Los ideólogos de las revelaciones preelectorales en torno a los presuntos chanchullos financieros del PP se devanan estos días los sesos en un intento de localizar esa falla geológica que ha evitado el previsible derrumbe ‘popular’ en los comicios vascos y gallegos.

Y la conclusión preliminar: las irregularidades no sólo no afectan al electorado de derechas, sino que se vuelven en contra de las opciones de izquierdas. Los votantes conservadores vivirían instalados en la certeza de que los gastos en campaña, los sueldos de liberados y el mantenimiento de las sedes sociales no pueden manar de las aportaciones del estado y las cuotas de los afiliados.

Es más: el simpatizante del PP se comportaría con el partido de forma similar a como lo hacen los bancos entre sí: exigiendo pruebas de solvencia a cambio de depositar su confianza. La corrupción es algo que en política se da por hecho, pero qué menos que tener los chanchullos al día. La exhibición impúdica de los trapos sucios confirmaría lo acertado de la elección porque, en tiempos de inseguridad ciudadana, un partido que se vigila a si mismo mediante espionaje emana responsabilidad.

La teoría se tambalea ante casos como el del alcalde socialista de Alcaucín, conducido a
comisaría entre los vítores de unos incondicionables que se hubieran sentido estafados si la Policía hubiera
encontrado debajo del colchón la colección de ‘Playboy’ en lugar de
160.000 euros. Confíemos, en todo caso, en que la fiscalía
anticorrupción incluya los vídeos de las tarantelas
entre las imputaciones.

Aunque en una Europa que alumbrado casos como el de Berlusconi resulta complicado identificar a España con la vanguardia en esta materia, es cierto que sí que ha mantenido una regularidad intachjable a lo largo del tiempo. El intercambio de favores entre los sectores público y privado ha sido una constante en la antaño pujante economía española, casi diríamos, una seña de identidad.

Sin embargo, se está perdiendo pulso. Hay indicadores que apuntan a que estamos en puertas de una crisis de corrupción, una contracción de los ingresos en ‘negro’, una recesión en los chanchullos.

Ahí están las innobles imputaciones dirigidas contra un presidente de comunidad autónoma, acusado de haberse dejado sobornar con tan sólo 30.000 euros en trajes de última generación. De confirmarse, estaríamos ante el inaceptable retorno de la picaresca. Y en una Europa sin fronteras, cliente de los paraísos fiscales y campeona de la ingeniería financiera, picaresca sólo se puede traducir como falta de competitividad.