La decisión de RTVE de no participar en Eurovisión en protesta por la presencia de Israel en el certamen ha abierto un debate legítimo sobre los límites entre cultura, política y responsabilidad institucional. Más allá de simpatías o banderas, la cuestión que conviene plantear con calma es si un festival paneuropeo que se presenta como representante de ciertos valores puede ignorar hechos y dinámicas que, por su gravedad o por su impacto en la competición, obligan a una respuesta coherente por parte de sus organizadores y radiodifusoras.

No se trata de discutir canciones ni de convertir el certamen en un tribunal de asuntos exteriores, sino de aplicar criterios consistentes. La UER ya ha tomado decisiones de naturaleza excepcional en el pasado: hace unos años, decidió excluir a Rusia tras la invasión de Ucrania, señalando que su participación pondría en entredicho los valores que asegura defender. Ese precedente demuestra que la organización puede aplicar criterios que van más allá de lo puramente musical cuando entiende que existe un conflicto claro entre la participación de un estado y los principios del festival.

En el caso de Israel, diversos organismos y fiscales internacionales han adoptado resoluciones y procedimientos vinculados a posibles crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos en Palestina. La emisión de órdenes de detención y otras medidas contra altos cargos israelíes introduce una dimensión ética y jurídica difícil de conciliar con la normalización de su presencia en un escenario internacional de prestigio como es Eurovisión. Cuestionar esa normalización no implica tomar partido geopolítico, sino atender a la coherencia con precedentes ya establecidos.

A este contexto se suma la existencia de campañas de promoción a favor de la participación israelí que han sido financiadas desde entornos estatales o agencias vinculadas al Estado. La magnitud y coordinación de estas acciones han alimentado la sensación de que pudieron influir de manera notable en la votación pública, especialmente en un festival donde el televoto se ha convertido en una pieza fundamental del resultado final. La diferencia constante entre las valoraciones del jurado profesional y la movilización en el televoto ha alimentado dudas razonables sobre la integridad del proceso. Exigir claridad, datos y auditorías independientes no es politizar el concurso: es proteger su credibilidad.

En este contexto, la idea de que Eurovisión es “apolítico” se revela insuficiente. La música y los festivales no existen en el vacío: están salpicados por decisiones institucionales, diplomacia internacional, intereses nacionales y la actualidad geopolítica. Reconocer esa dimensión política no destruye el festival. La UER ha propuesto algunos cambios en los sistemas de votación y control, pero es comprensible que muchos sectores consideren que estas medidas llegan tarde o resultan insuficientes.

Por todo ello, la postura de una radiotelevisión que decide no participar por motivos éticos puede entenderse como una opción coherente. No se trata de hostilidad cultural ni de un boicot generalizado a Israel, sino de exigir coherencia a una organización que ya ha aplicado criterios éticos en el pasado.

Defender que Eurovisión siga siendo un espacio de encuentro cultural no obliga a renunciar al escrutinio ético. Pedir coherencia y un mínimo de responsabilidad institucional ante situaciones internacionalmente cuestionadas no es politizar de forma gratuita: es exigir que un festival que se proclama europeo y basado en valores actúe en consonancia con ellos.

Por todo esto, creo que RTVE acierta con su postura y celebro que otros países como Irlanda, Países Bajos y Eslovenia hayan tomado el mismo camino. Ojalá suponga un punto de inflexión y no sean los únicos que tomen esta decisión. Eurovisión no puede ser una burbuja en la que lo que Israel está haciendo en Palestina no tenga ninguna consecuencia.