Vaya por delante que la presunción de inocencia es un derecho que asiste a todos por igual, por mucho que algunos informativos se llevaran ayer por delante la de la Ertzaintza al relegar la muerte de Iñigo Cabacas al fondo de la escaleta de la sección de Deportes, dando a entender por omisión la escasa credibilidad de la que goza la hipótesis del botellazo. Más aún teniendo en cuenta que los talleres de literatura creativa encargados de confeccionar versiones oficiales de los departamentos de Interior han montado historias casi-casi convincentes a partir de bastantes menos elementos que un joven muerto frente a una herriko taberna durante una trifulca futbolística.

A la espera de que la autopsia sirva para encontrar rastros del ADN del agresor en los cristales que, a buen seguro, mostrará el cráneo de la víctima, cabe preguntarse si no debería prohibirse la vcomercialización de bebidas alcohólicas en botellas de cristal cuyo impacto es capaz de producir «fractura craneal por estallido con importantes lesiones cerebrales». Sea como sea, la investigación no debería cerrarse en falso. Nada resulta más nocivo que la impunidad ya que los agresores han de recibir en todos los casos un tratamiento penal individualizado, imposible de aplicar si ni siquiera están identificados. Lo que en ningún caso sería admisible es que, una vez más, el culpable fuera el muerto.

Dicen los agentes que fueron recibidos con una lluvia de vasos y botellas, lo que pone aún más en evidencia su necesidad de actuar con la máxima profesionalidad y prudencia, dada la tendencia existente a convertir los desmanes de orden público en una fábrica de réditos políticos. Si llamar a la Policía para que intervenga en un altercado no sirve para evitar que éste desemboque en un crimen, habrá quien concluya que la próxima vez quizás sea mejor no dar aviso.

El Gobierno Vasco tiene en su mano la oportunidad de demostrar por la vía de los hechos que, en efecto, hay otra forma de hacer las cosas respecto a sus predecesores en el cargo y que la normalización es una corriente eléctrica que funciona a la ida y, llegado el caso, también a la vuelta. Como policía integral que es, homologable -al menos en presupuesto- a cualquier cuerpo de seguridad europeo, la Ertzaintza debería ser perfectamente capaz de resolver un delito que se habría perpetrado ante sus propias narices. Si sus agentes aseguran que tienen “instrucciones de no tirar a dar”, el responsable sería el que desobedeció. Se supone que lo hizo tan sólo uno de ellos y, por fuerza, a la vista de los demás.