Con independencia del acuerdo al que acaben llegando los negociadores del PP y el PSOE, la crisis de los desahucios ya ha tenido consecuencias. La primera, que todos los que adeudamos nuestra casa y somos, por lo tanto, susceptibles de ser embargados si la vida se nos hunde alrededor sabemos ya que nuestra suerte pende de una ley de 1909. Que productos financieros complejos est\u00e9n regidos por un procedimiento de ejecuci\u00f3n (hipotecaria) del deudor de hace un siglo lleva a dos preguntas inmediatas: si no ha mediado en estos 103 a\u00f1os ninguna reserva por parte de nadie -tampoco por ning\u00fan gobierno en tres largas d\u00e9cadas de democracia- que se planteara modificar una legislaci\u00f3n injusta, como dictamin\u00f3 hace apenas unos d\u00edas la abogada general del Tribunal de Justicia de la UE ; y si el hecho de que no haya habido hasta ahora una demanda social para cambiar la ley no da la medida exacta de que jam\u00e1s como en los \u00faltimos a\u00f1os ha cundido tanto la codicia, y de que nunca como hasta ahora hemos estado tan cerca y tan r\u00e1pido de poder pasar de un acomodado bienestar al empobrecimiento sin expectativas.<\/p>\n
Todo malestar social larvado precisa para estallar de un detonante y de una voz autorizada que haga bandera de su causa. Aunque no respondiera en principio a un perfil de “extrema necesidad” -o precisamente por eso-, el suicidio de Amaia Ega\u00f1a ha hecho insostenible el drama de los desahucios de la misma manera que el asesinato de Ana Orantes en diciembre de 1997, quemada viva por su marido tras denunciarle p\u00fablicamente, termin\u00f3 de abrir los ojos sobre la devastaci\u00f3n silenciosa que estaba provocando la violencia machista. Y la voz autorizada ha llegado, esta vez, por un flanco inesperado: el de los jueces que se ven maniatados para poder hacer buen Derecho por una ley desfasada y muy desigual para los deudores. “El Derecho ha matado a la Justicia” ha dejado dicho el presidente del Tribunal Superior vasco, Juan Luis Ibarra, tras la muerte de Amaia Ega\u00f1a. A mediados de los a\u00f1os 70, la Magistratura tuvo que afrontar pleitos entre promotores y constructores por la feroz y repentina carest\u00eda de los productos petrol\u00edferos. Alguno de los jueces concernidos decidi\u00f3 entonces aplicar un principio legal: ‘Rebus sic stantibus’, o lo que es lo mismo, ‘mientras est\u00e1n as\u00ed las cosas’. Seg\u00fan ese principio, lo pactado se mantiene en su literalidad siempre que no se produzca un cambio sobrevenido en las circunstancias que altere de manera sustancial las condiciones en que se sell\u00f3 el acuerdo. Esto es lo que\u00a0 les habr\u00eda ocurrido a quienes no pueden seguir pagando la hipoteca porque el contexto econ\u00f3mico, y de su econom\u00eda, se ha trastocado gravemente. ‘Rebus sic stantibus’ tambi\u00e9n podr\u00eda traducirse por que la Justicia tiene alma. Que es capaz de mostrarse sensible, y denunciarlo, cuando los m\u00e1rgenes de la ley son tan sumarios, anticuados y desequilibrados que desembocan en resoluciones injustas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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