En la excelente película de Costa-Gavras ‘La caja de música’, la abogada interpretada por Jessica Lange intenta demostrar que su padre, Mike Laszlo, no la misma persona que Mishka, el temido oficial de la Policía húngara que durante la Guerra y bajo el régimen fascista implantado en el país magiar, perpetró innumerables crímenes contra la Humanidad. El personaje de Jessica Lange cuenta con el respaldo de su entorno familiar, persuadido de la inocencia del anciano, a excepción de su suegro, el abuelo Talbott, ex funcionario del Gobierno de EE UU que, con enorme pragmatismo, considera este extremo una cuestión menor: “Después de la guerra trabajamos con muchos de ellos (nazis) y eran magníficos soldados, personas como tú y como yo”, afirma en un momento del filme.

Cuando este domingo se publicó que Emilio Hellín, el asesino de la estudiante de Yolanda González, lleva un lustro contratado por el Ministerio del Interior en funciones de asesor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la película me vino a la cabeza, salvando por supuesto las enormes distancias entre ambos casos, no siendo la menor de ellas el hecho de que bajo ninguna circunstancia puede decirse que el asesino ‘ultra’ y la Policía llegarán jamás a ser realmente enemigos.

La paradoja española clona su esquema una vez más. Los saqueadores económicos son contratados para que asesoren a las grandes compañías y los matarifes, para que impartan cursillos a la Policía. Durante cinco años, Hellín instruyó a centenares de agentes sin levantar sospechas mediante el ingenioso truco de mutar su nombre por el de Luis Henrique y añadir una simple ‘g’ a su apellido. Ningún alto cargo de Interior, ni agencia de Inteligencia, ni sindicato policial se percató de la verdadera identidad del profesor, que una vez descubierta, tampoco se puede decir que haya sumido en la consternación al Ministerio.

“Ya ha cumplido su pena”, vino a decir ayer Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad, sobre el convicto que pasó en prisión catorce de los 41 años a los que fue condenado, fuga a Paraguay incluida. Obsérvese también el magnífico silencio de piedra pómez que mantienen las numerosas asociaciones de víctimas del terrorismo, custodios de la dolorosa memoria de este país y cuyos admirables desvelos en torno al esclarecimiento de los crímenes de terrorismo sin resolver contrasta poderosamente con el desdén que exhiben frente a otros casos ya resueltos, como el que nos ocupa.

Una de dos: o el verdugo franquista se ha rehabilitado o algunas instituciones del Estado nunca llegaron a hacerlo. Se comprende que en el creciente clima de normalidad democrática no haya lugar para fundaciones en recuerdo a la joven secuestrada y ejecutada, ya que tan sólo servirían para emborronar el ‘relato compartido’, pero aún así no deja de chocar que los mismos que envían víctimas a las aulas para que impartan clases de memoria, reparación y justicia contraten con carniceros de copago que, por recurrir a la sobada terminología al uso, “nunca han mostrado públicamente la menor señal de arrepentimiento”.