Diario Vasco
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Euskadi no es, hoy, Cataluña
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Lourdes Pérez | 19-09-2013 | 14:40| 7

Los discursos políticos tienen valor por lo que dicen y también por lo que callan. Iñigo Urkullu ha subido esta mañana a la tribuna de oradores para afrontar su primer pleno de Política General, nueve meses después de la constitución de su Gobierno, en un contexto marcado por el pacto PNV-PSE que le garantiza la estabilidad de su mandato y por la implosión independentista en Cataluña. El lehendakari ha dado por terminado el tiempo del “café para todos” en un Estado español erosionado por la crisis, pero ha marcado calculadas distancias con el proceso soberanista que ha llenado de esteladas las calles catalanas y que empuja a la CiU de Artur Mas por un camino tan  ignoto como cargado de incertidumbres. Urkullu ha insistido en que ésta debe ser la legislatura de la revisión del marco jurídico-político vasco, una vez cerrado el ciclo de la violencia etarra y con la izquierda abertzale legalizada de vuelta al Parlamento. Pero ha querido eludir cualquier sombra de división y crispación -el recuerdo de los tensos tiempos de Ibarretxe está aún fresco en la memoria jeltzale-, definiendo su propuesta como una “oportunidad” para “actualizar nuestro estatus de autogobierno sobre una base acordada” que permita alcanzar un lugar común “en el que podamos encontrarnos satisfechos”. A diferencia de lo que está ocurriendo en Cataluña, donde los aldabonzados de las Diadas de 2012 y de este año, están orientando la estrategia soberanista de la Generalitat, Urkullu y su partido apuestan por que sea una ponencia parlamentaria con todos los grupos de la Cámara la que encauce el debate sobre el futuro del autogobierno, desde el reconocimiento de que Euskadi goza de una singularidad constitucional -los derechos forales y el Concierto Económico- que la sitúa de partida en un estadio distinto a Cataluña y que debe preservarse. De su intervención se desprende que el lehendakari no contempla hoy por hoy otro procedimiento que no parta de un pacto interno “entre diferentes” y de un consenso con Madrid que confieran seguridad política y jurídica a lo que pueda resultar de la discusión en la Cámara de Vitoria. Aunque tan significativo como lo dicho ha sido lo que el jefe del Gobierno no ha mencionado: ni la reivindicación del derecho a decidir con todas sus letras, ni la fecha concreta de 2015 que sí figuraba en el programa electoral peneuvista y que Urkullu ya eludió en su discurso de investidura el pasado diciembre.

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Acuerdo sin paz
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Lourdes Pérez | 11-09-2013 | 13:40| 0

 

La inminente firma del pacto económico y fiscal entre el PNV y el PSE está llamada a poner punto y final a 15 años de distanciamiento entre las dos tradiciones políticas más longevas de Euskadi. A la salida de los socialistas del último Gobierno Ardanza, cuando el EBB de Arzalluz ya se había embarcado en la fallida ‘operación Lizarra’, se sumaron luego la década de desavenencias bajo el mandato de Juan José Ibarretxe y los agravios recíprocos acumulados en el cuatrienio de Patxi López en Ajuria Enea. Más allá de la efectividad inmediata de la entente para dinamizar un país con síntomas notorios de fatiga y de su proyección a medio y largo plazo sobre la política vasca, la relevancia de acuerdo queda definida por el boato: lo rubricarán los líderes del PNV y del PSE y también el lehendakari, lo que implicará reunir por primera vez en torno a un consenso de país a dos presidentes de Euskadi –Urkullu y López– de distintas siglas y diferente procedencia ideológica. El pacto reseteará la legislatura, que, en realidad, empieza ahora tras diez meses de fragilidad del Gobierno por la minoría parlamentaria de los peneuvistas. Esta nueva distensión en ‘las cosas del comer’, de la que no quiere quedarse fuera el PP de Arantza Quiroga, acentúa por contraste las divergencias que mantienen los partidos en la gestión del cierre del terrorismo: la izquierda abertzale con respecto a todos los demás, pero también las fuerzas que siempre han condenando a ETA entre ellas mismas.

 

La hipótesis más probable a estas horas es que Urkullu arranque el curso político en estado dual: fortalecido por su mayor estabilidad en la Cámara y la perspectiva de poder sacar adelante sus primeros Presupuestos y debilitado, al tiempo, por el estancamiento de la ponencia de paz, las suspicacias transversales que despierta el plan de convivencia elaborado por Jonan Fernández y el rechazo de todos los que no son el PNV a la ‘vía vasca’ para el desarme etarra. La pretensión de diseñar un ‘final ordenado’ que evite a los desarmados la humillación de la derrota ha derivado, paradójicamente, en un desorden en el que no solo se entremezclan gestos, textos y foros, sino que el lenguaje de la paz vale lo mismo para un roto que para un descosido. Baste consignar que la izquierda abertzale articulada en EH Bildu enarbola como nueva bandera el reconocimiento de «todos los derechos para todas las personas» afectadas por actos violentos –sin distinción ni cuantificación–, haciéndolo compatible con actuaciones como el apoyo a la txupinera de Bilbao, cuyo mérito para serlo es su parentesco con un preso de ETA y a sabiendas de que eso solo puede echar más sal en la herida de las víctimas.

