Dada la existencia de 700 presos -algunos con condenas en firme, otros, no; algunos con delitos de sangre; otros, reos bajo imputaciones mucho más vaporosas- y dado que el Gobierno no va mover un dedo en materia penitenciaria, la Judicatura y la Fiscalía deberían establecer con nitidez los cauces legales por los que pueden transcurrir las expresiones de un apoyo a los reclusos que, guste o no, tampoco parece que se vaya a evaporar de un día para otro.

La operación policial de ayer, saldada con dieciocho detenciones, se podía haber resuelto mediante otras tantas citaciones judiciales, a no ser que la incomunicación se haya convertido en un fin en sí mismo, ya sabemos en qué términos. En cuanto a la incautación de “abundante material informático”, contrasta la diligencia empleada ayer -están por ver los resultados-, en contraste con la extremada laxitud aplicada a la recogida de los archivos informáticos que Bárcenas almacenó durante casi un año en la sede de la calle Génova, dicho sea desde la constatación de que el descarnado saqueo de los dineros públicos y privados a lo largo de las dos últimas décadas, despierta a día de hoy entre la ciudadanía -dirigentes del PP vasco incluidos- una alarma social muy superior a cualquier otro delito.

El Gobierno está demostrando que no sólo no sabe ganar, sino que tampoco sabe derrotar. Liberado de cualquier precaución, se conduce ya con la imprudencia de una impunidad que no conoce más cortapisa que algún esporádico tirón de orejas por parte de Estrasburgo, descontado del balance hace mucho. En lo que respecta a ETA, deberían asumir cuanto antes que la lucha antiterrorista no atiende a argumentos y razones, sino a tácticas y estrategias. Le resultará sencillo comprenderlo dado que ésta fue la directriz que guió su actuación durante décadas. Es tarea de la Izquierda Abertzale hacerle comprender que aún arrastra muchos deberes pendientes y que o los hace o se los hacen, en este segundo caso, de acuerdo con fechas y plazos establecidos en un calendario ajeno.