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Lourdes Pérez

La mirada

Punto de ruptura

No hay Justicia sin Ley, lo ha dejado sentado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y ningún juez puede estar dispuesto en un Estado de Derecho a vulnerar la Ley bajo la presión de tener que hacer Justicia, porque ambas cosas son indisociables en democracia. El inmenso dolor que tiene que suscitar en tantas y tantas víctimas la salida de prisión de quienes les provocaron un sufrimiento atroz no puede traducirse en desobediencia al fallo de Estrasburgo. Ni en reclamar a la Magistratura que actúe contra su esencia -el obligado respeto a la Ley, de la que también forman parte las sentencias- para evitar lo inevitable: que presos etarras salgan de la cárcel cuando les correspondía, por hiriente que sea que lo hagan sin mostrar la más mínima congoja por todo el daño causado. El TEDH ha interpretado que la aplicación retroactiva de la doctrina Parot era un ejercicio de ingeniería jurídica que no podía prosperar. Y los jueces, rearmados en la dignidad de su oficio ante el final de ETA, han decidido acatar el veredicto de Estrasburgo y hacerlo, además, sin dilaciones inspiradas por una nueva ingeniería jurídica.
La resolución de esta semana del Tribunal Supremo certificando las excarcelaciones de los reclusos etarras ha transformado el malestar que la AVT y otras organizaciones afines arrastran hacia el Gobierno del PP en indignación hacia la respuesta ofrecida por la Magistratura. Supone un salto cualitativo, un punto de ruptura, de inquietantes consecuencias. No hay reproche más grave contra un juez que el que ha lanzado la asociación encabezada por Ángeles Pedraza a los penalistas del Supremo, a los que acusa de haber prevaricado: es decir, de haber adoptado su resolución sobre la ‘sentencia Parot’ a sabiendas de que es injusta. Aunque peor aún es preguntarse qué clase de Justicia puede satisfacer a las víctimas discrepantes, si ya no confían en los magistrados que han de aplicar la Ley contra la impunidad y en pro del resarcimiento de los que más han padecido el terror etarra. No hay Justicia sin Ley. Y obviarlo ante las víctimas supone trampear con la verdad que merecen, cuando no mentirles directamente.

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