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Categoría: Derechos de autor
El plagio literario

Se suele decir que todo está escrito en los clásicos griegos y que, a partir de ellos, ha sido imposible crear algo nuevo y original. Ya Eugenio D´Ors aseguró que todo lo que no es tradición es plagio, y Baroja fue más allá al concluir que todo lo que no es autobiografía es plagio. Eso explicaría el que pocos escritores se hayan librado de ser acusados alguna vez de plagio literario, tal y como apunta Manuel Francisco Reina en su libro “El plagio como una de las bellas artes”. Y es que la frontera entre plagio e imitación —o reproducción o falsificación— no está bien delimitada y se presta a confusión.

El inicio del Quijote “En un lugar de la Mancha…” es un octosílabo copiado del romance popular “El amante apaleado”. La fórmula “de cuyo nombre no quiero acordarme…” está en un cuento del infante Juan Manuel sobre el conde Lucanor, que empieza así: “Señor conde —dixo Patronio—, en una tierra de que me non acuerdo el nombre, avía un rey…”. El sobrenombre de “Caballero de la triste figura” que Cervantes atribuye al Quijote es el título del libro III de Clarián de Landanís, escrito por Jerónimo López en 1588.

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Derecho de autor frente a dominio público

Derecho de autor y dominio público son dos derechos contrapuestos que a menudo colisionan. Este conflicto de intereses se complica todavía más cuando aparecen los intermediarios entre el escritor y el lector, que acaparan la producción y la comercialización del objeto creado, lo que les arrastra a destinar enormes cantidades de recursos en promoción y publicidad, para recuperar con rapidez la inversión y retribuir a sus propietarios. La lógica del beneficio pervierte el objetivo del saber y se convierte en el verdadero meollo de la cuestión. Antes, las cosas no iban por ahí.

Dominio público

En la Edad Media, la mayoría de las creaciones literarias eran anónimas, no sólo por la falta de documentos acreditativos, sino por el papel que se atribuía a los autores, sometidos a la voluntad de las clases privilegiadas que, como financiadores de la obra, preferían silenciar la autoría, por ser información irrelevante. Lo mismo ocurría con la música, por la fidelidad del trovador a su señor feudal y la mala imagen que tenían los juglares.

El Renacimiento alumbró una clase media que se enriqueció con la industria y el comercio, surgiendo así un consumo de bienes culturales que antes no existía. El mercado del libro adquirió volumen y la figura del autor tomó relieve. Las imprentas empezaron a protegerse de la competencia y la Iglesia ─con la venia de la monarquía de turno─ hizo todo lo posible para controlar la circulación de textos, propiciando la concentración de la producción editorial en torno al poder dominante.

Ese monopolio provocó la aparición de impresores aforados que se atrevieron a burlar la censura estatal y sufrir la hostilidad de los gremios privilegiados. Ubicaron su actividad en la periferia ─Escocia e Irlanda para el mercado inglés; Holanda y Suiza para el francés─ y, amparados por la lejanía, empezaron a publicar textos censurados y ediciones baratas de los bestsellers del momento.

Al principio, el Estado fue capaz de controlar esa competencia desleal, pero con el tiempo, las prácticas piratas terminaron por imponerse hasta que no tuvo más remedio que ceder y cambiar la legislación. El estatuto de la Reina Ana en Inglaterra (1710) fue el primer intento de legislar sobre derechos de autor, si bien su intención era proteger al editor más que al autor. A partir de ahí, los países de Occidente siguieron su ejemplo y adoptaron medidas más o menos estrictas para proteger la creación literaria.

Todos contentos… hasta que irrumpió la tecnología digital. Primero fue la música la que sufrió la dentellada de la piratería con la reproducción de copias ilegales fuera de todo control, luego le llegó el turno al sector audiovisual: películas y series televisivas se bajan de Internet sin obstáculo. Y finalmente es el libro el que ha entrado en ese tráfico clandestino, aunque no a los niveles que nos quieren hacer creer los medios de comunicación.