 

Unas víctimas que, más allá de los criterios no siempre coincidentes o divergentes que mantengan entre ellas, suscribieron en 2010 un manifiesto unánime en el que reclamaban entre otras cosas memoria, justicia y verdad y que ETA bajara la persiana sin impunidad. De ahí que lo que les resulte verdaderamente insoportable a muchas de ellas no sea el auge electoral de la izquierda abertzale o su regreso a las instituciones democráticas. Y sí la voluntad de Sortu de construir un ‘contra-relato’, que diluya el sufrimiento por cientos de asesinatos y miles de amenazas en las culpas compartidas de una supuesta guerra entre iguales.

 

La izquierda abertzale trata de despachar la controversia sobre el suelo ético de la ponencia de paz asegurando que ya lo asume, como si fuera un obligado formulario que hay que cumplir para poder lograr otros objetivos más propios. La realidad es que su renuencia a pedirle a ETA que se disuelva y a admitir las responsabilidades contraídas en el sostenimiento durante décadas del terror cuestionan la aceptación sincera de ese ‘mínimo moral’ como inexcusable punto de partida.

 

De hecho, esta resistencia del mundo de la antigua Batasuna es más lógica que el comportamiento contrario: no ha existido una renuncia ‘ética’ a la violencia –ETA no ha reconocido en ningún momento ni el error ni su la crueldad–, por lo que no cabe esperar que el tránsito de 50 años de lucha armada hacia la reinserción en democracia se haga de la noche a la mañana de una legislatura. Y los acontecimientos en el último año han demostrado que la ponencia tiene un componente instrumental para la izquierda abertzale: la despreció cuando estaba fuera del Parlamento, hasta desencadenar la ruptura en Aralar, para pasar ahora a reivindicarla cuando ha atisbado la posibilidad de abrir una brecha en terreno sensible entre el PNV y los dos partidos –PSE y PP– que más directamente han padecido el hostigamiento de ETA.

 

La parálisis en la ponencia de paz no solo ha puesto en evidencia, como cabía esperar, la distancia que persiste entre Sortu y el resto de los partidos. Ha dejado al descubierto la diferente vivencia que han tenido del terror las formaciones políticas contrarias históricamente al terrorismo. Partiendo del suelo ético, el PNV puede aspirar a situarse en una especie de justo medio entre las partes en conflicto porque nunca avaló el uso de la fuerza, pero también porque el grado de acoso y coacción que han soportado sus cargos y sus militantes no ha sido comparable a la estrategia de ‘exterminio del enemigo’ que han padecido socialistas y populares. Ni toda la sociedad vasca ha vivido amenazada por ETA, ni ETA ha amenazado a todos los vascos por igual. La cuestión que se dirime ahora es si el pacto económico y fiscal PNV-PSE se extenderá al campo de la ‘paz moral’; si la convivencia futura se dilucidará solo entre nacionalistas ante su empuje electoral y las rencillas surgidas entre socialistas y populares tras quebrarse el ‘Gobierno del cambio’; o si EH Bildu queda –o se sitúa– fuera tanto del consenso contra la crisis como de la gestión del final del terrorismo.

 

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Estado de desconfianza
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Lourdes Pérez | 28-08-2013 | 11:51| 0

Admitámoslo: hay pocas cosas que estimulen más el ‘voyeurismo’ que la publicación de lo que gana y de lo que tienen -en dinero, en bienes o en deudas- nuestros representantes públicos. El último en desnudar sus cuentas ante la ciudadanía, con seis meses de retraso sobre el compromiso que él mismo adquirió, ha sido Alfredo Pérez Rubalcaba. La publicación de los sueldos y del patrimonio en los últimos diez años del hoy secretario general del PSOE no solo anima la curiosidad por lo qué él percibe, sino por comparación con Mariano Rajoy, que contabiliza unos ingresos netos superiores en 644.670 euros a los declarados por el líder de la oposición. La diferencia es relevante no solo porque deja constancia de que el PP retribuye más generosamente a sus miembros, sino porque están en curso las investigaciones para determinar cómo amasó su desmedida fortuna Luis Bárcenas, cómo se gestionaron los sobresueldos del PP y si la financiación de los populares ha llevado aparejada, como contrapartida, eventuales favores a los donantes en forma de contratos públicos. Los cientos de imputaciones y las condenas por corrupción han forzado a los políticos a un mayor e imprescindible ejercicio de transparencia del que no están en condiciones de quejarse: al fin y al cabo, es la reiterada y bochornosa cobertura que los partidos prestan a los suyos cuando se corrompen la que ha extendido una insana desconfianza en la sociedad sobre la honradez de los que gobiernan y sobre la limpieza del Estado democrático. Así las cosas, todos hemos podido enterarnos en las últimas horas no solo de los salarios de Rubalcaba, sino también de que en 2009 perdió a su madre porque su patrimonio se vio incrementado por la percepción de la herencia.

