No hay seguramente un dirigente en la política española que maneje los silencios y los tiempos como Mariano Rajoy, que logró superar la ofensiva abierta contra su liderazgo en el PP tras la derrota electoral de 2008 por la vía de aguantar sin una voz más alta que otra las prisas de los demás y la presión cotidiana de los acontecimientos. Es una incógnita si esta estrategia, que está en su naturaleza y que se ha revelado como un instrumento útil para sus objetivos políticos, le va a alcanzar al hoy presidente del Gobierno para superar las consecuencias del ‘caso Bárcenas’, aunque la gravedad de las sospechas que penden sobre la financiación del partido y sobre su propio comportamiento apuntan a que no; a que, esta vez, la táctica del enfriamiento no va a bastar. En su solemne comparecencia de hoy ante el comité ejecutivo del PP, convocado con carácter extraordinario y sin permitir las preguntas de la Prensa, Rajoy ha asegurado que sus declaraciones de la renta estarán colgadas en la web de La Moncloa en los próximos días. Es inevitable contrastar esta promesa de “transparencia y rigor” con que hayan transcurrido 48 horas entre la publicación de la presunta contabilidad B del extesorero imputado judicialmente y el anuncio de lo que ya era poco menos que ineludible: la divulgación de los datos consignados ante Hacienda, a la espera de saber con exactitud hasta qué año van a remontarse esas declaraciones de la renta. El hecho de que vayan a figurar en la página de la Presidencia del Gobierno refleja cómo el estallido de los llamados ‘papeles de Bárcenas’ ha rebasado los límites del PP para salpicar la credibilidad del Gobierno, por más que la vicepresidenta Sáenz de Santamaría se esforzara al término del Consejo de Ministros del viernes, inútilmente, en tratar de separar el ámbito institucional del partidario. Ninguna formación política ha acumulado en democracia el poder que ostentan hoy los populares gracias al apoyo en las urnas, lo que agrava al límite la gangrena que puede extender la crisis si Rajoy y el resto de dirigentes interpelados no sostienen con evidencias tasadas y comprobables su aseveración de que no han existido ni financiación ni pagos en negro en el partido.

La comparecencia de Rajoy ha tenido un orden significativo: el presidente ha antepuesto su palabra, la reivindicación de su honradez personal y el compromiso de que aportará “todo lo que sea preciso” ante unos papeles que ha calificado de “apócrifos” frente a la defensa, más genérica, que ha realizado después de la honorabilidad del conjunto del partido, en la que no ha mencionado con nombre y apellidos a ningún dirigente. La mayor contundencia ha quedado reservada para referirse a sí mismo, o al menos así ha sonado: “Nunca he recibido ni repartido dinero negro (…). Lo repito, es falso”, ha concluido, antes de advertir de que España puede convertirse en un “país inhabitable” si la presunción de inocencia se quiebra por “insinuaciones”. El problema con el que tropieza el legítimo derecho a la presunción de inocencia frente a las sospechas de corrupción es la historia: la renuencia en el pasado de los partidos a depurar responsabilidades ante las irregularidades internas y los precedentes en que dirigentes políticos de todo orden pusieron la mano en el fuego para acabar viéndola quemada en los tribunales. De esos barros -incluida la supuesta y vergonzante vinculación de la ministra Mato y su familia con la trama Gürtel-, vienen estos lodos. Esto, y la falta de aclaraciones convincentes, es lo que está haciendo el ambiente irrespirable para una ciudadanía ahogada por la crisis y asqueada en no pocos casos de quienes la representan.