Las autonomías del artículo 151 -llamadas también ‘nacionalidades históricas’- se diferencian de las del 143 en que lo que éstas hacen por lealtad aquéllas lo hacen por obediencia. Para el País Vasco, el disparo de salida para aplicar el repago sanitario lo dará el Tribunal Constitucional en competencia con la informática. Y esto lo hace el PNV, en palabras de su nuevo presidente, «el mejor instrumento para llevarnos a la libertad”.

Al igual que Rajoy, Urkullu no tiene más remedio. Ahora mismo, los gobiernos se limitan a seguir las instrucciones que reciben, si es el central, las de Bruselas y si es autonómico, las del central. A este proceso de dimisiones en cadena se le ha dado en llamar cesión de soberanía. Ahora se entiende mejor el desistimiento de Urkullu en acogerse a la fórmula de “humillado ante dios” en su toma de posesión: hubiera sido dar demasiadas pistas, teniendo en cuenta que ‘dios’ es tan sólo el nick bajo el que actúa el sumo hacedor, tan terrenal como el parqué bursátil.

Estamos ante un ejemplo de manual sobre cómo los mismos que proclaman enérgicamente que “ha llegado la hora de hacer política con mayúsculas” se acogen a todo tipo de subterfugios -en este caso tan peregrinos como la necesidad de actualizar sin prisas el sistema informático-, para demorar la puesta en marcha de este mecanismo corrector que obliga al ciudadano a abonar dos veces los medicamentos.

Antes que encargar estériles informes, los políticos deberían asumir que nada resultaría más edificante a los ojos de los ciudadanos que actuar de acuerdo con su propia conciencia. A falta de pruebas fehacientes, dejando a un lado la asignatura de la democracia como teología, demostraría la existencia de unos principios inquebrantables en el seno de los partidos y probaría que cuando sus dirigentes hablan de “líneas rojas” no se refieren al color que produce la vergüenza.