Hace ya algunos años que la inefable TVE de aquellos tiempos puso en antena un programa-concurso llamado ‘El precio justo’. Se trataba de que los concursantes en cuestión adivinaran el precio de cualquier tipo de objeto o servicio que les pusieran por delante. Ganaba el que más se acercaba a la cifra correcta, siempre sin pasarse.

Las instituciones que conforman el consejo de administración del Zinemaldia han entrado en una espiral que se asemeja mucho a la versión perversa de aquel espacio. Ahora, se trata de averiguar hasta qué punto pueden recortar sus respectivas aportaciones, siempre intentando no llegar a ese punto crítico en el que alguien decrete que te has cargado el Festival.

La Diputación apuesta otra vez por un 15% de recorte y el Gobierno Vasco se estrena en esto de las bajadas con un 6%, mientras que el Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento donostiarra se aferran -sin duda, con enorme esfuerzo- a ese millón de euros que mantienen congelado en estos últimos años, en los que el IPC español quizás no haya sufrido incrementos significativos, pero el europeo, sí y éste es –todavía, al menos- un festival internacional.

La administración de los dineros públicos es un ejercicio de su exclusiva competencia, pero que no mareen más la perdiz. Hay un festival de cine de categoría A. Se supone que esto acarrea unos beneficios y conlleva unos gastos. Sopesen los unos y los otros, tomen una decisión argumentada y, sea cuál sea ésta, que cada cuál asuma su cuota de responsabilidad.

El dilema bascula entre mantener el festival o echarle la persiana. Empeñarse en convertir en permanente los actuales equilibrios en el alambre a la espera de que las circunstancias sean las que se la echen supone un despilfarro porque hay algo aquí que se está tirando a la basura: o el dinero de las instituciones o el propio el festival.