Pero las nuevas tecnologías no trajeron sólo la piratería, también impulsaron nuevas recetas de gestión empresarial que primero se aplicaron en la industria manufacturera, luego se extendieron a los servicios, y más tarde alcanzaron al mundo del libro. Así surgieron nuevos editores de ámbito multinacional, que ensayaron con éxito nuevas formas de producción para adecuar las tiradas a la demanda y reducir la cadena de distribución hasta el punto de llegar sin eslabones hasta el cliente final. Eso les ha permitido reducir los precios, ajustar las existencias y ofrecer un catálogo que difícilmente se encuentra en una librería.

Éste es el verdadero enemigo de la industria tradicional, no la piratería (que, al final, se limita al libro digital cuyas ventas en España son todavía reducidas), una competencia a la que inútilmente se le ponen trabas, con la débil excusa de proteger la producción nacional para salvar unos puestos de trabajo que tarde o temprano terminarán por desparecer, en lugar de encarar el problema y propiciar la modernización de aquellas empresas que tengan alguna viabilidad. Pero no, es más fácil echar la culpa al mercado, al extranjero, o a la madre que lo parió.

Mientras tanto, el Gobierno Español titubea y no sabe cómo guardar la cara. Ahora que el Consejo de Ministros ha presentado al Congreso el anteproyecto de reforma de la ley de Propiedad Intelectual, las críticas a su contenido han arreciado de todos los agentes implicados. Las entidades de gestión se quejan de que sus opiniones no han sido escuchadas y que el Gobierno sólo aspira a poner un parche para frenar la amenaza estadounidense de incluir a España en la llamada Lista 301, una relación de países acusados de permitir la piratería digital, aunque su lectura apunta a que el objetivo sigue siendo proteger la industria nacional.

Los partidarios del sistema garantista sostienen que, para estimular la producción literaria, es preciso premiar el esfuerzo creativo. Con ese argumento tan simple, han convencido al poder político para legislar en su beneficio, protegidos como están por contratos leoninos en los que el autor les ha cedido para un largo periodo de tiempo ─si no para siempre─ la exclusividad en la explotación de su obra.

Ha sido la industria la que se ha apoderado de los derechos de autor, a cambia de alguna migaja. Ella es la que hace el verdadero negocio, al amparo de una normativa que propicia el monopolio. Y al mismo tiempo, ha ido cercenando ese espacio casi olvidado en el que los ciudadanos comparten el conocimiento de manera solidaria, sin pagar royalties y que se llama dominio público. Pero esto no es nuevo… siempre ha sido así. Ya a principios del siglo pasado, Baroja se lamentaba en sus memorias de lo poco que ganaban los escritores y de lo bien que les iba a los artistas, sobre todo a los pintores.

Es verdad que, en los últimos tiempos, algunas estrellas que iluminan el firmamento literario se han convertido en figuras rutilantes de la vida pública, pero son excepciones. Aunque sea legítimo aspirar a la riqueza,  no concibo el imaginario de un poeta viciado con propósitos utilitaristas. El escritor comprometido con la mejora de la condición humana ha de estar vacunado contra la codicia y ordenar su vida en torno a unos ingresos que le proporcionen un clima sosegado para ejercer su profesión, mas no dejarse llevar por el dinero y la gloria. La literatura ha de seguir siendo el adalid de la libertad y luchar contra el avance de un capitalismo contumaz que pretende instalarse en el poder y dominar la sociedad. Malo sería que llegara a contagiarse de esa dictadura del beneficio que pulula alrededor y perdiera su sagrada misión de defender la dignidad humana.

La legislación que se aplica hoy en Occidente es una aliada del sistema, ya que se asienta en el principio de preservar los intereses de la industria. Con el falso argumento de defender los derechos de autor y combatir la piratería, los grandes sellos editoriales están adquiriendo a un coste muy bajo la propiedad de la cultura, en menoscabo de los contenidos que corresponden al dominio público. Sería bueno que, al menos, el mundo intelectual se percatara de este hecho y dejara de tutelar la reforma de la ley que en este momento se discute en el Congreso.