Pero la pregunta empieza a ser si es necesario saber tanto, y si saber tanto sirve realmente para mucho más que el control parlamentario de los bienes de los políticos y el cotilleo patidista, periodístico y ciudadano. En su exposición de motivos, el legislador ya contempló la posibilidad de que los gestores públicos fueran apuntados “como sospechosos de conductas irregulares” al cambiar hace dos años el artículo 160.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, a fin de que diputados y senadores revelaran sus ingresos y sus bienes patrimoniales. Pero consideró que “las circunstancias que operan en la vida pública española”  -agravadas desde entonces- recomendaban extremar el rigor y la transparencia, con la única salvaguarda de la preservación de los derechos constitucionales. Lo cierto es que los políticos, sin apenas matices, se ven sometidos no ya a una sospecha generalizada sobre su honorabilidad, sino a una inspección sobre sus retribuciones que, en ocasiones, linda peligrosamente con la divulgación de datos personales e íntimos -el fallecimiento de la madre de Rubalcaba- que a nadie importan y que poco nada aportan a la lucha contra la opacidad y la impunidad en las conductas irregulares. El ambiente se hace cada vez más irrespirable en cualquier democracia socavada por tal ‘Estado de desconfianza’ que los ciudadanos no creen en la probidad de sus representantes hagan lo que hagan y presenten lo que presenten. Aunque cabe cuestionarse también por cómo van a diluirse una animosidad y una desafección tan arraigadas cuando el PP utiliza la mayoría absoluta obtenida legítimamente en las urnas para imponer el rodillo parlamentario e impedir, de facto, cualquier intento de control por parte de la oposición de la acción del Gobierno, en este caso en lo que se refiere a la gestión del ‘escándalo Bárcenas’. Y cómo puede jactarse Rubalcaba de cobrar mucho menos que Rajoy, cuando el PSOE ampara el blindaje de José Antonio Griñán para que las irregularidades en los ERE andaluces no le salpique más de lo que le ha obligado ya a renunciar a la presidencia de la Junta.

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El amor, la piedad, el asesinato
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Lourdes Pérez | 20-08-2013 | 17:16| 2

Un hombre de 86 años mata a su mujer de 83 de varias puñaladas en el pecho y después se suicida arrojándose al vacío desde la azotea de su vivienda en la localidad asturiana de Piedras Blancas (Castrillón). Ella llevaba varios años postrada en la cama víctima del mal de Alzhéimer, una condena vital que de inmediato da lugar a una amarga y delicada polémica sobre si estamos ante el enésimo caso de violencia machista -como sostienen, entre otros, los responsables del Principado- o si, en realidad, “el asesinato” no es tal porque no ha mediado maldad alguna; porque se trata, según los términos similares empleados por el concejal de Bienestar Social del pueblo y por el presidente de la Fundación Alzhéimer de Asturias, de un “homicidio por piedad”, de “un acto de amor” definitivo e irreversible. “No podemos juzgar esta muerte”, conmina el párroco de Piedras Blancas en el funeral conjunto, en el que recuerda que la mujer “llevaba siete años cargando con la pesada cruz de la enfermedad y su marido padecía del corazón. Estas muertes dan pie a muchas preguntas que no tienen respuesta”. Antes de Castrillón, el cineasta Michael Haneke ya se había asomado al abismo en ‘Amor’, ese relato inclemente, estremecedor y sumarísimo sobre la depauperación del cuerpo y el alma por el deterioro extremo de la salud.

Quienes abrazan la teoría misericordiosa del ‘asesinato por compasión’ apelan a los matices, a la complejidad de la existencia de ese matrimonio hostigado en su hogar por la vejez y la enfermedad para exonerar de cualquier culpa. Pero resulta significativo cómo en el cuadro pintado de grises con que buscan reconstruir el drama otorgan el protagonismo a quien optó por una resolución tan drástica como arrebatar la vida a otro ser humano, totalmente indefenso, antes de quitarse la suya propia, mientras orillan el sufrimiento de quien es, fueran cuales fueran las circunstancias últimas que rodearon su muerte, la principal víctima de la tragedia: esa mujer a la que el mal había privado de la memoria, del movimiento, de la capacidad de amar con plena consciencia, de la libertad de decidir por sí misma. Es una injusticia añadida suplantar su voz y su voluntad tratando de encontrar explicación, justificación, al dolor de su muerte, sobre todo cuando se desconoce -o al menos no ha trascendido- qué pensaba ella del sufrimiento de la enfermedad, de los límites en que puede soportarse sin perder todo atisbo de humanidad, de la posibilidad de poner fin a una vida consumida por el desmoronamiento físico y la desesperanza. Nadie debería banalizar las puñaladas finales que padeció calificándolas como un “acto de amor”, aunque su marido quizás encontrara el aliento último para hacer lo que hizo diciéndose que la amaba con locura.

