Hoy se dirime en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) si el Estado espa\u00f1ol, representado por el Gobierno y la c\u00faspide de su sistema penal -la Audiencia Nacional, el Supremo y el\u00a0 Constitucional-, vulner\u00f3 las prerrogativas que asisten a la presa de ETA In\u00e9s del R\u00edo al\u00a0imponerle un alargamiento de la\u00a0pena por la v\u00eda de la doctrina Parot y aplicarle, con ello, un castigo sobrevenido y m\u00e1s gravoso que el fijado por el C\u00f3digo Penal vigente en el momento en que perpetr\u00f3 los 23 asesinatos por los que est\u00e1 condenada. Esta es la forma m\u00e1s escueta de\u00a0resumir el galimat\u00edas jur\u00eddico que, lejos de apasionamientos, deber\u00e1n dirimir a partir de ahora los 17 integrantes de la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo; entre ellos, el \u00fanico juez espa\u00f1ol, Luis L\u00f3pez Guerra, exsecretario de Estado de Justicia con Zapatero y cuya conocida oposici\u00f3n al nuevo recuento de las penas de c\u00e1rcel inquieta particularmente al Ejecutivo de Rajoy. La opini\u00f3n de los llamados ‘jueces nacionales’ en casos que competen a sus pa\u00edses de origen no es balad\u00ed. Hasta el punto de que en el Gobierno cunde la convicci\u00f3n de que el veredicto previo que tumb\u00f3 la doctrina Parot, adoptado en julio por unanimidad de los siete magistrados de la Secci\u00f3n Tercera del propio (TEDH), no habr\u00eda sido el mismo si L\u00f3pez Guerra hubiera avalado la posici\u00f3n de los principales tribunales espa\u00f1oles.<\/p>\n
Pero hay tambi\u00e9n otra forma de describir lo que se resuelve en Estrasburgo, donde hoy han comparecido las v\u00edctimas del terrorismo y la izquierda abertzale. Es el debate entre lo legal y lo justo, concentrado en preguntas que tienen ida y vuelta. \u00bfQu\u00e9 es m\u00e1s\u00a0razonable desde el punto de vista de una Justicia que, adem\u00e1s de la reinsercion busque reparar el da\u00f1o causado: que terroristas, u otros asesinos m\u00faltiples o violadores en serie,\u00a0puedan acogerse a beneficios penitenciarios que acorten su estancia en prisi\u00f3n o que se aproximen al cumplimiento de los 30 a\u00f1os m\u00e1ximos previstos por la legislaci\u00f3n espa\u00f1ola, una de las m\u00e1s restrictivas de Europa? \u00bfLa gravedad de los delitos cometidos justifica que se fuercen los m\u00e1rgenes de los derechos que asisten a toda la poblaci\u00f3n reclusa, con independencia de su procedencia? \u00bfCu\u00e1l es la condena efectiva y respetuosa con el campo de juego del Derecho para, por ejemplo, In\u00e9s del R\u00edo, culpable de 23 cr\u00edmenes por los que no ha expresado arrepentimiento y no ha mostrado empat\u00eda alguna hacia sus v\u00edctimas? En julio, en su sentencia en primera instancia, el Tribunal Europeo ya advirti\u00f3 de que no puede haber condena sin ley. As\u00ed pues, el viejo dilema entre lo que puede ser m\u00e1s o menos justo y lo que es legal o no ha vuelto a sobrevolar hoy la Gran Sala de Estrasburgo. Aunque un veterano magistrado espa\u00f1ol, persuadido de que el TEDH revocar\u00e1 la doctrina Parot, prefiere referirse con un punto de sorna al problema como una cuesti\u00f3n de matem\u00e1ticas: del repel\u00fas que, en su opini\u00f3n, siempre han tenido la mayor\u00eda de los jueces hacia el “engorro” del c\u00f3mputo de las penas penitenciarias, como si fuera posible -a\u00f1ade- hacer Justicia solo poniendo sentencias y no asegur\u00e1ndose de c\u00f3mo se ejecutan los castigos penales impuestos.<\/p>\n
Lo que admite menos dudas es que sea cual sea el veredicto definitivo del Tribunal Europeo, el Gobierno est\u00e1 obligado a acatarlo. Es verdad que el ordenamiento espa\u00f1ol no tiene incorporada una ‘cl\u00e1usula de revisi\u00f3n’ que permita asumir autom\u00e1ticamente los dict\u00e1menes de Estrasburgo, pero en su condici\u00f3n de socio comunitario, de defensor de los principios fundacionales de la UE y de firmante del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Estado no tendr\u00e1 ante s\u00ed otra alternativa que admitir un\u00a0posible voto contrario a sus intereses por parte del TEDH. La “ingenier\u00eda jur\u00eddica” a la que ha aludido el ministro de Interior, Jorge Fern\u00e1ndez D\u00edaz, no va a poder sortear esa eventualidad si as\u00ed se confirma. Porque nadie se imagina a ninguno de los tres tribunales concernidos -el Supremo, el Constitucional y la Audiencia Nacional, la que corresponder\u00eda revisar la hoja de c\u00f3mputo de las penas ante una anulaci\u00f3n de la doctrina Parot- intentado eludir aquello que puedan ordenarles sus colegas de Estrasburgo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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