo justo, concentrado en preguntas que tienen ida y vuelta. ¿Qué es más razonable desde el punto de vista de una Justicia que, además de la reinsercion busque reparar el daño causado: que terroristas, u otros asesinos múltiples o violadores en serie, puedan acogerse a beneficios penitenciarios que acorten su estancia en prisión o que se aproximen al cumplimiento de los 30 años máximos previstos por la legislación española, una de las más restrictivas de Europa? ¿La gravedad de los delitos cometidos justifica que se fuercen los márgenes de los derechos que asisten a toda la población reclusa, con independencia de su procedencia? ¿Cuál es la condena efectiva y respetuosa con el campo de juego del Derecho para, por ejemplo, Inés del Río, culpable de 23 crímenes por los que no ha expresado arrepentimiento y no ha mostrado empatía alguna hacia sus víctimas? En julio, en su sentencia en primera instancia, el Tribunal Europeo ya advirtió de que no puede haber condena sin ley. Así pues, el viejo dilema entre lo que puede ser más o menos justo y lo que es legal o no ha vuelto a sobrevolar hoy la Gran Sala de Estrasburgo. Aunque un veterano magistrado español, persuadido de que el TEDH revocará la doctrina Parot, prefiere referirse con un punto de sorna al problema como una cuestión de matemáticas: del repelús que, en su opinión, siempre han tenido la mayoría de los jueces hacia el “engorro” del cómputo de las penas penitenciarias, como si fuera posible -añade- hacer Justicia solo poniendo sentencias y no asegurándose de cómo se ejecutan los castigos penales impuestos.

Lo que admite menos dudas es que sea cual sea el veredicto definitivo del Tribunal Europeo, el Gobierno está obligado a acatarlo. Es verdad que el ordenamiento español no tiene incorporada una ‘cláusula de revisión’ que permita asumir automáticamente los dictámenes de Estrasburgo, pero en su condición de socio comunitario, de defensor de los principios fundacionales de la UE y de firmante del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Estado no tendrá ante sí otra alternativa que admitir un posible voto contrario a sus intereses por parte del TEDH. La “ingeniería jurídica” a la que ha aludido el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, no va a poder sortear esa eventualidad si así se confirma. Porque nadie se imagina a ninguno de los tres tribunales concernidos -el Supremo, el Constitucional y la Audiencia Nacional, la que correspondería revisar la hoja de cómputo de las penas ante una anulación de la doctrina Parot- intentado eludir aquello que puedan ordenarles sus colegas de Estrasburgo.