No hay que olvidar que el derecho de autor es de carácter temporal y no de propiedad indefinida, ya que su objeto es asegurar el sustento del escritor y, una vez cumplida su función, prescribe, para convertirse en patrimonio cultural de la Humanidad. En la mayoría de los países, la protección se alarga hasta setenta años después de la muerte del creador, plazo que muchos consideran excesivo, habida cuenta de que su talento no es un bien infuso. El artista ha recibido un legado intelectual de sus antepasados que le ha servido para producir su obra. Las creaciones del ser humano no salen de la nada, incorporan, en mayor o menor medida, piezas preexistentes. En ese sentido, el dominio público impone unos límites a los derechos de autor. Éste no es propietario exclusivo de su obra, sólo una parte; la otra pertenece a la sociedad. Pero ¿en qué proporción? La polémica está servida. La respuesta, en torno al baricentro del triángulo formado por los tres vértices:

  • El autor, que precisa el derecho a explotar en exclusiva su obra durante un tiempo limitado, el necesario para vivir con holgura y seguir creando.
  • El usuario, al que se le reconoce un derecho de acceso al conocimiento a un precio razonable, si no gratuito, para reforzar el patrimonio colectivo y fomentar así el arribo de nuevos creadores.
  • El intermediario, para operar en un terreno en el que se reconozca su labor como inversor que asume riesgos, invierte dinero y percibe un rendimiento.

He aquí lo que dijo Víctor Hugo en su discurso de apertura del Congreso Literario Internacional de 1878: “El libro, como libro, pertenece al autor, pero como pensamiento, pertenece al género humano. Todas las inteligencias tienen su derecho. Si uno de los dos derechos, el derecho del escritor y el derecho del espíritu humano, tendría que ser sacrificado, ciertamente, el derecho del escritor sería el sacrificado, ya que el interés público es nuestra preocupación única, y todos, yo declaro, tienen la prioridad antes que nosotros”.

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Las patentes de invención

La propiedad intelectual (PI) es el conjunto de derechos que corresponden a los autores por las obras que han creado. El concepto reúne diferentes regímenes jurídicos no equiparables entre sí: las denominaciones de origen, las marcas, los derechos de autor y las patentes de invención. Este artículo versará sobre el último apartado, por el efecto perverso que su aplicación ocasiona a la sociedad, si la propiedad intelectual se equipara ─y todo parece indicarlo así─ a la propiedad de bienes tangibles y se apodera del espacio que corresponde al dominio público.

El dominio público (DP), también llamado “procomún”, es un estado jurídico que permite el libre acceso a las creaciones intelectuales, tanto obras sujetas a derechos de autor como invenciones para su aplicación en la industria.

El conflicto entre DP y PI viene de lejos. En un tiempo pasado, ese lugar común forjado por la acumulación de conocimiento colectivo era abierto, tan sólo limitado por restricciones de tipo simbólico. En la Edad Media, los señores concedían privilegios a los pioneros sobre los ingenios que producían, a condición de que lo hicieran público y su conocimiento sirviera para que otros aprendieran. Con el Renacimiento, la regulación se tornó mercantil y tanto la producción de bienes culturales como los inventos pasaron a pertenecer a los que la compraban mediante algún tipo de contraprestación económica.

La revolución industrial provocó el advenimiento de reglamentaciones que restringían el concepto de bien comunal como objeto de acceso universal. Así nació hace doscientos años el modelo de PI ─asociado al de propiedad industrial─ que rige en la actualidad, un sistema jurídico para administrar el saber, basado en la idea de convertir el conocimiento en mercancía transaccional, concediendo a su propietario el derecho a su explotación comercial.

Rueda cuadrada

La transformación que ha experimentado la sociedad en los dos últimos siglos ha sido el cauce del que se ha valido la PI para construir sus fundamentos. La expansión del mercantilismo, su adaptación a todos los ámbitos de la vida y su aceptación no objetable por la ciudadanía, le ha servido para imponer su jurisdicción a numerosos objetos antes exentos. El proceso ha sido lento, pero implacable, con altibajos y periodos de silencio, incluso de retroceso. Pero al final, el DP ha perdido la batalla para siempre.

El capitalismo voraz que nos tutela tiene tal poder depredador que ha sido capaz de extender su mano a motivos cada vez más abstractos, hasta el punto de conseguir la patente de artificios irreales o de poca entidad, sólo por “si acaso”, por si en el futuro pudieran ser de utilidad, a raíz de algún descubrimiento o de un cambio tecnológico, sin la intención de explotarlos ─los llamados trolls de patentes─, simplemente con el fin de ejercitar acciones contra posibles infractores.

