Es posible que haya un cúmulo de razones, no todas confesables, que expliquen la fulminante dimisión de Alberto Ruiz-Gallardón y su retirada de la vida pública en la que lleva tres décadas justo después de que el presidente del Gobierno en persona, sin intermediarios ni plasmas de por medio, confirmara el secreto a voces: que el Ejecutivo retirará definitivamente la ley del aborto de su programa legislativo, lo que desautorizaba de facto al titular de Justicia y volvía a cortocircuitar -en esta ocasión para siempre- su nunca del todo satisfechas ambiciones políticas. Es también posible que, una vez más, Rajoy haya dado cuerda a “la convicción” de uno los suyos -nadie puede creer que se mueva una hoja en un Consejo de Ministros sin la anuencia del jefe-, permitiendo que Gallardón llegara al borde del precipicio al que la falta de consenso partidario, la contestación interna en el Gobierno y en el PP y la desafección social constatada en las encuestas empujaban desde que decidió poner en el punto de mira de su proyecto reformista la muy sensible normativa sobre la interrupción del embarazo. El ministro dimisonario no solo ha soliviantado bajo su mandato a muchas mujeres -a la izquierda y también a la derecha-: es difícil encontrar un solo juez que no albergue alguna cuita profesional hacia el titular de Justicia, responsable, entre otras medidas impopulares, de la imposición de las tasas que han apartado de los juzgados a los ciudadanos más vulnerables que no tienen recursos para pagarlas. Así que es probable que hayan operado factores variopintos en la renuncia, que incluyen la defensa de su honorabilidad personal y política por parte del afectado y las duraderas heridas que fue abriendo en su carrera el pulso con Esperanza Aguirre, que ahí sigue pese a haber anunciado solemnemente hace meses que se marchaba. Pero hay una cosa indiscutible que deja sobre el tapete el abandono de Gallardón: el hecho de que el detonante haya sido su voluntad de cambiar la ley del aborto, en su caso endureciendo las condiciones para las mujeres y quebrando el pacto partidario y social no ya sobre la reforma promovida por el Gobierno Zapatero en 2010, sino sobre la normativa original de 1985. Es previsible que la dimisión de alguien con un peso tan notable como Gallardón vacune contra futuros intentos de tocar una legislación que apela a la conciencia de cada uno y que no pocas mujeres, más allá de hasta dónde llegue su reivindicacion, continúan contemplando como una conquista. Como el reconocimiento por la sociedad de que un aborto supone un desgarro tan íntimo que necesita seguridad jurídica, certidumbre sanitaria y la suficiente tolerancia para que quien opte por interrupir su embarazo no se vea señalada por ningún dedo acusador.