Este miércoles la ponencia de paz del Parlamento celebrará una reunión que puede resultar determinante no solo para el futuro del foro, sino también para la operatividad del Plan de Paz y Convivencia presentado hace apenas 13 días por el lehendakari y cuya aprobación definitiva está fijada para octubre una vez recibidas las eventuales aportaciones de los partidos. El hecho de que el proyecto del Ejecutivo Urkullu haga depositaria a la ponencia de los tres «microacuerdos» que tratan de reunir en una “mesa de pacificación” a PNV, EH Bildu, PSE y PP enlaza, inevitablemente, la efectividad de la iniciativa gubernamental con lo que acabe ocurriendo en torno al grupo de trabajo parlamentario, y viceversa. A estas horas, y a la espera de lo que suceda pasado mañana, hay dos hechos constatados: los reparos de la izquierda abertzale a aceptar como columna vertebral de la ponencia el «suelo ético» consensuado por los jeltzales y las dos fuerzas no nacionalistas la pasada legislatura; y el cuestionamiento de socialistas, populares y EH Bildu, por razones diametralmente opuestas, del plan del lehendakari. Su inspirador, Jonan Fernández, ha respondido a las objeciones de los partidos instándoles a aclarar si quieren o no un “acuerdo a cuatro” para la paz. La pregunta tiene ida y vuelta. Porque está en juego la viabilidad del propio proyecto, cuando tres de esas cuatro patas de la mesa ya han dicho que no pueden compartir un espacio común sobre las bases y el lenguaje propuestos.
En sus 73 folios, el plan busca una alquimia que no solo permita construir una nueva convivencia tras medio siglo de terrorismo de ETA, de otras expresiones de violencia organizada y de fenómenos como la tortura, sino que supere el descuelgue que protagonizaron la banda etarra y la izquierda abertzale en la Transición. La dificultad poco menos que insuperable con la que se topa hoy el Gobierno es que los «microacuerdos» propugnados, por mínimos que parezcan, aspiran a una paz construida simétricamente: es decir, cada gran tradición del país viene con su propia mochila del pasado, pero se sitúa a las cuatro ante el mismo punto de salida para afianzar el final de nuestra tragedia colectiva. Por decirlo de otro modo, aunque el plan sortea las sombras de la equidistancia, en su formulación y metodología equipara a PNV, EH Bildu, PSE y PP en la búsqueda de ese inédito consenso que, o es entre las cuatro grandes formaciones o no será, según el planteamiento de partida del Ejecutivo Urkullu.
Sobre el papel, el objetivo es difícilmente objetable: llegar a convivir de manera más o menos armónica todos con todos, sin la mutilación que ha ejercido en nuestras relaciones la persistencia de la violencia. Pero eso es sobre el laboratorio en blanco del papel. Porque el principio de realidad muestra que la simetría es hoy por hoy imposible. Ni Sortu está dispuesta a efectuar una autocrítica que implique desnudar la verdad de que no hay conflicto político, y menos en una sociedad tan desarrollada y autogobernada como Euskadi, que justifique haber matado, secuestrado o extorsionado. Ni el PSE ni el PP van admitir que se les iguale a la izquierda abertzale como interlocutores en la búsqueda de una conciliación que haga como que no ha visto la complicidad histórica mantenida por el mundo de Batasuna con ETA. Y ninguno de los tres grupos de la oposición parecen estar tampoco por la labor de aceptar el “justo medio” en que creen -otra vez con argumentos discordantes- que se está situando el PNV para aparecer como “oficiante” último de la consolidación del final de la violencia.
Es verdad que los hechos son los hechos. La sucesión de muertes que desgrana con asepsia de quirófano el informe sobre vulneración de derechos humanos firmado por Juan María Uriarte, Manuela Carmena, Jon Landa y Ramón Múgica, al hilo del plan de paz, describe la realidad estremecedora de las violencias que han dejado su poso en Euskadi. Pero pocas cosas hay más interpretables, e incluso manipulables, que las estadísticas. Es un riesgo del que no se salva el propio informe, aunque pretenda evitarlo limitándose a consignar los datos sin nombre y sin contexto. En sus sugerencias finales, los autores subrayan la dificultad de recoger, de cuantificar, aquellos sufrimientos que no pueden considerarse propiamente como vulneraciones de derechos humanos. Pero incurren en la equiparación que se dice querer soslayar al mencionar, línea con línea, el padecimiento de los familiares de los amenazados, extorsionados o difamados por ETA y el padecimiento de los allegados de los presos. Sufrir por el otro es un sentimiento tan humano y comprensible que solo los desalmados están libres de él. Pero el cariz de los sufrimientos citados no es comparable: uno proviene del ejercicio abyecto de la violencia en sus distintas expresiones, el otro nace del castigo penal por esa violencia, en ocasiones traducida en asesinatos múltiples.
La reclamación de una paz sin vencedores ni vencidos obvia que las víctimas ya fueron vencidas: el terror les arrebató a aquellos a quienes querían, a aquellos que significaban su vida entera. Los que lo perdieron todo o casi todo asisten a una paz que ha llegado porque la izquierda abertzale no podía sobrevivir por más tiempo con ETA atentando, no por la asunción ética de que matar estuvo mal. La ciudadanía vasca ha convivido con violencia, ahora empieza a hacerlo sin ella. Pero queda trecho entre esta vivencia cotidiana y la escenificación de una paz a cuatro y simétrica en la que puedan acabar diluyéndose las responsabilidades contraídas.