El Partido Animalista, PACMA, ha solicitado en un escrito dirigido al alcalde de Astigarraga la apertura de un expediente disciplinario al jefe de la Policía Local de dicho municipio. Los motivos de esta solicitud, según el PACMA, son que dicho agente les insultase en una carta que recibieron del mismo como respuesta a una denunciada presentada por este partido sobre la situación en la que se encontraba un perro de esa localidad.

El pasado 22 de marzo el PACMA presentó una denuncia ante la Guardia Municipal de Astigarraga en la que se daba a conocer “la mala situación en la que se encontraba un perro de caza de 9 años al que su propietario obliga a vivir en un contenedor metálico en medio de un descampado”. Este grupo político explica que el jefe de la Policía Local resolvió el archivo de esa denuncia “pese a constatar in situ las condiciones en las que vive el animal”. No obstante, no ha sido este hecho el desencadenante de la petición de la apertura del expediente, sino “los juicios de valor irrespetuosos e insultantes hacia PACMA y sus votantes” que este funcionario emite en su escrito de respuesta a la denuncia.

Carta del jefe de la Guardia Municipal

En dicho escrito, el jefe de la Policía Local echa en cara a los miembros de este partido preocuparse más por un perro que, para él, “está en buenas condiciones”, habiendo cerca de dicho animal un asentamiento de chabolas en el que “malviven”, siempre bajo su criterio, un número importante de personas “en iguales o peores condiciones de vida e higiénico-sanitarias que las que presenta ese perro que tanto les preocupa”. Además, el jefe policial les acusa de ser hipersensibles algo que, a su criterio, “en la mayoría de los casos, es una enfermedad que necesita cura”.

El Partido Animalista considera que, si ya de por sí, el hecho de que el jefe policial califique de “enfermedad” la legítima defensa de los animales, “resulta absolutamente reprochable”, que esta “bravuconad” sea el resultado “del uso arbitrario del poder público, y que esté contenida en un documento público firmado y sellado por funcionario público pagado con el dinero de todos, que además es el miembro de la Jefatura de la Policía Local, encargado de velar por el cumplimiento de la legalidad, que incluye las leyes de protección animal y que está obligado por ley a cumplir sus funciones con sujeción a los principios de objetividad, neutralidad e imparcialidad, es un hecho grave y no debe quedar impune”.

El PACMA añade en su nota de prensa que “no podemos permitir que un poder público dotado de especiales prerrogativas se sirva de ellas para anteponer sus opiniones personales al interés general, ya que ello supone un grave menoscabo a los principios que rigen el Estado Democrático y de Derecho”.

Zona en la que vive el perro en un contenedor junto a las empresas