La campaña “Derecho a la alimentación. Urgente” denuncia que las “soluciones milagrosas” que la FAO y la comunidad internacional han propuesto ahora para acabar con el hambre ya estaban comprometidas desde la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996 sin que se haya hecho nada para cumplirlas y exige al presidente José Luis Rodríguez Zapatero que mantenga su compromiso con los hambrientos también en las próximas conversaciones de la Organización Mundial del Comercio.

Parches en lugar de verdaderas soluciones. 854 millones de hambrientos se quedarán esperando, una vez más, que los mandatarios de la comunidad internacional y los organismos multilaterales se comprometan, de manera real y efectiva, a acabar con el hambre en el mundo. Porque una vez más, una cumbre convocada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) para encontrar respuestas a la cuestión del hambre ha fracasado y ha puesto en evidencia que solucionar el hambre es una cuestión de voluntad política.

El principal motivo del fracaso de la Conferencia celebrada en Roma entre el 3 y el 5 de junio, más allá de que los compromisos de desembolso de fondos hayan resultado inferiores a lo demandado desde la agencia internacional, es el hecho de que se ha desviado lo que debería haber sido el verdadero foco del debate.

En primer lugar, la FAO debería haber entonado un mea culpa por haber permitido que la situación haya llegado al punto actual, ya que, al fin y al cabo, es la institución de Naciones Unidas creada en 1945 con el mandato específico de garantizar la seguridad alimentaria del mundo.

En segundo lugar, sobre la mesa estaba una crisis alimentaria debida tanto a la subida insoportable de los precios de los alimentos como al incumplimiento reiterado de los compromisos adoptados en el pasado, como el Plan de Acción de la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996 o la aplicación de las Directrices Voluntarias para la realización del Derecho a la Alimentación de 2004. Las “soluciones milagrosas” que se han planteado ya están recogidas en estos compromisos y, sin embargo, no se ha hablado de por qué no se han cumplido. Antes al contrario: las discusiones se han centrado en el aumento de las dotaciones económicas dirigidas a los países en vías de desarrollo o en solicitar nuevas “revoluciones verdes” para África y América Latina.

El presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, ha comprometido destinar 500 millones de euros en cuatro años y la FAO ha anunciado el inicio actividades de emergencia por valor de 17 millones de dólares. Siempre es positiva la mayor dotación económica a la lucha contra el hambre, pero el hambre es un problema estructural y, por tanto, requiere soluciones estructurales, no parches. A España, como al resto de estados europeos, hay que exigirle coherencia de políticas, una revisión de sus políticas comerciales en materia agraria y que los fondos económicos se destinen a políticas de seguridad alimentaria desde el enfoque de derecho a la alimentación. Nos consta el compromiso personal del presidente en este tema, pero debemos exigir resultados concretos. Asimismo, ese compromiso moral con las personas que padecen hambre deberá estar presente también en las próximas conversaciones de la Organización Mundial del Comercio.

Para la campaña “Derecho a la alimentación. Urgente” solucionar el problema del hambre requiere, en lo que concierne a FAO, el cumplimiento de los compromisos citados, el Plan de Acción de 1996 y las Directrices Voluntarias aprobadas en 2004. A nivel mundial, debe volverse a un modelo agrícola sostenible económica, política, social y medioambientalmente, en el que los pequeños productores vieran garantizada su soberanía alimentaria, su acceso tanto a los recursos para producir como a los alimentos que generan. Premisa que debería tenerse en cuenta en las próximas negociaciones sobre la Ronda de Doha.

El necesario incremento de la producción agraria que se ha solicitado, además, debe realizarse desde una agricultura que facilite el acceso y control de los recursos productivos a los pequeños productores a través de políticas públicas que tengan como finalidad la realización del derecho a la alimentación. La agricultura dirigida al mercado no garantiza el acceso de los más desfavorecidos a los alimentos.

En cuanto a los agrocombustibles, pese a que inciden en la complejidad de la crisis, no son la única causa ni la más determinante. El principal problema deriva de la clara competencia entre cultivos de alimentos o de productos de base para agrocombustibles por recursos como el agua o la tierra. La mayoría de los productos de base para los agrocombustibles, se desarrollan en forma de monocultivos latifundistas que en nada benefician al pequeño agricultor. A lo que se añade que tanto la Unión Europea como Estados Unidos subvencionan este tipo de cultivos, lo que no sucede en los países en desarrollo.  Desde la campaña insistimos en la pertinencia de una moratoria sobre la expansión de los agrocombustibles en tanto no se hayan analizado a fondo sus efectos negativos sociales, ambientales y para los derechos humanos y se establezcan las medidas reguladoras pertinentes para amortiguar esos efectos.

Para la campaña “Derecho a la alimentación. Urgente”, paliar, verdaderamente, la crisis alimentaria exige encararla desde el derecho a la alimentación, considerándola una vulneración de este derecho humano, resultado en buena medida del incumplimiento por parte de los Estados de las obligaciones que tienen para con él, cumplir con la palabra dada.