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Desafío total
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Lourdes Pérez | 15-07-2013 | 13:22| 8

La mayoría absoluta del PP ya no parece cortafuegos suficiente ante el hedor irrespirable que ha extendido Bárcenas en torno a Rajoy, el PP, la política española y la probidad del sistema constitucional

El caso Bárcenas ha dejado de ser un inquietante asunto interno del PP para transformarse en un desafío en toda regla contra la honorabilidad del Estado de Derecho y de sus instituciones. Es evidente, como aseguró ayer La Moncloa, que Luis Bárcenas trata de «desviar la atención» de los graves delitos que le imputa la Justicia con la filtración periodística de los vergonzantes sms intercambiados con Mariano Rajoy. Como también es obvio que el extesorero del PP ha empezado a tirar de la manta cuando sus frustrados requerimientos al hoy presidente del Gobierno han ido a parar con él a una celda de Soto del Real. Pero ni una constatación ni la otra permiten a Rajoy sustraerse de las preguntas inevitables que subyacen tras la divulgación de los mensajes de móvil. ¿Por qué accedió a ‘cartearse’ durante dos años y hasta el pasado marzo con alguien que lleva desde 2009 bajo sospecha policial y judicial, al que se le han terminado por descubrir multimillonarias cuentas ilícitas en Suiza y al que el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, acaba de calificar como un «delincuente», sin atenerse a la presunción de inocencia? ¿Por qué alentar con esos sms la hipótesis de un intercambio de favores, aunque solo fuera por la vía de pedirle a Bárcenas que aguantara, que fuera «fuerte»? ¿Cómo casa la aparente y animosa ingenuidad de enviar los mensajes con el carácter de un Rajoy que ha hecho del mutismo y el autocontrol su divisa política? ¿Cómo cabe sostener en público que no estaba mediando un intento de chantaje, cuando eso es justamente lo que estaba haciendo el extesorero popular?

Rajoy ha fiado la resolución del viscoso caso Bárcenas a su innata habilidad para envolverse en el silencio y al valor de su palabra de hombre y presidente, a la reivindicación de su honestidad personal por encima de cualquier sospecha o evidencia. La capacidad para enmudecer cuando las voces se multiplican a su alrededor exigiéndole que hable –esa forma singular de hacer política sobre la que el presidente ha levantado toda su carrera– le había servido hasta ahora para sortear mejor o peor la publicación de los ‘papeles de Bárcenas’ con la supuesta contabilidad B del PP y el inexplicable pago al extesorero de un jugoso sueldo del partido hasta diciembre del año pasado. Esta estrategia de apaciguamiento del problema se ha visto favorecida por la acotación de las investigaciones judiciales a los desmanes personales de Bárcenas y por el hecho de que, por ahora, las pesquisas sobre las cuentas del PP se limiten a un hipotético ilícito fiscal entre 2007 y 2008, dado que las supuestas donaciones irregulares desde 1990 habrían prescrito ya. Pero la publicación de los sms entre Rajoy y el antiguo guardián de las cuentas, la víspera de que éste vuelva a declarar ante el juez Ruz por su cambio de testimonio, coloca el caso en un estadio distinto y más preocupante. No solo porque esta vez la voz del presidente se hace audible tras los mensajes cruzados amistosamente con Bárcenas hasta hace bien poco, y cuya veracidad no puso ayer en cuestión La Moncloa. También, y sobre todo, porque la desfachatez del extesorero salpica directamente al partido que sostiene el Gobierno y pone a prueba la limpieza del entramado democrático.
Bárcenas ha optado por tirar de la manta frente al manto de silencio extendido por Rajoy. La efectividad de ese mutismo quedó ya en entredicho el jueves después de que Alfonso Alonso protagonizara la intervención más volcánica que se le recuerda para tratar de justificar por qué el presidente no comparece ante el Congreso. En apenas 72 horas, la necesidad de ofrecer explicaciones a los diputados y al conjunto de la ciudadanía se ha incrementado exponencialmente. Con independencia de en qué acabe la instrucción judicial, de que se acrediten o no delitos penales y del alcance que terminen adquiriendo las revelaciones interesadas de Bárcenas, hay algo que resulta ya insufrible: que la ciudadanía de bien tenga que abochornarse cada día con la extorsión indisimulada de alguien que no solo es un presunto delincuente, sino que lleva años pareciéndolo. Porque esa estética de la impunidad, esa chulería de quien se cree a salvo de todo y de todos, no se construye en un día. Puede que Bárcenas sea un delincuente solitario, pero trabó sus negocios en las entrañas del PP sin que nadie, aparentemente, se apercibiera de que ese desparpajo despreocupado vestía en realidad actividades oscuras y delictivas. Y puede también que la Justicia determine que no ha existido o no ha podido probarse la existencia de una financiación irregular de la formación conservadora. Pero quien fue el tesorero del PP durante dos décadas tiene la llave de un secreto temible: la relación de cada uno de los dirigente del partido, aunque sea perfectamente lícita, con algo tan sensible como el dinero; esa relación que todos preferimos que permanezca en la esfera de nuestra privacidad. Por eso –de perdidos al río– Bárcenas se considera capaz de lanzar el desafío total que está protagonizando.

El Gobierno emitió ayer la señal de que no solo nada ha cambiado, sino que el intercambio de mensajes acreditan que ni Rajoy ni el partido han cedido al chantaje del hoy inquilino de Soto del Real. Carlos Floriano se permitió asegurar, incluso, que al PP «le preocupa cero» Bárcenas, como si eso pudiera resultar creíble a estas alturas. La abrumadora mayoría absoluta de los populares hace inviables las iniciativas de la oposición, incluida la eventual presentación de una moción de censura. Pero eso ya no parece un cortafuegos suficiente ante el hedor irrespirable que ha logrado extender Bárcenas en torno a Rajoy, el PP, la política española y la probidad del sistema institucional.

