Dada la existencia de 700 presos -algunos con condenas en firme, otros, no; algunos con delitos de sangre; otros, reos bajo imputaciones mucho más vaporosas- y dado que el Gobierno no va mover un dedo en materia penitenciaria, la Judicatura y la Fiscalía deberían establecer con nitidez los cauces legales por los que pueden transcurrir […]