Del 3 al 5 de junio tendrá lugar en la sede la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) la Conferencia de Alto Nivel sobre Seguridad Alimentaria mundial: los desafíos del Cambio Climático y la Bioenergía, con el objetivo de estudiar cómo afecta el cambio climático a la agricultura y qué hacer para reducir el impacto de los agrocombustibles en la seguridad alimentaria. Si quieres que la FAO cumpla su objetivo y luche realmente por abordar las causas estructurales del hambre, participa en la ciberacción pinchando aquí.

Una conferencia que, si en un principio pretendía valorar los retos que deben afrontar los sectores de la agricultura y la alimentación en el actual contexto de cambio climático y bioenergía, así como identificar los pasos necesarios para proteger la seguridad alimentaria global, regional y nacional, ha tenido que ser replanteada por la actual crisis mediática en torno a los precios de los alimentos.

La Conferencia se presenta como una oportunidad para que los gobiernos decidan sobre las políticas, estrategias y programas con los que abordar la crisis de manera inmediata y garantizar la seguridad alimentaria y el logro de la meta 2 del ODM 1, teniendo en cuenta los nuevos desafíos que plantean el cambio climático y la biotecnología. Sin embargo, conviene recordar que buena parte de las medidas que se están proponiendo ya están incluidas en acuerdos y compromisos aprobados por la FAO y sus estados miembros como el Plan de Acción de la cumbre Mundial de la Alimentación de 1996 o las directrices voluntarias para el derecho a la alimentación aprobadas en 2004.

Para la campaña “Derecho a la alimentación. Urgente”, tanto la FAO como los gobiernos asistentes deberían plantearse, en primer lugar, cómo afecta el cambio climático a la agricultura y la alimentación en cuanto a la productividad de las cosechas, la disponibilidad de agua, las enfermedades transfronterizas o los desastres naturales, máxime cuando más del 98% de los 262 millones de personas afectadas por los desastres del clima entre los años 2000 y 2004 estaban en países en desarrollo y cuando el Panel de Expertos sobre Cambio Climático hace proyecciones indicando que las cosechas de algunos países africanos se reducirán, antes de 2020, hasta un 50%.

En segundo lugar, la organización debería estudiar qué hacer para reducir el impacto de los agrocombustibles en la seguridad alimentaria. La creciente demanda de semillas destinadas a convertirse en carburantes de origen vegetal refuerza las políticas agrarias centradas en la producción agrícola destinada a la exportación y no a garantizar la seguridad alimentaria de los pueblos. No está demostrado, por añadidura, que el uso de agrocarburantes reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero; más bien aumentan las voces que afirman lo contrario.

Además, los países de bajos ingresos y con déficit de alimentos, concretamente en África, han sido golpeados doblemente por esta crisis, ya que la factura de la importación de la comida ha aumentado más del doble desde 2000 y también se resienten del aumento récord de los precios del petróleo.

Varios países están respondiendo a la crisis con medidas especiales para hacer que los precios de los alimentos bajen en el mercado nacional, a través de la penalización a las exportaciones, la rebaja en los derechos de importación o las intervenciones para proporcionar ayuda a los consumidores pobres. Algunas de estas medidas distorsionan el flujo ordenado del mercado internacional, aumentando los precios mundiales y la volatilidad de los precios en los mercados internacionales.

En este contexto, la campaña “Derecho a la alimentación. Urgente” solicita al gobierno español y a la FAO que:

• Se planteen qué se va a producir, con qué destino y cómo.
• Aborden las causas estructurales del hambre con soluciones igualmente estructurales.
• Cumplan los compromisos que han adquirido, en especial el plan de acción de la Cumbre Mundial de la Alimentación y las directrices voluntarias para el derecho a la alimentación, en lugar de firmar nuevos acuerdos de dudoso cumplimiento.
• Apoyen y fortalezcan el trabajo de la Unidad del Derecho a la Alimentación de la FAO.
• Impulsen políticas coherentes que, incidan directa o indirectamente sobre el derecho a la alimentación, lo respeten, protejan y garanticen.
• Impulsen una moratoria en el desarrollo de los agrocombustibles hasta que la situación de desequilibrio agrario no se reconduzca.
• Impulsen sistemas de certificación en la producción de carburantes de origen vegetal que permitan garantizar que son sostenibles ambiental, económica y socialmente.
• Contemplen el aumento de la AOD destinada a la agricultura y desarrollo rural así como de las partidas destinadas a estos fines en los presupuestos nacionales de los países afectados.
• Se abra a la sociedad civil la participación en los foros en los que se debate el futuro de millones de ciudadanos.

Prosalus e Ingeniería sin Fronteras han presentado hoy el libro Derecho al agua. La publicación cuenta con tres apartados principales. En la primera parte se justifica y desarrolla el concepto del derecho humano al agua entroncándolo con el reconocimiento progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales y con el desarrollo sostenible, la lucha contra la pobreza y los compromisos que ha adquirido la comunidad internacional que afectan al abastecimiento y saneamiento y concretamente los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

La segunda parte está integrada por un estudio sobre el derecho humano al agua potable en Jinotega, Nicaragua, para lo cual se analiza la situación de los recursos hídricos en el país, tanto desde el punto de vista físico e hidrológico como administrativo, y se caracteriza el sector del abastecimiento en relación con las condiciones exigibles para considerar que el acceso a este servicio se cumple efectivamente.

