Para describir la situación en sus justos términos, hay que reseñar que al prohibir las corridas de toros en su territorio, Cataluña propinó ayer una sonora bofetada a la España encarnada en la ‘fiesta nacional’. De la abolición bajo el argumento de que se trata de una salvajada, se desprende una definición precisa del concepto en el que se le tiene a aquélla.

También hay que recordar que de todos los países en permanente zozobra territorial, España es el único cuyo último argumento para desanimar la secesión de sus autonomías consiste en recordarles que sus equipos perderán el derecho a disputar la Primera División. Se comprenderá a la perfección que su futuro quizás sea incierto, pero que indiscutiblemente, su futuro es nulo.

Con inexplicable regocijo, se acusaba ayer a Cataluña de tomar su decisión bajo motivaciones políticas, como si no la hubiera aprobado un parlamento conformado por partidos, como si fueran desdeñables las corrientes europeas en favor del animalismo.

Si algo cabe reprochar a los parlamentarios catalanes es la aplicación de la eutanasia a una práctica que agonizaba en su propia salsa, al menos, desde que  Jesulín de Ubrique recorría las plazas de España chupando el cuerno a los pseudotoros de lidia que le tocaban en suerte.

Por lo demás, la prohibición aprobada ayer es la aplicación estricta del reiterado principio de que “en democracia, todas las posturas pueden llevarse a cabo, eso sí, atendiendo a los procedimientos establecidos por la ley”. Así, la recogida de firmas, la admisión a trámite en el legislativo, su discusión en sede parlamentaria mediante argumentos a favor y en contra, y finalmente, su aprobación en votación, convierten el proceso en ejemplar. Parece ser que la decisión costará a cada ciudadano catalán sólo 40 euros, una ganga, dirán algunos.

Cuando pase la oleada de indignación, todo seguirá igual y España seguirá entregada por muchos años a la tarea de romperse -¿despegarse?- sin acabar nunca de completar su tarea. Al fin y al cabo, lo que ha pasado es muy poca cosa. Simplemente, a partir de 2012, en Cataluña, el que quiera templar, mandar, acompañar con la izquierda y arriesgarse a alguna que otra embestida tendrá que conformarse con abrir un blog.