Admitámoslo: hay pocas cosas que estimulen más el ‘voyeurismo’ que la publicación de lo que gana y de lo que tienen -en dinero, en bienes o en deudas- nuestros representantes públicos. El último en desnudar sus cuentas ante la ciudadanía, con seis meses de retraso sobre el compromiso que él mismo adquirió, ha sido Alfredo Pérez Rubalcaba. La publicación de los sueldos y del patrimonio en los últimos diez años del hoy secretario general del PSOE no solo anima la curiosidad por lo qué él percibe, sino por comparación con Mariano Rajoy, que contabiliza unos ingresos netos superiores en 644.670 euros a los declarados por el líder de la oposición. La diferencia es relevante no solo porque deja constancia de que el PP retribuye más generosamente a sus miembros, sino porque están en curso las investigaciones para determinar cómo amasó su desmedida fortuna Luis Bárcenas, cómo se gestionaron los sobresueldos del PP y si la financiación de los populares ha llevado aparejada, como contrapartida, eventuales favores a los donantes en forma de contratos públicos. Los cientos de imputaciones y las condenas por corrupción han forzado a los políticos a un mayor e imprescindible ejercicio de transparencia del que no están en condiciones de quejarse: al fin y al cabo, es la reiterada y bochornosa cobertura que los partidos prestan a los suyos cuando se corrompen la que ha extendido una insana desconfianza en la sociedad sobre la honradez de los que gobiernan y sobre la limpieza del Estado democrático. Así las cosas, todos hemos podido enterarnos en las últimas horas no solo de los salarios de Rubalcaba, sino también de que en 2009 perdió a su madre porque su patrimonio se vio incrementado por la percepción de la herencia.

Pero la pregunta empieza a ser si es necesario saber tanto, y si saber tanto sirve realmente para mucho más que el control parlamentario de los bienes de los políticos y el cotilleo patidista, periodístico y ciudadano. En su exposición de motivos, el legislador ya contempló la posibilidad de que los gestores públicos fueran apuntados “como sospechosos de conductas irregulares” al cambiar hace dos años el artículo 160.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, a fin de que diputados y senadores revelaran sus ingresos y sus bienes patrimoniales. Pero consideró que “las circunstancias que operan en la vida pública española”  -agravadas desde entonces- recomendaban extremar el rigor y la transparencia, con la única salvaguarda de la preservación de los derechos constitucionales. Lo cierto es que los políticos, sin apenas matices, se ven sometidos no ya a una sospecha generalizada sobre su honorabilidad, sino a una inspección sobre sus retribuciones que, en ocasiones, linda peligrosamente con la divulgación de datos personales e íntimos -el fallecimiento de la madre de Rubalcaba- que a nadie importan y que poco nada aportan a la lucha contra la opacidad y la impunidad en las conductas irregulares. El ambiente se hace cada vez más irrespirable en cualquier democracia socavada por tal ‘Estado de desconfianza’ que los ciudadanos no creen en la probidad de sus representantes hagan lo que hagan y presenten lo que presenten. Aunque cabe cuestionarse también por cómo van a diluirse una animosidad y una desafección tan arraigadas cuando el PP utiliza la mayoría absoluta obtenida legítimamente en las urnas para imponer el rodillo parlamentario e impedir, de facto, cualquier intento de control por parte de la oposición de la acción del Gobierno, en este caso en lo que se refiere a la gestión del ‘escándalo Bárcenas’. Y cómo puede jactarse Rubalcaba de cobrar mucho menos que Rajoy, cuando el PSOE ampara el blindaje de José Antonio Griñán para que las irregularidades en los ERE andaluces no le salpique más de lo que le ha obligado ya a renunciar a la presidencia de la Junta.