Los piratas somalíes que secuestran barcos y tripulaciones que aguas del Índico sólo son, por doloroso que resulte reconocerlo, hombres de negocios, informados al detalle del flujo de los mercados y conocedores minuciosos de la posición española en la UE en torno a este asunto.

El cobro de rescates funciona como una industria moderna cuyo último eslabón es ese par de ejemplares, menos que mileuristas del abordaje, sobre el que recaerá ahora todo el peso de la Audiencia Nacional.

Se mire como se mire, el hecho de que barcos europeos faenen en aguas del Índico, frente a la costa africana, constituye un actividad económica anómala que, por lo tanto, suele requerir el concurso de alguna fuerza militar, una vez agotados todos los argumentos racionales que explicarían tal presencia.

Desde el punto de vista militar y descartada la inclusión de soldados a bordo de las embarcaciones pesqueras -una propuesta temeraria que con toda seguridad desembocaría en el fusilamiento de túnidos a bordo-, sólo quedan dos opciones, igual de deplorables: seguridad privada, a base de porteros de discoteca, o privatización de alguna organización terrorista que preste comandos en labores de escolta.

En todo caso, eso serán en el futuro: Ahora, la única opción factible e inocua pasa por recurrir al denostado pago del rescate, una fórmula -ya lo sabemos- de cobardes, que estimula los peores instintos de los piratas, incentiva la repetición del delito y dota a los secuestradores de fondos líquidos que éstos no dudarán en reinvertir en I+D: embarcaciones más rápidas, mejor armamento.

En una de sus películas, los Monty Python representaban una entidad bancaria convertida en barco pirata. Sólo cabe esperar que los somalíes no hayan visto la cinta y pidan por el ‘Alakrana’ algo menos que lo que el BBVA pagará a Goirigolzarri por su jubilación.