El País publica hoy una entrevista con Francisco Alonso, jurista de la Cárcel salmantina de Topas y director de la cárcel de jóvenes de Carabanchel en 1990, cuando un recién detenido Henri Parot llegó a la prisión. El miembro de ETA tenía 32 años, no obstante fue internado en un primer momento en una cárcel para jóvenes por motivos que no se especifican en la información.

Cuenta hoy Alonso en las páginas del rotativo madrileño que tras diez días en régimen de incomunicación, Parot “llevaba melena y barba, y se le veía deseoso de hablar. Y no paró de hacerlo durante una media hora (…) Decía que lo habían maltratado y se explicaba precipitadamente (…) Yo me limité a oírle. Y luego, cuando lo llevamos a la celda, se puso a gemir: se pasó así 48 horas. Los funcionarios nos llamaban preocupados por si se suicidaba”. Y añade Alonso: “Me sorprendió que alguien con ese historial tan sanguinario se mostrará tan acobardado”.

Y aunque el neoperiodismo desaconseja la confrontación de versiones por cuanto su autoimpuesto objetivo es hacer de éste un mundo mejor mediante el control de los flujos informativos -y esta noble misión pasa con frecuencia por primar la versión de los buenos sobre la de los malos ante el riesgo de incurrir en una perversión moral si atendemos a las dos por igual-, a continuación va la de Parot, por boca de la denuncia que en 1993 presentó su hermana ante el Comité contra la Tortura de la ONU por “torturas como la colocación en la cabeza de una bolsa de plástico, palizas en las que no se le golpeaba con mucha fuerza para no dejar huellas -según la denuncia, golpes con las palmas de la mano en los oídos-, inyección de una sustancia no identificada, colocación de una camisa de fuerza y suspensión de los cabellos”. El Gobierno español protestó dado que, en contra de lo que sostenía su hermana, Parot nunca denunció torturas en ninguno de los siete juzgados de Alcalá de Henares (Madrid), ni reclamó una investigación de los supuestos malos tratos.

El dictamen del Comité de la ONU, por el contrario, estableció que Parot sí denunció torturas ante el juez de instrucción el 7 de abril de 1990, al ser interrogado por el mismo. Ahora sabemos que también las denunció a Francisco Alonso, a quién según testimonio del propio funcionario de prisiones, confundió con un abogado. Finalmente, el comité de la ONU desestimó la denuncia al considerar que la queja -que, recordemos, el Gobierno español niega que se produjera- sí fue atendida, aunque la Audiencia Nacional la rechazó el 18 de diciembre de 1990, “en base a los cinco exámenes médicos que se le practicaron” a Parot “en la época de las denuncias de torturas” y a las propias declaraciones del detenido ante un médico forense de Sevilla.

A partir de aquí el lector puede sacar sus propias conclusiones, al margen de la opinión que merezca el autor del asesinato de 82 personas, entre ellas, varios niños. Al hilo de las declaraciones de Francisco Alonso publicadas hoy bajo el título de “Henri Parot estuvo dos días llorando en su celda y temíamos que se suicidara” y dado que las leyes españolas prohíben la tortura, no es cuestión que concierna al periodismo determinar si Parot merece o no ser torturado, sino tan sólo aclarar si lo fue o no lo fue.