Por último, la tercera parte incorpora tres de las aportaciones que se realizaron en la Jornada sobre el Derecho Humano al Agua que tuvo lugar el 28 de marzo de 2007. En concreto se recogen las ponencias de Marcel Achkar, Carolina Fairstein y Monika Lueke.

Según el Banco Mundial, los precios de los alimentos básicos se han incrementado en un 83% de media, lo que está provocando el aumento del número de hambrientos de todo el planeta. Pero esta crisis no se debe ni a la falta de alimentos ni exclusivamente a los agrocombustibles: es el resultado de las políticas agrícolas de las últimas décadas.

La semana pasada tuvo lugar en Berna (Suiza) una reunión de los directores de las agencias especializadas de Naciones Unidas, Fondos y Programas e Instituciones de Bretton Woods, para diseñar un plan de choque y acordar las medidas a poner en marcha en respuesta a la actual crisis de los precios de los alimentos. Y es que la situación no es para menos, aunque esta crisis alimentaria no es ni fortuita ni ocasional: desde hace años, diversas instituciones y colectivos como la campaña “Derecho a la alimentación. Urgente” y la ONG Ayuda en Acción venimos alertando sobre lo que ahora está en el centro de la actualidad: que el incremento de los precios de los productos básicos se debe, fundamentalmente, a políticas agrícolas focalizadas en el comercio en lugar de en la subsistencia humana.

Aunque habrá casos en los que irremediablemente se deba adoptar un enfoque humanitario, la crisis exige la puesta en marcha de políticas agrícolas pensadas desde la realización del derecho a la alimentación, de manera que no solo garanticen el acceso al alimento sino el acceso a los medios necesarios para obtenerlo o producirlo. Tal y como se ha acordado en Berna, deben establecerse medidas a corto, medio y largo plazo que aborden las causas estructurales que han conducido a la situación actual, máxime cuando se prevé que el zénit de los precios se alcance en 2009-2010. La situación actual debe servir como freno a las políticas agrícolas y comerciales que han conducido a esta situación.

El incremento de los precios de los alimentos es resultado de la suma de diversos factores que se vienen generando desde hace décadas: la competencia por el uso de los recursos productivos, especialmente la tierra y el agua, con otros destinos como la producción de agrocombustibles; políticas agrarias diseñadas en función de la demanda del mercado internacional y no para garantizar la seguridad alimentaria de la población; la falta de inversión en agricultura; los efectos del crecimiento de países como China e India, con el consiguiente aumento del consumo de alimentos y de la demanda de productos cárnicos, etcétera...

Todas estas causas, sin embargo, podrían resumirse en una sola: la especulación financiera que sufren los alimentos debido a un modelo agrícola más enfocado al comercio que a la subsistencia humana.

La crisis de los precios debe encararse desde el derecho a la alimentación, considerando esta crisis una vulneración de este derecho humano, resultado en buena medida del incumplimiento por parte de los Estados de las obligaciones que tienen para con él.

La campaña “Derecho a la alimentación. Urgente” considera que:

• El derecho a la alimentación es un derecho humano fundamental base de la dignidad del ser humano, y los Estados deben respetarlo, protegerlo y garantizarlo con todos sus recursos.
• La gravedad de la situación actual requiere una respuesta rápida de la comunidad internacional, que palie los efectos que ya están sufriendo las poblaciones más vulnerables de los países más afectados. Según la FAO, 37 países están enfrentando una crisis y requieren asistencia externa, 21 en África, 10 en Asia, 5 en América Latina y 1 en Europa.
• Toda iniciativa para reducir el impacto del alza de los precios de los alimentos debe diseñarse abordando las causas estructurales, invirtiendo en agricultura y desarrollo rural en el marco de una política de soberanía alimentaria.
• Las políticas o acuerdos suscritos por la comunidad internacional, tanto sobre agricultura como sobre otras materias con un impacto directo en ella, como el comercio, deben respetar el disfrute del derecho a la alimentación y nunca obstaculizarlo.
• Las políticas agropecuarias no deberían fundamentarse exclusivamente en parámetros de productividad sino considerar otros aspectos relacionados con la multifuncionalidad de la agricultura y teniendo como prioridad la alimentación de las personas.

Fecha: 19 de mayo

Hora: 18’00

Lugar: Sociedad Fotográfica de Gipuzkoa · C/ San Juan, 27 · Donostia

Ponente: Mª Teresa de Febrer, responsable de estudios y documentación de Prosalus.

Esta actividad pretende dar a conocer el trabajo de cooperación al desarrollo de Prosalus cuyo objetivo es la lucha contra la pobreza, dando prioridad a las necesidades sociales básicas desde la defensa de los derechos humanos.

Para más información puedes contactar con la Delegación de Prosalus en Euskadi: