Hace algunos meses nos referimos en este blog a la desigualdad de la renta. Hoy hablaré de la desigualdad de la riqueza en España, utilizando otra vez el informe World Inequality Report 2018, que publicó hace pocos meses el World Inequality Lab (Escuela de Economía de París), basado en un trabajo de Clara Martínez Toledano. La Tabla 1 muestra la desigualdad de la riqueza familiar en España. Muestra por cada grupo el número de familias, la cuantía de nivel de riqueza mínimo a partir de la cual comienza un determinado colectivo (threshold), el nivel de riqueza media, y la participación en la riqueza en el año 2013. La riqueza neta media por adulto en España es 144.000€ aproximadamente. Sin embargo, la riqueza neta media por adulto para el 50% más pobre fue de sólo 18.900€ y este colectivo poseía el 6,6% de la riqueza total. En el colectivo central del 40%, la renta media era de 133.000€ y poseía el 36,9% de la riqueza total, cerca de su peso poblacional. Por todo ello, el colectivo con la población 10% más rica se queda con el 56,5% de la riqueza total, para una riqueza media de 813.000€, muy por encima de la media total (más de 5 veces más) o de la media del 50% más pobre (más de 43 veces más).
Tabla 1. La distribución de la riqueza familiar en España, 2013.
Fuente: World Inequality Report 2018.
Las participaciones en la riqueza que van a parar a cada colectivo (el 10% superior, el 40% intermedio y el 50% inferior) en España han variado poco en los últimos casi 30 años, como se puede observar en la Figura 1. Sin embargo, la composición de la riqueza varía a medida que uno se mueve de unos grupos de riqueza a otros (no se muestra el gráfico en el post). En el 20% inferior la mayor parte de la riqueza es financiera (dinero y depósitos), en la parte central la vivienda pasa a ser la riqueza principal, pero a medida que pasamos a niveles de riqueza superiores, la vivienda pierde peso y lo ganan los activos financieros (pero esta vez son acciones, fondos de inversión, bonos, seguros de vida, fondos de pensiones, etc.).
Figura 1. Las participaciones en la riqueza en España, 1984-2013.
Fuente: World Inequality Report 2018.
Todo ello me lleva a un interesante debate que está teniendo lugar en Estados Unidos sobre los impuestos a los muy ricos. La senadora Warren, una de las posibles candidatas para la nominación del partido demócrata a la presidencia de los Estados Unidos ha propuesto un impuesto sobre la riqueza de los “megarricos”: 2% sobre el patrimonio por encima de los 50 millones de dólares y un 1% adicional sobre aquello que esté por encima de los 1.000 millones de dólares. Con ello sugiere que se podría recaudar un 1% del PIB cada año, según Emmanuel Saez y Gabriel Zucman (pincha aquí y aquí). Evidentemente, es un cambio importante respecto a la situación dominante a partir de los años 80 en los Estados Unidos, pero no tan raro respecto a la situación existente durante la primera mitad del siglo XX.
En nuestro entorno más cercano, existe un impuesto sobre el patrimonio, que en España recauda, a través de las comunidades autónomas y territorios forales, unos 1.000 millones de euros, lo que no llega a ser el 0,1% del PIB español (pincha aquí).
En el post de hoy me atrevo a conjeturar qué podría pasar, aprovechando los datos aproximados de la Tabla 1, si se estableciera un impuesto sobre el patrimonio del 1% a partir de una riqueza de 1,385 millones de euros, que afectaría al 1% de la población más rica. Al haber 350.800 adultos en este colectivo y tener una riqueza media de 3,029 millones de euros, pagarían el 1% del exceso (3,029-1,385=1,644 millones de euros), lo que resultaría en 16.440€ por adulto y 5.767,152 millones de euros en total. A esto habría que restar un porcentaje por evasión fiscal, etc. Restando un 15% (cifra que utilizan Saez y Zucman), quedarían casi 5.000 millones, 5 veces más de lo que se recauda ahora. Así, pues, hay mucho margen para la recaudación. La Comunidad Autónoma de Madrid “renunció”, por ejemplo, a unos 650 millones de euros, aproximadamente, cuando decidió aplicar una bonificación total para este impuesto en 2010. En el caso de Gipuzkoa, como supone un 2% del PIB español, podría implicar 100 millones de euros. En 2017 se recaudaron casi 75 millones de euros (pincha aquí). Sin embargo, se prevé que las reformas realizadas en 2018 van a suponer una merma de casi 13 millones de euros en la recaudación. Sería conveniente ver su evolución.
Finalmente, en el mismo informe sobre la desigualdad de la riqueza en España, se ofrece una estimación del total de activos no declarados que se hallan offshore, que se muestran en la Figura 2, y que para 2015 son un total de 147.000 millones de euros, siguiendo el trabajo de Gabriel Zucman del que nos hicimos eco en este blog.
Figura 2. Activos no declarados offshore en España, 1984-2013.
Fuente: World Inequality Report 2018.
Habrá que pensar algo sobre esto también …