La industria está inundando las oficinas de registro de ingentes cantidades de solicitudes para proteger cualquier novedad surgida en sus departamentos de I+D, en buena parte subvencionados por la Administración ─¿es lógico que pasen a propiedad privada los hallazgos logrados con dinero público?─, por simple que sea, abarcando todo el espectro de producto en que se desenvuelve, con objeto de evitar la entrada de la competencia y conservar así su posición de monopolio durante el periodo que estable la ley ─20 años según la ADPIC─, a parir del cual pasa a DP. En algunos países, existe “el modelo de utilidad” para invenciones menores con una duración menor (10 años en el caso de España).

A finales de 2011, Google decidió comprar Motorola, una compañía que, al igual que Nokia, se estaba quedando rezagada en el negocio de la telefonía móvil, ¿Qué objetivo perseguía para pagar 12.500 millones de dólares por semejante operación? Su interés principal era hacerse con las casi 20.000 patentes que Motorola había acumulado en sus ocho décadas de historia, ya que sin ellas, nunca podría hacerse un hueco en ese mercado dominado por su rival, Apple. En el año 2012, el gigante alemán Bosch invirtió 4.800 millones de euros en I+D y registró 4.800 patentes. ¿Qué espacio quedará para sus rivales?

Nadie pone en duda la facultad que poseen las empresas para dedicar sus recursos a investigar nuevos productos y mejorar su posición en el mercado. Pero conviene llamar la atención sobre lo que esto significa. Los grupos económicos están acaparando el derecho a producir en exclusiva bienes y servicios, mediante el registro de ingentes cantidades de patentes, con el fin de cerrar el camino a futuros adversarios. Y eso lo están haciendo los países más desarrollados, los que poseen la capacidad financiera derivada de los enormes beneficios que obtienen, con el agravante de que esa ventaja se hará cada vez más grande, porque la curva tiene aspecto de crecer exponencialmente.

Otro problema asociado es la actitud cada vez más laxa del registrador que admite a trámite expedientes poco innovadores, sin mérito para ser considerados como inventos y, lo que es más grave, los aprueba sin investigarlos a fondo. ¿Es posible entender cómo alguien ha podido permitir el registro de un producto tan “estúpido” con el posit? Con él, la firma estadounidense 3M ha obtenido beneficios descomunales, amparado en una legislación indulgente que le ha defendido durante tantos años para eludir la competencia.

Esa es la falacia de la PI. Se ha adueñado de la DP y lleva camino de cargarse el mercado libre, por la posición de monopolio que concede a los detentadores de la tecnología, eso sí, todo legal y muy bonito. Y mientras tanto, ¿es lícito consentir que millones de pacientes infectados de sida mueran en los países menos desarrollados porque las corporaciones occidentales propietarios de las vacunas antivirales no permiten el uso de genéricos para su tratamiento? Eso fue sólo el principio, porque ahora se habla de patentar cadenas genéticas, especies de plantas y animales y pronto hasta la vida misma.

Las teorías neoliberales convierten el conocimiento en instrumento para perpetuar la desigualdad y propiciar la dominación de las multinacionales, bajo el falso argumento de buscar el desarrollo de la humanidad, porque su verdadero objetivo es el lucro. Es posible que, en un futuro no muy lejano, la mayoría de los productos producidos por la industria electrónica, química y farmacéutica ─sin olvidar los transgénicos, que pronto serán de consumo obligado─ estarán protegidos para uso exclusivo de sus propietarios, convirtiendo en siervos a los países de la periferia que se limitan hoy a contemplar impotentes el expolio, quizá porque no se dan cuenta de la magnitud del problema: los países pobres serán cada vez más pobres y los ricos, más ricos.

Y sin embargo, no se puede negar el derecho que asiste al inventor a obtener prerrogativas para la explotación de su artilugio. La cuestión es si ese derecho debe extenderse, no sólo al usufructo, sino también a impedir que un tercero lo implemente y por cuánto tiempo. Si a eso se añade la connivencia de los gobiernos a través de sus oficinas de patentes para registrar simples ideas, por fútiles que sean, y el coste que supone anular en la corte la validez de una patente, se justifica el temor de que, con el tiempo, la propiedad intelectual sirva de refugio a la privatización de la ciencia por una nueva aristocracia poseedora única de los medios de producción y con vocación de imponer su hegemonía, sutilmente, sí, pero de forma inexorable.

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