Reza un viejo adagio que nadie es más poderoso que un juez de instrucción. La sentencia resulta exagerada, claro, porque el Estado de Derecho  tiene sus propios contrapesos para garantizar que, realmente, se hace justicia. Pero es obvio que hasta que se sustancie el anunciado recurso de la Fiscalía Anticorrupción, nadie habrá podido ejercer el poder de una manera tan notoria como el magistrado José Castro al imputar a la infanta Cristina, lo que es lo mismo que formalizar por primera vez en la Historia una acusación penal contra un miembro de la Casa Real española. En democracia, la Justicia es igual para todos, del mismo modo que todos somos iguales ante la Justicia. Sin embargo, cabe imaginar que para Castro, sentado en la soledad de su despacho delante del sumario que va tejiendo y destejiendo, no habrá habido una decisión comparable a la de tener que resolver si dejaba correr las sospechas sobre la infanta o les concedía la suficiente apariencia de verosimilitud como para transformarlas nada menos que en un auto de imputación. Corre en las últimas horas la tesis de que el juez, arrastrado supuestamente por ese afán de protagonismo que se atribuye a los instructores de causas muy relevantes, habría cedido a la presión de la calle; a la presión de los indignados que ya no soportan la descripción cotidiana y cotinuada de podredumbres en todos los ámbitos de la vida pública. Pero si se plantea esa hipótesis tan poco compasiva hacia Castro, también habría que plantear la contraria: que, en realidad, el juez se lo ha pensado muy mucho antes de llevar ante los tribunales a quien forma parte por nacimiento de una institución como la Monarquía y sigue estando en la línea sucesoria al trono. Especular con las motivaciones ocultas de los jueces es fácil, porque las insidias rara vez encuentran réplica y porque, en ocasiones, los propios integrantes de la Magistratura se encargan irresponsablemente de alimentarlas. Y, sin embargo, para entender por qué los jueces actúan como actúan hay que asumir la singularidad de su trabajo, un oficio que no se asemeja a ningún otro. Porque ponen en manos de la ley la suerte de otros seres humanos. Porque acusan sin poder disponer casi nunca del relato completo e incontrovertible de los hechos. Porque tratan de reconstruir la única verdad posible, la verdad del veredicto judicial. Porque en un momento decisivo de la instrucción, Castro se situó por encima del ‘qué dirán’ para citar a Cristina Federica de Borbón y Grecia a que dé explicaciones sobre su relación con el Instituto Nóos; sobre el uso presuntamente fraudulento que de su nombre, de su rango y de su parentesco pudo hacer su propio marido; y, en definitiva, sobre si ella misma se benefició de la supuesta corrupción levantada, también supuestamente, sobre el tráfico de influencias.

Los 18 folios del auto redactado por José Castro pueden resumirse en una pregunta: si es posible que la infanta desconociera las actividades de Iñaki Urdangarin y cómo revertían éstas en su patrimonio familiar. Ante la  impugnación de la Fiscalía, Castro se juega ahora la credibilidad de su inédita imputación. La carga conjunta de los indicios frente a la prevalencia de la presunción de inocencia. Pocas cosas hay seguramente más perniciosas para el correcto funcionamiento de la democracia que un juez justiciero, y de los tribunales españoles ha emergido algún que otro ejemplo de lo que significa que quien debe aplicar la ley la fuerce hasta el intolerable límite de pervertir su espíritu original. Pero pocas cosas pueden devolver la confianza a tantos ciudadanos cada vez más descreídos y decepcionados que la Justicia, y sus jueces, actúen como un efectivo y riguroso dique de contención frente a la gangrena colectiva que implican los eventuales delitos de corrupción. Provengan de donde provengan.