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Simetría imposible
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Lourdes Pérez | 24-06-2013 | 12:18| 2

Este miércoles la ponencia de paz del Parlamento celebrará una reunión que puede resultar determinante no solo para el futuro del foro, sino también para la operatividad del Plan de Paz y Convivencia presentado hace apenas 13 días por el lehendakari y cuya aprobación definitiva está fijada para octubre una vez recibidas las eventuales aportaciones de los partidos. El hecho de que el proyecto del Ejecutivo Urkullu haga depositaria a la ponencia de los tres «microacuerdos» que tratan de reunir en una “mesa de pacificación” a PNV, EH Bildu, PSE y PP enlaza, inevitablemente, la efectividad de la iniciativa gubernamental con lo que acabe ocurriendo en torno al grupo de trabajo parlamentario, y viceversa. A estas horas, y a la espera de lo que suceda pasado mañana, hay dos hechos constatados: los reparos de la izquierda abertzale a aceptar como columna vertebral de la ponencia el «suelo ético» consensuado por los jeltzales y las dos fuerzas no nacionalistas la pasada legislatura; y el cuestionamiento de socialistas, populares y EH Bildu, por razones diametralmente opuestas, del plan del lehendakari. Su inspirador, Jonan Fernández, ha respondido a las objeciones de los partidos instándoles a aclarar si quieren o no un “acuerdo a cuatro” para la paz. La pregunta tiene ida y vuelta. Porque está en juego la viabilidad del propio proyecto, cuando tres de esas cuatro patas de la mesa ya han dicho que no pueden compartir un espacio común sobre las bases y el lenguaje propuestos.
En sus 73 folios, el plan busca una alquimia que no solo permita construir una nueva convivencia tras medio siglo de terrorismo de ETA, de otras expresiones de violencia organizada y de fenómenos como la tortura, sino que supere el descuelgue que protagonizaron la banda etarra y la izquierda abertzale en la Transición. La dificultad poco menos que insuperable con la que se topa hoy el Gobierno es que los «microacuerdos» propugnados, por mínimos que parezcan, aspiran a una paz construida simétricamente: es decir, cada gran tradición del país viene con su propia mochila del pasado, pero se sitúa a las cuatro ante el mismo punto de salida para afianzar el final de nuestra tragedia colectiva. Por decirlo de otro modo, aunque el plan sortea las sombras de la equidistancia, en su formulación y metodología equipara a PNV, EH Bildu, PSE y PP en la búsqueda de ese inédito consenso que, o es entre las cuatro grandes formaciones o no será, según el planteamiento de partida del Ejecutivo Urkullu.
Sobre el papel, el objetivo es difícilmente objetable: llegar a convivir de manera más o menos armónica todos con todos, sin la mutilación que ha ejercido en nuestras relaciones la persistencia de la violencia. Pero eso es sobre el laboratorio en blanco del papel. Porque el principio de realidad muestra que la simetría es hoy por hoy imposible. Ni Sortu está dispuesta a efectuar una autocrítica que implique desnudar la verdad de que no hay conflicto político, y menos en una sociedad tan desarrollada y autogobernada como Euskadi, que justifique haber matado, secuestrado o extorsionado. Ni el PSE ni el PP van admitir que se les iguale a la izquierda abertzale como interlocutores en la búsqueda de una conciliación que haga como que no ha visto la complicidad histórica mantenida por el mundo de Batasuna con ETA. Y ninguno de los tres grupos de la oposición parecen estar tampoco por la labor de aceptar el “justo medio” en que creen -otra vez con argumentos discordantes- que se está situando el PNV para aparecer como “oficiante” último de la consolidación del final de la violencia.
Es verdad que los hechos son los hechos. La sucesión de muertes que desgrana con asepsia de quirófano el informe sobre vulneración de derechos humanos firmado por Juan María Uriarte, Manuela Carmena, Jon Landa y Ramón Múgica, al hilo del plan de paz, describe la realidad estremecedora de las violencias que han dejado su poso en Euskadi. Pero pocas cosas hay más interpretables, e incluso manipulables, que las estadísticas. Es un riesgo del que no se salva el propio informe, aunque pretenda evitarlo limitándose a consignar los datos sin nombre y sin contexto. En sus sugerencias finales, los autores subrayan la dificultad de recoger, de cuantificar, aquellos sufrimientos que no pueden considerarse propiamente como vulneraciones de derechos humanos. Pero incurren en la equiparación que se dice querer soslayar al mencionar, línea con línea, el padecimiento de los familiares de los amenazados, extorsionados o difamados por ETA y el padecimiento de los allegados de los presos. Sufrir por el otro es un sentimiento tan humano y comprensible que solo los desalmados están libres de él. Pero el cariz de los sufrimientos citados no es comparable: uno proviene del ejercicio abyecto de la violencia en sus distintas expresiones, el otro nace del castigo penal por esa violencia, en ocasiones traducida en asesinatos múltiples.
La reclamación de una paz sin vencedores ni vencidos obvia que las víctimas ya fueron vencidas: el terror les arrebató a aquellos a quienes querían, a aquellos que significaban su vida entera. Los que lo perdieron todo o casi todo asisten a una paz que ha llegado porque la izquierda abertzale no podía sobrevivir por más tiempo con ETA atentando, no por la asunción ética de que matar estuvo mal. La ciudadanía vasca ha convivido con violencia, ahora empieza a hacerlo sin ella. Pero queda trecho entre esta vivencia cotidiana y la escenificación de una paz a cuatro y simétrica en la que puedan acabar diluyéndose las responsabilidades contraídas.

