En coherencia con las medidas previstas en materia de legislación laboral, interrupción del embarazo y Código Penal, el Gobierno del Partido Popular se dispone a retroceder en el calendario sin más dilación.  A su juicio, llevamos ya mucho tiempo ganado y la situación no admite más demora. En el seno de la derecha, la tendencia reaccionaria suele imponerse a la conservadora y el pensamiento mágico, al liberal. Su lema se resume en la frase de no avanzar ni para conger impulso hacia atrás.

Al igual que sucede con la propuesta de implantar la prisión permanente revisable -un vergonzante eufemismo-, en el caso del matrimonio homosexual los ‘populares’ rehúsan coger el toro por los cuernos, maniobra taurina que no contempla la tauromaquia, para revocar la ley que lo regula a golpe de mayoría absoluta. En su lugar, prefiere encomendarse a algún ente intangible. Y si en el primer caso es la ‘alarma social’ -un personaje televisivo de ficción-, en el segundo se apela a otra mistificación, el derecho inalienable a  ‘casarse como dios manda’, dando por hecho su exclusiva facultad para interpretar los deseos de la deidad de guardia que todo lo ve.

En el caso de esta especie de matrimonio homosexual revisable, la derecha considera que depositar en las personas la decisión de con quién y cómo se casan constituye un intolerable ataque a la libertad individual. Un temor infundado. La familia tradicional ha sobrevivido sin mayores percances a esta fórmula de unión voluntaria entre dos personas, sirvan como ejemplo los Sánchez-Vicario, unidos como una piña en contra de  su hija.

Gallardón cultivó ayer un poco más su vocación de verso libre al cuestionar la inconstitucionalidad de la ley, añadiendo de inmediato que lo hacía expresando exclusivamente su humilde opinión. El problema es que sus opiniones personales pasan a importar un pimiento desde el instante en el que están sometidas a la doctrina que dicta el consejo de ministros. El PP vasco comparte idénticas posiciones, pero por desgracia, también lo hace a título personal. En cuanto a las 30.000 personas que ya viven bajo este precario régimen familiar y dado el carácter volátil del TC, sólo queda desearles que dios reparta suerte.