El País Vasco siempre ha sido el laboratorio español, de ahí que observemos con cierto pasmo recientes verdades reveladas tales como que los antidisturbios acostumbran a cargar indiscriminadamente o que la Audiencia Nacional, este organismo con denominación de ranking de programas televisivos, es una turbamulta de togados que actúa como una suerte de coronel Kurtz judicial.

De entre todas las noticias recientes que han pasado por completo desapercibidas, pocas concitan tanto pasmo como la que informaba de las tensiones policíaco-judiciales a raíz de la retirada de escoltas a los magistrados, una medida a la que sus señorías respondieron de inmediato con represalias tales como severas restricciones, antes inexistentes, a la hora de ordenar registros o autorizar escuchas telefónicas. Quizás en ese contexto deba entenderse el desopilante auto emitido ayer por Santiago Pedraz respecto al 25-S. La Justicia en España es una atleta paralímpica: ciega, pero elástica. Así se entiende el alumbramiento de toda clase de autos judiciales, incluidos los de carácter estrambótico: de la petición en 2010 de un documento que certificara la defunción de Franco a doctrinas que, como el generalísimo, no pueden abandonar el territorio español, so pena de ser derribadas con estrépito.

Santiago Pedraz es un Grande-Marlaska de rostro humano, lo que pasa es que el segundo se beneficia de su aspecto de director de AENA, mientras que el primero no pasa de parecer otro controlador aéreo. Ni siquiera su pasión por el mismo champú que usan Iñaki Oyarzabal y Romina Power le ha librado de ser tachado -dentro del más absoluto respeto a las decisiones judiciales que caracteriza al PP- de “pijo ácrata”, paradójicamente, los dos adjetivos que mejor definen la estirpe de neoliberales renacidos que a día de hoy aún persiguen la sandalia incorrupta de Esperanza Aguirre.