Los discursos políticos tienen valor por lo que dicen y también por lo que callan. Iñigo Urkullu ha subido esta mañana a la tribuna de oradores para afrontar su primer pleno de Política General, nueve meses después de la constitución de su Gobierno, en un contexto marcado por el pacto PNV-PSE que le garantiza la estabilidad de su mandato y por la implosión independentista en Cataluña. El lehendakari ha dado por terminado el tiempo del “café para todos” en un Estado español erosionado por la crisis, pero ha marcado calculadas distancias con el proceso soberanista que ha llenado de esteladas las calles catalanas y que empuja a la CiU de Artur Mas por un camino tan  ignoto como cargado de incertidumbres. Urkullu ha insistido en que ésta debe ser la legislatura de la revisión del marco jurídico-político vasco, una vez cerrado el ciclo de la violencia etarra y con la izquierda abertzale legalizada de vuelta al Parlamento. Pero ha querido eludir cualquier sombra de división y crispación -el recuerdo de los tensos tiempos de Ibarretxe está aún fresco en la memoria jeltzale-, definiendo su propuesta como una “oportunidad” para “actualizar nuestro estatus de autogobierno sobre una base acordada” que permita alcanzar un lugar común “en el que podamos encontrarnos satisfechos”. A diferencia de lo que está ocurriendo en Cataluña, donde los aldabonzados de las Diadas de 2012 y de este año, están orientando la estrategia soberanista de la Generalitat, Urkullu y su partido apuestan por que sea una ponencia parlamentaria con todos los grupos de la Cámara la que encauce el debate sobre el futuro del autogobierno, desde el reconocimiento de que Euskadi goza de una singularidad constitucional -los derechos forales y el Concierto Económico- que la sitúa de partida en un estadio distinto a Cataluña y que debe preservarse. De su intervención se desprende que el lehendakari no contempla hoy por hoy otro procedimiento que no parta de un pacto interno “entre diferentes” y de un consenso con Madrid que confieran seguridad política y jurídica a lo que pueda resultar de la discusión en la Cámara de Vitoria. Aunque tan significativo como lo dicho ha sido lo que el jefe del Gobierno no ha mencionado: ni la reivindicación del derecho a decidir con todas sus letras, ni la fecha concreta de 2015 que sí figuraba en el programa electoral peneuvista y que Urkullu ya eludió en su discurso de investidura el pasado diciembre.