El Parlament de Catalunya ha iniciado hoy oficialmente el tránsito  hacia ‘la desconexion’ con España gracias a la hegemonía de Junts pel Sí y la CUP -72 escaños, el 53% de la Cámara- frente a una minoría opositora que puede argumentar a su favor que los independentistas no alcanzaron la mitad de los votos emitidos en las autonómicas convocadas con cariz plebiscitario el 27-S. El luminoso del resultado ha escenificado un hemiciclo partido casi por la mitad, porque no solo no ha habido abstenciones, sino que los diputados de Catalunya Sí que es Pot, la plataforma que suma al Podemos de Pablo Iglesias y a la Iniciativa que estuvo junto a Artur Mas en los primeros compases del ‘procés’, han votado en bloque contra la secesión.

La declaración unilateral refrendada esta mañana representa algo parecido a volar sin paracaídas sobre lo desconocido. Hacia un desenganche de España sin precedentes en el período democrático que confronta la legitimidad de Junts pel Sí y la CUP primero con la legitimidad del resto de fuerzas del Parlament -Ciudadanos, PSC, PP y Catalunya Sí que es Pot- y, después, con la legalidad constitucional que sigue siendo la misma que sustenta las instituciones de autogobierno catalanas. Desde hoy, el camino  hacia la soberanía plena carece de seguridad jurídica al despegarse por voluntad propia de la obediencia al entramado legal vigente. Lo que significa tanto como cerrar la puerta a una negociación constructiva con el Estado, que si hasta ahora no ha sido posible, desde esta mañana parece ya directamente inviable una vez salidos del carril de la Constitución.

Esa es la consecuencia de fondo de lo aprobado este nuevo 9-N para los anales. La más inmediata es que el Parlament mandata al Govern para emprender el camino hacia la independencia con un equipo gubernamental que continúa en funciones -es decir, en la transitoriedad- tras el 27-S y sin que Mas haya logrado asegurarse la investidura, que se debate esta tarde, con las cesiones a la CUP. ¿Puede encaminarse un país hacia el acontecimiento inédito de la ruptura con España sin president y con un Ejecutivo no solo sin renovar, sino en el que media docena de consellers -entre ellos, el de Economía- discrepa de la moción retadora de hoy? La hoja de ruta de la declaración prevé un plazo máximo de 30 días para poner en pie las leyes del proceso constituyente, las de la Seguridad Social y las de la Hacienda Pública, con lo que eso significará no ya para los rectores del ‘procés’; también para los miles de funcionarios que podrían verse involucrados en eventuales decisiones de desobediencia. Un período de incertidumbre al límite que se sitúa en vísperas de las elecciones generales, que redefinirán no únicamente el mapa español, sino también el catalán. La dilución en dos candidaturas separadas de Convergencia y Esquerra Republicana amplía sobre el papel las opciones de Ciudadanos de poder erigirse en primera fuerza en Cataluña. Y todo apunta a estas horas a que el 20-D se consumará con Mas y su Gobierno aún en situación interina, porque el margen para tener que convocar nuevas elecciones si no fructifica el acuerdo con la CUP no vence hasta el 9 de enero. Se avecinan las Navidades políticamente más tensas e  inciertas desde el advenimiento de la democracia tras la muerte de Franco, de la que están a punto de cumplirse 40 años.