Alberto Moyano

La liberación y posterior regreso a casa de los tripulantes del pesquero ‘Playa de Bakio’ tras su secuestro frente a la costa somalí ha dado pie a la penúltima reedición del debate en torno al pago de rescates.

Sorpredentemente, los detonadores de la polémica han tenido el inmenso decoro de esperar a que los ‘piratas’ hubieran abandonado el barco para poner la cuestión sobre la mesa. Las posturas, en este caso, han sido dos: 1) El estado de derecho nunca debe negociar, y menos aún satisfacer, las demandas de los secuestradores. 2) Básicamente, comparte la opinión anterior aunque con un matiz: en Somalia no existe estado, ni autoridad competente, lo que convierte el pago del rescate en única alternativa frente al siempre arriesgado asalto del barco por fuerzas militares.

Lógicamente, la firmeza de las posturas es directamente proporcional a la distancia que separa al que las formula del lugar de los hechos. El caso Aldo Moro, dirigente de la Democracia Cristiana italiana secuestrado y ejecutado por las Brigadas Rojas, es el ejemplo de manual. La ausencia de cualquier intento de negociar con los secuestradores se justificó recurriendo incluso a la voluntad del propio Moro. “Siempre se opuso a negociar con terroristas”, se dijo. “No es él”, se añadió cuando el político, desde su zulo y mediante cartas, expresó su deseo de que se pactara su liberación.

En realidad, no existe doctrina acabada sobre cómo abordar el chantaje. En España, el Gobierno ha pagado o no según diversas circunstancias. El ex dirigente de UCD Javier Rupérez y los ‘polimilis’ que le secuestraron pueden atestiguarlo.

Por lo demás, la resolución del caso del ‘Playa de Bakio’ carece de originalidad. De hecho, el secuestro de barcos de diversas nacionalidades en la zona somalí es tan frecuente como el pago de sus correspondientes rescates, tal y como demuestra el auge y pervivencia de la industria pirata local, convertido ya en pujante sector económico.