Durante estos siete años, había al menos dos colectivos con pleno conocimiento de la inocencia de los acusados en el caso Egunkaria: los imputados y una ETA que jamás se salta una oportunidad de poner sus ensoñaciones por escrito. Desde ayer, sabemos con certeza que también la Guardia Civil estaba al tanto de este extremo, por más que ningún agente sintió la curiosidad de saber qué ponía en el diario.

El caso debería pasar a la historia judicial que se imparte en las Facultades de Derecho en calidad de ejemplo palmario de cómo se puede pervertir cada fase de una investigación hasta alumbrar una criatura aberrante. Una lectura perfectamente demagógica de los acontecimientos permitiria lamentar tal pérdida de tiempo y energías antiterroristas, que bien pudieran haberse empleado en evitar atentados reales.

Por otro lado, la sentencia del magistrado Gómez Bermúdez certifica que la Constitución no termina de ser un punto de encuentro, siquiera entre los propios magistrados de una Audiencia Nacional capaz de generar interpretaciones dispares y hasta excluyentes entre sí, como es el caso. Quizás sea señal de que alguna de las dos necesita reformas.

Desde el partidos constitucionalistas, ya se ha señalado que la absolución prueba que el sistema funciona. En efecto, lo hace. Pero la ausencia de indicios sólidos, las sombras en torno a la incomunicación, la duración del proceso y el cierre de periódicos sin amparo legal invitan a interrogarse en torno al cómo.