El lehendakari Urkullu y el president Mas acaban de celebrar su segunda ‘cumbre’ en Ajuria Enea en apenas siete meses sin que la efervescencia soberanista catalana haya arraigado en Euskadi y sin que ambos mandatarios hayan trazado una hoja de ruta compartida en sus reclamaciones ante el Estado español. Antes al contrario: a cada día que pasa, y con Cataluña paralizada por el tira y afloja de Convergencia y Esquerra sobre el anticipo -o no- de las autonómicas plebiscitarias, el PNV que acaba de pactar los Presupuestos vascos con el PSE y que afronta el ciclo electoral de 2015 a cara de perro con la izquierda abertzale parece muy poco dispuesto a dejarse enredar en estrategias que no son las suyas. O que, directamente, contravienen sus intereses en un tiempo tan convulso e incierto, en el que cualquier advenedizo pertrechado con coleta, camisa blanca y una hábil retórica puede darle un serio mordisco a tu espacio socio-electoral. Pero pese a la vaguedad, en lo que a compromisos concretos se refiere, de la nota pactada entre los jefes de Gobierno vasco y catalán, su cita dominical no fue inocua. Especialmente porque representa un inesperado capote de Urkullu a una Convergencia que se está dejando en el camino hacia la independencia su hegemonía de décadas en Cataluña, que no termina de persuadir a ERC -ni por las buenas ni por las malas- de la conveniencia de una lista única hacia la secesión que difumine las diferencias programáticas y que va a afrontar un muy incómodo examen de su dilatado liderazgo al frente de la Generalitat con las investigaciones del ‘caso Pujol’. El lehendakari ha ofrecido a Mas un espaldarazo imprevisto al suscribir con él una declaración oficial en la que no solo se soslaya la evidencia -que CDC está directamente interpelada por el dedo acusador de la corrupción, sean los negocios del clan Pujol-Ferrusola, el saqueo del Palau o las supuestas comisiones del 3% denunciadas por Pascual Maragall y otros dirigentes del tripartito de izquierdas-; sino que afea la utilización perversa que estarían haciendo “algunos partidos políticos” de las presunta mala praxis en la gestión de lo público. Resulta cuando menos llamativo que el lehendakari y los suyos, aferrados al discurso de que Euskadi tampoco es España en lo que a prácticas corruptas se refiere, haya optado por una redacción común con Convergencia en un asunto tan delicado y en el que Cataluña ha dejado de ser -también en esto- un espejo en el que poder mirarse. El resultado es que el nacionalismo institucional vasco se está mostrando bastante más deferente con sus ‘pares’ catalanes que lo que éstos fueron durante la tormentosa tramitación del plan Ibarretxe. O durante cualquier negociación que pudiera comprometer la privilegiada interlocución de CiU en el pasado con los distintos inquilinos de La Moncloa. Todavía resuenan en las hemerotecas las desabridas palabras de Mas cuando se negó a defender la consulta catalana en el Congreso para no sufrir una “nueva humillación” como Ibarretxe. Un Ibarretxe que, a diferencia del president de la Generalitat, sí asumió la responsabilidad de reivindicar en primera persona desde el estrado de la Cámara Baja el proyecto autodeterminista que llevaba su nombre.