Cuando Cataluña siente que España le “roba” opta por pulsar la opción de marcharse. Por el contrario, cuando es España la que tiene esa percepción respecto de Cataluña, lo que hace es ofrecerle un aumento de la cuantía del botín. Es lo que, según los atentos observadores, sucederá con el actual conflicto territorial, previsiblemente saldado con una nueva fórmula de financiación más favorable a los intereses catalanes. Este paradigma revela bien a las claras cuál de las dos partes carga con el pecado original.  El debate de ayer empezó y acabó en una Constitución votada en precarias circunstancias hace ya 36 años. El resto se redujo a una sucesión de argumentos a favor o en contra del voto por la independencia en una hipotética consulta, pero en ningún caso hubo argumentos que explicaran por qué ésta no habría de celebrarse. Si el conjunto de los ciudadanos españoles ha de votar el estatus de Cataluña al ser una cuestión que afecta al conjunto de la ciudadanía, otro sí habría que hacer respecto a los regímenos forales vasco y navarro. A falta de mayores atractivos, de un proyecto común o de una identidad al menos semicompartida, España sólo puede poner sobre la mesa dinero: la posibilidad de obtener más, la amenaza de quedarse con menos. Este modelo de convivencia lo implantó la familia de Alfonso Ussía que, según contaba Coque Malla en una entrevista, pagaba a los  niños pobres del pueblo a cambio de que aceptaran jugar con su hijo. No existe mayor confesión de autoconciencia sobre la propia condición de insoportable.