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Cumbre a las cinco y media
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Lourdes Pérez | 21-05-2013 | 11:17| 0

El ejercicio de la democracia partidaria ha ido generando vicios con el paso de los años. Uno de ellos es la de la convocatoria recurrente de rondas y cumbres políticas, la cual ha dado lugar a su vez a una liturgia tan arraigada -y de la que participamos los medios de comunicación- que parece de mal gusto cuestionarse cosas pedestres cómo su finalidad última, su auténtica utilidad  y la hora a la que se celebran. Es un hecho constatable que rara vez las grandes citas con todos los que representan algo en la suerte de un país se organizan para anticiparse a los problemas, o para explorar acuerdos que sienten un terreno común ante cuitas o dilemas que puedan afectar al conjunto de la ciudadanía. No nos engañemos, las cumbres y los grandes pactos ‘nacionales’ suelen reclamarse por gobiernos y oposiciones cuando la cosa ya no tiene remedio, o cuando las dificultades -propias y ajenas- se enquistan en un callejón sin aparente salida. Ahí está la insistencia del PSOE en reclamar, en vano, un acuerdo para reactivar la economía a un Mariano Rajoy al que por mal que le vaya en las encuestas, continúa mejor situado que el socialismo de Rubalcaba. Ahí está también la fotografía que protagonizó el pasado jueves en La Moncloa el presidente del Gobierno con los líderes sindicales y la patronal, una imagen que, arrastrada por otras realidades, comenzó a difuminarse en el mismo momento de haberla inmortalizado. Y aquí está también, hoy a las cinco y media de la tarde en Vitoria, la primera cumbre a la que el lehendakari Urkullu ha llamado a todos grupos con representación parlamentaria, en un intento de compartir la soledad en que deja a su Gabinete la gestión de una crisis endiablada y el fiasco de la prórroga presupuestaria.

Es elocuente cómo hemos renunciado a fiscalizar rondas, cumbres y citas varias. Para empezar, la hora a la que se convocan. En un gesto muy extendido entre quienes tienen responsabilidades  institucionales y políticas y que no distingue colores partidarios, el lehendakari ha fijado los dos cónclaves más importantes sobre el papel de su agenda en sesión vespertina: intercambió impresiones con los diputados generales y la presidenta de Eudel a las cuatro de la tarde, y hoy hará lo propio con Mintegi, López, Quiroga y Maneiro con más retraso, a las 17.30. Por definición, y con independencia de cuáles sean los escollos para cuadrar todos los calendarios, eso acota el margen para poder extender cualquier debate fructífero y dificulta por añadidura el trabajo periodístico, que no se basa solo en contar lo que ocurre, sino en discernir qué es lo que ha sucedido realmente tras las consabidas comparecencias de los asistentes. En momentos extremos como el actual, comienza a ser hábito dar por bueno que gobierno y oposición se sienten en torno a una mesa, como si el mero establecimiento de un diálogo bastara y sobrara; e impidiera preguntarse por los contenidos y resultados reales de ese diálogo. Desde que los vascos acudieron a las urnas el pasado octubre, el lehendakari y su Gobierno han mantenido cinco rondas de partidos y, con la de hoy, dos cumbres al máximo nivel institucional y político. No corren los mejores tiempos para la paciencia ciudadana, poco dispuesta a mostrarse sensible con los intereses partidarios de todo signo que llevan meses entrecruzándose en Euskadi sin llegar a construir ninguna fotografía de país.

 

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Cinco lecturas de un pleno baldío
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Lourdes Pérez | 02-05-2013 | 15:37| 2

1.- Sin novedades programáticas. Pese a que se esperaba que el lehendakari concretara la oferta de pacto que dirigió el lunes al PSE y al PP, ni los nueve folios de su discurso ni las intervenciones posteriores han clarificado las aspiraciones del Gobierno más allá de lo ya desgranado en su listado de actuaciones para la legislatura y en el programa electoral del PNV, sin jerarquías nítidas. Apenas ha entrado en detalles salvo cuantificar en 200 millones el plan para tratar de reactivar la economía, gracias a la prevista ampliación del límite de déficit público. De tal forma que la única sorpresa como tal de la sesión ha sido la convocatoria de una doble cumbre -institucional (diputaciones y Eudel) y con todos los partidos- en Ajuria Enea en una fecha por determinar, una vez que Iñigo Urkullu ha constatado a lo largo del debate su falta de apoyos.

