Asier Minondo

Nadie nace sabiendo. Así lo debieron pensar muchos de los dirigentes de los países africanos y asiáticos que se fueron descolonizando a lo largo del Siglo XX. Uno de los grandes retos a los que se enfrentaban estos gobernantes era mejorar las condiciones de vida de sus países. Los países descolonizados estaban, mayoritariamente, especializados en la agricultura y la minería, mientras que los países más avanzados estaban especializados en la industria. Si poseer un sector industrial era sinónimo de desarrollo, parecía razonable concluir que los países descolonizados debían desarrollar su propia industria si querían acercarse a los niveles de renta de los países más avanzados.

Sin embargo, desarrollar una nueva industria no era tarea fácil, ya que ésta tenía que competir con empresas de los países más avanzados con muchos años de experiencia. Para que las nuevas empresas industriales pudieran alcanzar esta experiencia, muchos países en vías de desarrollo cerraron sus fronteras a los productos industriales de otros países. Al ofrecer un mercado cautivo, las nuevas empresas de los países en desarrollo tendrían un periodo para aprender y mejorar, se crearían incentivos para que se desarrollasen empresas auxiliares y se formaría a trabajadores con las habilidades necesarias para trabajar en las nuevas industrias. Una vez alcanzado un nivel de eficiencia que les permitiera competir con las empresas de los países en vías de desarrollo, la protección ya no sería necesaria.

La evidencia no ofrece un diagnóstico claro sobre el resultado de estas políticas. En muchos países, la protección creó empresas muy poco eficientes. En otros casos, como Corea del Sur o Taiwán, la protección sí permitió que las nuevas empresas alcanzasen una nivel de experiencia y eficiencia para competir en los mercados internacionales. Para aportar evidencia adicional al debate sobre si la protección beneficia o no el desarrollo de nuevas industrias, un estudio reciente, realizado por la profesora Réka Juhász de la Universidad de Columbia, ha analizado un episodio histórico anterior a los procesos de descolonización en África y Asia: la prohibición de importar manufacturas del Reino Unindo, y en concreto los textiles de algodón, en la Europa Continental durante las guerras napoleónicas.

Antes de las guerras napoleónicas, la industria textil del algodón estaba dominada por los productores británicos. Para ahogar económicamente al Reino Unido, Napoleón prohibió la importación de productos textiles de algodón de este país en la Europa Continental. Sin embargo, esta prohibición fue más fácil de imponer en la costa Norte de Europa, y en especial en el Canal de la Mancha, en el que el control de las autoridades francesas era más férreo, que en la costa mediterránea. Así, el precio de los productos textiles de algodón aumentó mucho más en los departamentos cercanos al Canal de la Mancha, que en los del sur de Francia. El estudio muestra que este aumento de los precios provocó que las empresas francesas de textil de algodón aumentasen su producción y, especialmente, incentivó el nacimiento de nuevas empresas en este sector en el norte de Francia. Además, el estudio muestra que la industria textil de algodón que se desarrolló bajo el paraguas de la prohibición en el norte de Francia siguió siendo competitiva muchos años después, una vez que había desaparecido la prohibición de importar productos textiles de algodón del Reino Unido. Este resultado sugiere que la protección temporal durante las guerras napoleónicas permitió a las empresas francesas adquirir una experiencia y tamaño que las hizo competitivas más adelante.

La autora del estudio es muy cauta a la hora de trasladar estos resultados al contexto actual y concluir que las políticas de protección temporal puedan facilitar el desarrollo de sectores punteros como el coche eléctrico o la biotecnología. Sin embargo, el estudio sugiere que un cierto margen para la experimentación puede ser interesante en aquellos países que parten con una desventaja, pero tienen una ventaja latente en un sector. Los gobiernos, no obstante, no suelen ser los más aptos para determinar en qué sectores puede existir una capacidad latente.