Justo en el preciso momento histórico en el que se dan cita el final de la violencia de ETA y la amenaza latente del fanatismo yihadista, el Gobierno decide equiparar ‘de facto’ el vandalismo callejero con el terrorismo. Se diría que si algún país europeo debería estar vacunado contra esta clase de banalizaciones debería ser España, pero no es así. La fe ciega del PP en la mano dura es inquebrantable, excepto para casos en los que el reo disponga de capital suficiente como para adquirir su propia amnistía, llamémosla indulto personalizado, la Justicia elevada al arte del tuning, el juez como poligonero. Al fin y al cabo, ya contamos con un entramado judicial en disposición de imponer las condenas más largas y de la población penal más nutrida de Europa.
Sería exagerado proclamar que el País Vasco siempre ha sido el laboratorio I+D+i del resto de España porque, de hecho, ni se ha extendido el cierre de periódicos manu militari, ni se ha aplicado la ley de partidos. Sin embargo, cuesta no reconocer en el ambiente un cierto aroma a Plan ZEN, que al hacerse extensivo a todas las latitudes del territorio nacional, debería perder su última sigla. Quién sabe, quizás estemos ante un paso más en la ‘armonización’ territorial de España que, si me apuran, arrancó con la LOAPA.
En cualquier caso, aún hará falta atar algunos cabos sueltos. Por ejemplo, dilucidar si una vez que la rotura del cristal de un escaparate equivalga a un acto de terrorismo, el propietario del establecimiento pasará a adquirir automáticamente la categoría de víctima del terrorismo -se nos puede ir una pasta en materia de indemnizaciones- o si los desmanes que habitualmente acompañan las grandes gestas deportivas tendrán consecuencias penales sobre los equipos en cuyo nombre se perpetran.
Dicho de otra forma, ¿cuántos contenedores deberán arder antes de que los ultrasur sean considerados banda armada y el ¡hala, Madrid!, apología del terrorismo? ¿Será posible tras el apuñalamiento de Aitor Zabaleta arengar al Atlético de Madrid sin quedar ‘contaminado’ de inmediato? ¿Llegará el día en el que ingrese en prisión algún seguidor de la Roja bajo la acusación de ser el brazo armado de ‘Manolo el del bombo’?
Todas estas dudas se resolverán en su momento, pero en ningún caso deberían servir para dilatar en el tiempo la aprobación de la reforma legal. Se avecinan grandes humaredas y es necesario adelantarse a los acontecimientos. Se prevén penas superiores a las contempladas para casos de interrupción del embarazo, según la doctrina Gallardón, un acto homologable al de segar una vida humana.
La crisis ha hecho que el concepto de terrorismo se desplome a mínimos históricos, rozando el bono-basura, mientras que el de vandalismo callejero sea un valor en permanente alza. Existen precedentes legales sin necesidad de salir del país: también ‘El Lute’ fue acusado por los tribunales de pertenecer a la mafia internacional. En breve, todo el mundo podrá convertirse en su propio terrorista favorito, mediante un sencillo acto de gamberrismo, así sea perpetrado en grado de tentativa. En la tierra de las oportunidades, ser ‘Carlos’ nunca estuvo tan al alcance de la mano. El ‘low cost’ también era esto.