Sería terrible que por un puñado de inadaptados sociales y la inoperancia de las autoridades competentes se extendiera entre la sociedad la percepción de que “hay gente de fuera que ha venido aquí con el único propósito de delinquir”. Xenofobia, parece ser que se llama el fenómeno.

Sin embargo, esta amenaza de envenenamiento ambiental es más que posible a raíz de noticias como el descubrimiento de que 81 empresas tenían su domicilio fiscal en un piso de la donostiarra Avenida de Tolosa.

Parece ser que la razón de semejante hacinamiento financiero no era el poder evocador de sus vistas al exterior, ni su excelente situación respecto de la playa de Ondarreta, sino el suculento paquetito de ventajas fiscales que adorna nuestra política de incentivos empresariales.

Más que ante un piso-patera, estamos ante el auténtico Aleph de Borges en su versión empresarial: todo el universo concentrado en un punto del universo. Los vecinos, como es habitual en estos casos, no sospechaban nada, sea por la extremada discreción de los inquilinos, sea porque allí no había nadie.

Todo esto surge a raíz de la investigación que la Hacienda Foral de Gipuzkoa y la Fiscalía han abierto en torno a las actividades del ex director de la primera Víctor Bravo, sospechoso de cinco delitos que van del cohecho a la prevaricación.

Al menos una de las empresas tiene dificultades para demostrar que desarrolle o haya desarrollado en el pasado actividad alguna en territorio guipuzcoano. De confirmarse, se trataría de una ‘SA sin papeles’. Respecto a las otras ochenta, habrá que esperar a que concluya la investigación en curso.

Lo cual no deja de ser igualmente inquietante porque si es posible domiciliar un centenar de empresas en una misma dirección dentro de la legalidad, eso quiere decir que los contribuyentes que no habitamos el planeta Madoff debemos retroceder hasta la primera casilla para, antes de nada, replantearnos un par de cuestiones seminales: ¿quiénes somos? ¿qué hacemos aquí?