2.- Fotografía con todos. La búsqueda de una imagen inédita en la sede presidencial con las cuatro fuerzas de la oposición persigue tanto sortear el bloqueo en que se ha instalado la política vasca tras la forzosa prórroga de los Presupuestos, como reafirmar el liderazgo del lehendakari en un momento en el que siente ya “el desgaste” de su minoría parlamentaria; así se lo ha admitido en la tribuna a la portavoz del PP, Arantza Quiroga. Sobre el papel, el hecho de que Urkullu haya optado por citar ahora al conjunto del arco parlamentario diluye la propuesta de acuerdo a tres con socialistas y populares y ‘reintegra’ a EH Bildu y a UpyD, aunque sea formalmente, en la exploración de consensos.

3.- Con el PP solo, no. El desarrollo del pleno ha confirmado la evidencia: el Gobierno se resiste a un acuerdo en exclusiva con los populares de Antonio Basagoiti, por más que Urkullu haya abierto una línea de diálogo con el presidente Rajoy y que PNV y PP se presten apoyo mutuo en Bizkaia y Alava. La formación conservadora, demasiado condicionada por los recortes, los seis millones de parados y la corrupción que lastran al Gobierno español, ha llegado a ofrecer hoy al lehendakari una estabilidad “sin contrapartidas” pese a discrepar radicalmente de sus pretensiones soberanistas. Es verdad que la suma con los populares -37 escaños- no confiere al PNV la mayoría absoluta, pero la entente obligaría a coincidencias constantes entre el PSE y EH Bildu para poder contrarrestarla y dejaría la llave del Parlamento en manos del solitario asiento de Gorka Maneiro. Con todo, las razones de los jeltzales para no pactar solo con el PP son más cualitativas que cuantitativas.

4.- A peor con los socialistas. Pese a que unos y otros sostienen que, privadamente, sus relaciones están mejor que en el tramo final del Ejecutivo de Patxi López, la traducción de ese ambiente más distendido es nula por ahora de puertas hacia fuera. Antes al contrario: en términos políticos, y después del disenso presupuestario, el PNV y el PSE nunca han aparecido tan distantes como ahora, excepción hecha de la época de mayor crispación bajo el mandato de Juan José Ibarretxe. La participación del exlehendakari en la manifestación del Primero de Mayo de UGT y CC OO escenifica la convicción de los socialistas vascos de que su reenganche electoral con la sociedad -y también el del PSOE- pasa por acentuar el perfil de izquierdas y la oposición a los ajustes forzados por el rigorismo europeo.

5.- El fin del ‘Gobierno del cambio’. El pleno de hoy ha evidenciado la brecha que la gestión de la crisis económica ha abierto entre los dos partidos que sostuvieron entre 2009 y 2012 al primer lehendakari no nacionalista, hasta llevarlos a posiciones que parecen difícilmente conciliables. López ha ratificado de viva voz que el PSE no entrará “nunca” en pactos con el PP mientras sus antiguos socios perseveren en la estrategia de austeridad. Una política que motivó los recursos planteados por el Gabinete socialista ante el Constitucional contra los decretos de Rajoy y que desembocó, a su vez, en la ruptura del acuerdo con López por parte de Basagoiti hace ahora un año.

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Que acabe cuanto antes
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Lourdes Pérez | 17-04-2013 | 11:38| 0

La negociación en torno a los Presupuestos vascos para 2013 está resultando tan anodina que lo que cabe esperar, a estas alturas y cuando falta poco más de una semana para el debate de las enmiendas de totalidad, es que lo que tenga que ocurrir ocurra cuanto antes si es que el Gobierno y los partidos han interiorizado ya que no hay acuerdo posible que evite la prórroga de las Cuentas del año pasado; prórroga en la que, por otra parte, está técnicamente Euskadi desde que se inició el año y ya va para cuatro meses. Es dudoso, de hecho, que lo que ha ocurrido en las últimas semanas y una vez conocidas las fuertes restricciones en los ingresos con que contará el Ejecutivo de Urkullu -1.300 millones menos- pueda responder propiamente a una negociación. En realidad, las rondas de contactos han sido más bien una sucesión de diálogos de sordos entre el Gobierno y las dos principales fuerzas de la oposición -EH Bildu y PSE-, las dos que tienen en su mano con el voto afirmativo o la abstención salvar los primeros Presupuestos del lehendakari. La parsimonia con la que ha gestionado el Ejecutivo la urgencia del momento, con intervención de Urkullu y ‘documento de mínimos’ in extremis, ha corrido paralela a la convicción de la izquierda abertzale y de los socialistas de que, en estos momentos, les cunde más apretar las tuercas a Ajuria Enea por unas Cuentas que no son las suyas que contribuir a una estabilidad que el lehendakari reclama pero sin inclinarse abiertamente -comprometidamente- por un socio de legislatura. Los guiños al PSE no han llegado aún a tanto, y los socialistas, por su parte, parecen más decididos hoy por hoy a hacer valer su paso por Ajuria Enea y reafirmarse como eje de la oposición que a facilitar la tarea a Urkullu. La propuesta de ‘pacto a tres’ con los socialistas que propone el PP de Antonio Basagoiti es reveladora de la desconfianza y los lastres que anidan en la política vasca: los populares quieren ser necesarios para el PNV, pero saben de las dificultades de los jeltzales para aceptar un pacto con ellos que, para empezar, no les otorga la mayoría absoluta imprescindible en la Cámara de Vitoria y que  indefectiblemente escoraría hacia el conservadurismo, a ojos de los demás, un Presupuesto que el Gabinete Urkullu se ha esforzado en presentar ante todo como social. Junto a ello, resultaría un contrasentido difícil de explicar a su militancia que el PSE entrara a avalar, aunque fuera con la abstención, unas Cuentas sustentadas por dos partidos a los que exlehendakari López identificó con ‘las derechas vascas’ en su rechazo a los recortes promovidos por el Gobierno de Mariano  Rajoy. Como parece también contradictorio que Urkullu insista en plantear un marco de estabilidad que vaya más allá de este trámite presupuestario concreto cuando aprobar las Cuentas debería ser el clavo en la pared que permita empezar a colgar de él esa estabilidad con acuerdos nítidos y tasados.

