La jornada inaugural de la línea antifraude fiscal puesta en marcha por la Hacienda Foral guipuzcoana se saldó ayer con la recepción de veinte llamadas de denuncia, una de ellas, “con pruebas”, según informa el DV de hoy.

Quizás no podamos competir con los países de nuestro entorno en asuntos como creación de empleo, protección social, intercambio comercial o aplicación del I+D, pero no hay razón alguna para pensar que en materia de fraude no estemos en condiciones de competir con los mejores. Por eso, estas cifras resultan paupérrimas, ocultan nuestro verdadero potencial y dicen muy poco en favor de nuestra educación en valores (eje tractor 2016).

Si algo tiene la denuncia es que admite un infinito abanico de posibilidades a la hora de personalizarla. Esto es, cada uno puede vivirla como prefiera: desde quien asume que se trata de una obligación ciudadana hasta quien la utiliza a modo de teléfono erótico, dada la existencia de un sector del censo que considera la delación como otra sustancia afrodisíaca.

A la espera de que se conozcan más datos en torno a las veinte llamadas, es más que probable que entre los veinte denunciantes figure también algún denunciado dado que hay algunos círculos que son muy viciosos.

De hecho, si prospera la iniciativa, no sería descartable que pasados seis meses -o cualquier otro plazo razonable- de su puesta en marcha, todos aquellos que, por una razón u otra, hayan rehusado tomar parte en esta experiencia purificadora pasen a formar parte de la bolsa de sospechosos cuyo listado tendrá preferencia a la hora de ser objeto de una inspección fiscal. En una sociedad moderna, no sería necesario estimular la participación ciudadana, pero en ésta sí lo es.