Preguntada sobre si merece algún tipo de reflexión el hecho de que fuera un jurado mayoritariamente compuesto por mujeres el que haya considerado -entre otras cosas- que Nagore Laffage no se encontraba indefensa cuando José Diego Yllanes le quitó la vida, la directora de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género, Mariola Serrano, responde: “No creo que merezca la pena entrar en ese asunto”.

Lógico. Para qué plantearse cuestiones que podrían socavar buena parte de las vías utilizadas hasta el momento para abordar estos problemas -si bien es cierto que sin grandes resultados-, sin que haya ninguna seguridad de que sirvan para hallar otras nuevas. Para eso se inventaron frases como “algo estamos haciendo mal”, más que una constatación, una forma como otra cualquiera de dar el tema por zanjado.

Sin embargo, mostrar preocupación por el tipo de valores sexistas que la decisión del jurado transmite a la sociedad y evitar a la vez cualquier cuestión en torno a quiénes son los portadores y, en su caso, los transmisores de tales valores significa trasladar al terreno de los discursos éticos lo que en danza se llama espagat.

Porque lo que no se ha verbalizado y sin embargo sobrevuela todo este caso es el hecho de que los miembros del jurado han juzgado los actos cometidos por Yllanes, sí, pero al hacerlo han juzgado también, no los cometidos por Nagore, que los ignoramos, sino los que su homicida le atribuye. Y le han creído.

Confrontados unos y otros, concluyen de forma explícita que la víctima creyó “erróneamente” que el acusado intentaba agredirla sexualmente y de forma implícita que ésta volvió a equivocarse cuando le advirtió que le denunciaría y destruiría su carrera, al parecer, la peor amenaza que se puede proferir contra un “chico diez” y que explicaría su “arrebato”. Es decir, la narración de los hechos elaborado por el jurado -seis mujeres, tres hombres- se pliega literalmente al ofrecido por el agresor, a la espera claro, de que se produzca la resurrección de los muertos para que podamos conocer el de Nagore.

Y ya en esta línea, para otra vida también deberá quedar también el análisis de qué entiende el jurado por confesión y hasta dónde llegan los poderes de ese otro atenuante contemplado por la ley bajo el nombre de “reparación”, traducido en este caso en 120.535,38 euros que Yllanes ha consignado para la familia Laffague, y que podría llevar a preguntarnos a qué llamamos ‘privilegio de clase’.