La política vasca ha ofrecido reiterados ejemplos en el pasado de que nada puede darse por seguro hasta el último minuto. Pero dados algunos precedentes bochornosos en la ratificación de proyectos presupuestarios anteriores, con votos parcelados que mutilaron las Cuentas o gracias a ausencias tan sonadas como la de Jaime Mayor Oreja, y si realmente están tan diluidas las posibilidades de acercar posturas, sería deseable que Gobierno y oposición zanjaran este asunto lo antes posible. Entre otras cosas, porque los ciudadanos llevan ya meses manejándose con sus propios presupuestos ajustados y prorrogados.

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La soledad del juez Castro
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Lourdes Pérez | 04-04-2013 | 14:45| 13

Reza un viejo adagio que nadie es más poderoso que un juez de instrucción. La sentencia resulta exagerada, claro, porque el Estado de Derecho  tiene sus propios contrapesos para garantizar que, realmente, se hace justicia. Pero es obvio que hasta que se sustancie el anunciado recurso de la Fiscalía Anticorrupción, nadie habrá podido ejercer el poder de una manera tan notoria como el magistrado José Castro al imputar a la infanta Cristina, lo que es lo mismo que formalizar por primera vez en la Historia una acusación penal contra un miembro de la Casa Real española. En democracia, la Justicia es igual para todos, del mismo modo que todos somos iguales ante la Justicia. Sin embargo, cabe imaginar que para Castro, sentado en la soledad de su despacho delante del sumario que va tejiendo y destejiendo, no habrá habido una decisión comparable a la de tener que resolver si dejaba correr las sospechas sobre la infanta o les concedía la suficiente apariencia de verosimilitud como para transformarlas nada menos que en un auto de imputación. Corre en las últimas horas la tesis de que el juez, arrastrado supuestamente por ese afán de protagonismo que se atribuye a los instructores de causas muy relevantes, habría cedido a la presión de la calle; a la presión de los indignados que ya no soportan la descripción cotidiana y cotinuada de podredumbres en todos los ámbitos de la vida pública. Pero si se plantea esa hipótesis tan poco compasiva hacia Castro, también habría que plantear la contraria: que, en realidad, el juez se lo ha pensado muy mucho antes de llevar ante los tribunales a quien forma parte por nacimiento de una institución como la Monarquía y sigue estando en la línea sucesoria al trono. Especular con las motivaciones ocultas de los jueces es fácil, porque las insidias rara vez encuentran réplica y porque, en ocasiones, los propios integrantes de la Magistratura se encargan irresponsablemente de alimentarlas. Y, sin embargo, para entender por qué los jueces actúan como actúan hay que asumir la singularidad de su trabajo, un oficio que no se asemeja a ningún otro. Porque ponen en manos de la ley la suerte de otros seres humanos. Porque acusan sin poder disponer casi nunca del relato completo e incontrovertible de los hechos. Porque tratan de reconstruir la única verdad posible, la verdad del veredicto judicial. Porque en un momento decisivo de la instrucción, Castro se situó por encima del ‘qué dirán’ para citar a Cristina Federica de Borbón y Grecia a que dé explicaciones sobre su relación con el Instituto Nóos; sobre el uso presuntamente fraudulento que de su nombre, de su rango y de su parentesco pudo hacer su propio marido; y, en definitiva, sobre si ella misma se benefició de la supuesta corrupción levantada, también supuestamente, sobre el tráfico de influencias.

Los 18 folios del auto redactado por José Castro pueden resumirse en una pregunta: si es posible que la infanta desconociera las actividades de Iñaki Urdangarin y cómo revertían éstas en su patrimonio familiar. Ante la  impugnación de la Fiscalía, Castro se juega ahora la credibilidad de su inédita imputación. La carga conjunta de los indicios frente a la prevalencia de la presunción de inocencia. Pocas cosas hay seguramente más perniciosas para el correcto funcionamiento de la democracia que un juez justiciero, y de los tribunales españoles ha emergido algún que otro ejemplo de lo que significa que quien debe aplicar la ley la fuerce hasta el intolerable límite de pervertir su espíritu original. Pero pocas cosas pueden devolver la confianza a tantos ciudadanos cada vez más descreídos y decepcionados que la Justicia, y sus jueces, actúen como un efectivo y riguroso dique de contención frente a la gangrena colectiva que implican los eventuales delitos de corrupción. Provengan de donde provengan.

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