En virtud de la sentencia emitida ayer por el Tribunal de Estrasburgo, España dejará de ser en breve el único país europeo que retiene en prisión a reclusos, años después de que hayan terminado de cumplir su condena. La decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos pone en evidencia que los sucesivos gobiernos españoles se han dedicado con fruición a estafar a las víctimas del terrorismo -y por extensión, al resto de la sociedad- mediante la venta diaria de mercancía averiada, una práctica que se remonta tres lustros atrás, arranca con aquella bochornosa interpretación de ‘La Macarena’ en los jardines de La Moncloa en el contexto de lo que debía ser un homenaje a Miguel Ángel Blanco, continúa en los días posteriores al 11 de marzo de 2004 con la operación de embuste masivo dirigido contra el cuerpo electoral y finaliza ahora, mediante retorcidas divisiones entre número de víctimas y años de prisión.

La sociedad española, tan compleja como cualquier otra, requiere la necesidad de aunar distintas insensibilidades. Así, el principio de que la sanción penal por un asesinato no puede ser la misma que por veinte colisiona llevada a su extremo con el principio de realidad. Tampoco debería ser la misma por veinte que por doscientos y, sin embargo, sólo es posible asignar una cadena perpetua o incluso una pena de muerte por persona. Por otra parte, si resulta chocante que Inés del Río salde su sentencia a razón de once meses por asesinato -en virtud de la propia legislación española-,también habrá que asumir la dificultad de entender que la condena por, pongamos por caso, quemar un cajero automático multiplique varias veces la cumplida los Barrionuevos, Veras, Sancristóbales o Amedos. En última instancia, cómo explicar desde parámetros estrictamente judiciales que Otegi lleve ya más tiempo encarcelado del que Galindo pasó por el secuestro y asesinato de dos personas. Hace tiempo que nos hemos acostumbrado a convivir con lo imprevisible porque, como anoche admitió con desparpajo Consuelo Ordóñez en ‘El Intermedio’, la Justicia española es muy capaz de tomar  una decisión y la contraria, a partir de unos mismos hechos probados.

También en la sociedad vasca conviven distintas insensibilidades. Así, una misma persona puede considerar la práctica de la pornografía como motivo de desprestigio y  bancarrota  social y a la vez, merecedores de homenajes populares a quienes han practicado la violencia con letales consecuencias, todo esto, sin intuir siquiera la posibilidad de que resulten ofensivos en extremo, innecesariamente sangrantes. La lastimosa rueda de prensa que los ministros de Justicia e Interior ofrecieron ayer, unida a la acusada tendencia al despropósito de la Audiencia Nacional, anuncian que el Gobierno sigue en condiciones de hacerse un roto a sí mismo, sin ayudas externas. Dado que quienes ayer se consideraron perdedores ya amagaron con no saber perder, sería importante que quienes se retrataron como ganadores sepan ganar. De Txiberta a Argel, pasando por Lizarra y Loiola, los estrategas de la izquierda abertzale se han caracterizado por su infablible capacidad a la hora de malograr una ocasión tras otra. Inesperadamente, ahora se topan frente a la enésima. Si no aprovechan la oportunidad, que al menos no descuarticen la esperanza.