Tras la reciente proyección en el Festival de Cine de San Sebastián de la película serbobosnia ‘For Those Who Can Tell No Tales’, la prensa acreditada mostró su disgusto por el ejercicio de osadía implícito en recordar las violaciones masivas de mujeres durante la guerra en Visegrado bajo la perspectiva de una turista australiana, es decir, una extranjera. En otras palabras, la protagonista tuvo que afrontar el cuestionario Brian Currin, cuyo prólogo es “usted no sabe realmente lo que pasó aquí”. De ser un filme estadounidense, el mensaje hubiera sido más directo: “¿Piensa quedarse mucho tiempo en el pueblo? Aquí no nos gustan los forasteros”.

Aquí tampoco nos gustan, aunque de forma desigual en función de las variables: cuáles, cuándo y a quiénes. A los participantes en la Conferencia de Aiete, saludados como expertos por unos y como intrusos por otros, les faltaban datos. Todo apunta a que a los magistrados del Tribunal de Estrasburgo, también y así se intentará explicar el inminente varapalo a la doctrina Parot a la ciudadanía española, engañada por segunda vez en menos de un mes -tras el bluf de Madrid 2020-, respecto a la pericia dialéctica española ante un grupo de examinadores internacionales. En realidad, la

La doctrina Parot constituye el enésimo ejemplo de trampas al solitario por parte de la magistratura española, pero si el recurso fue admitido a trámite fue tan sólo en atención a su argumentación jurídica, esa antigualla al parecer aún vigente en la vieja Europa. Desmontada ésta, sólo quedarán las patrióticas apelaciones a la alarma social y a las implicaciones morales de la sentencia. Desde este punto de vista se entiende mejor el sofoco pretendidamente inducido en la población mediante el peregrino argumento de que también saldrán en libertad 37 violadores y narcotraficantes, dos especies que, a juzgar por los nulos desvelos que provocaron en los sucesivos gobiernos españoles, no existían antes de 2006.

En cuanto a las derivadas morales, expresadas mediante el minucioso cálculo de la relación entre números de víctima y años de condena cumplidos por los 96 presos de ETA a excarcelar, el argumento llega hasta nosotros exhausto y con los pies de barro. Consígnese como el precio a pagar después de excarcelar a Milán del Bosch en 1990 tras ser condenado a 30 años en 1983; a Alfonso Armada en 1988, tras ser condenado a 30 años en 1983; al ex general Rodríguez Galindo, tras pasar en la cárcel cuatro de los 75 años a los que fue condenado; o a Emilio Hellín, quien con una condena de 43 años por asesinato, pasó por la cárcel con apenas tiempo para saludar antes de impartir cursillos a miembros de las FSE. Amedo, Domínguez, Vera, los autores de la matanza de Atocha, Bayo Leal, Sancristóbal o Dorado Villalobos podrían engordar este listado, ejemplar en cuanto a Justicia asimétrica por ceñirnos a nuestro pasado más reciente, pero para qué seguir.

Un país que ha encajado todo esto sin parpaderar está preparado para cualquier cosa en materia de Memoria, Reparación y Justicia, así que ahorrémonos la pantomima. Es lo que tiene la instalación de suelos éticos: no conviene pisarlos antes de que se hayan secado.