Llegará el día en el que un gobierno español se jactará de haber resuelto la crisis económica y el problema de ETA. En ambos casos, obviará el pequeño detalle de que lo hizo siguiendo estrictamente  las  directrices europeas. España ya era un país intervenido en lo económico y desde el lunes lo es también en lo judicial. La gestión de Rajoy al frente del ejecutivo se resume en el triple salto mortal consistente en pasar de hacer lo que dijo que haría a hacer lo de que debe, una expresión que apenas enmascara la realidad, esto es, hacer lo que desde el exterior le ordenan con el máximo apremio que haga. El cómo se lo dejan a su elección y ya se sabe que en caso de duda, el presidente del Gobierno siempre opta por el embuste. De ahí el empeño en negar lo evidente: que parte del dinero con el que Inés del Río indemnizará a los familiares de sus víctimas no saldrá del bolsillo de la ex miembro del comando Madrid, sino del erario público, por la frivolidad de nuestros gobernantes. Para los profetas del “esto va a estallar cualquier día” queda la constatación de que al Ejecutivo le asusta infinitamente más la reacción a la sentencia de Estrasburgo de (una parte de) las víctimas del terrorismo -la que representa una AVT presidida por una víctima del 11-M frente a la Fundación de Víctimas del Terrorismo, presidida por la mucho más doméstica Mari Mar Blanco- que la del conjunto de los españoles a la flagrante estafa económica que hipotecará el futuro de todos. El motivo es que otorga a los primeros -unos miles- una autoridad moral que niega a los segundos -varios millones-. Al igual que el ridículo, el miedo tampoco conoce límites, por eso el ministro de Justicia recibe en sede oficial a Pedraza para que ésta le invite personalmente a saltarse la ley o idéntico motivo el partido que sustenta el Gobierno se manifestará en contra del Ejecutivo, más allá de los disfraces. Deberíamos preguntarnos por qué este pavor tan asimétrico. O quizás, mejor no.