Por Carlos Rilova Jericó

El correo de la Historia de esta semana es uno de esos que preferiría no escribir pues, como ya se deducirá del título, va a tratar de un tema polémico y con Política actual (mal asunto) de por medio: los cien eventos (o más) que el actual gobierno español ha programado para, parece ser, conmemorar que este 20 de noviembre se cumplirán 50 años de la muerte del general Franco.

Sin embargo, como es un tema de Historia con impacto mediático, tanto las preguntas al respecto que se me han hecho en mi esfera privada -así como la reacción de la opinión pública- al final no me han dejado mucho margen para que un historiador calle sobre este asunto cuando, se supone, tiene ocasión y espacio para pronunciarse.

Empezaré por decir que, sinceramente, veo que esa iniciativa del actual gobierno de España, se está revelando desde el primer momento como una muy mala idea. Apenas ha saltado a la palestra, le han llovido críticas. Aunque oficialmente han sido desdeñadas como más fango de la Ultraderecha y de la llamada “Fachoesfera”, lo cierto es que yo he visto -objetivamente- venir esas críticas desde los ámbitos políticos más diversos. Así se constata en el manifiesto de la plataforma “Libres e Iguales” que ha salido a la luz con firmas poco sospechosas de militar en ese cajón de sastre que es la hoy tan socorrida Ultraderecha y menos aún en la conspicua “Fachoesfera”.

Más allá de este manifiesto, los mismos comentarios a esa noticia el 8 de enero resaltaban que no sólo el agreste Neofranquismo -que, desde luego, existe- se revolvía contra esta iniciativa. Así otra buena parte de la opinión pública española criticaba lo impostado de ese programa de cien actos (la democracia en España, decían, revive en 1978 con el trámite constitucional y no en 1975), el sectarismo de ese proyecto que lleva a la polarización o, finalmente, el derroche de un dinero público que hace más falta en otros ámbitos. Como, por ejemplo, en enjugar el astronómico déficit de las cuentas públicas.

En ese último argumento coincidieron tanto periodistas de Derechas como de Centro como incluso los que más de una vez se han mostrado más que favorables a ese gobierno español. Aunque sea en clave tragicómica. Ese fue el caso de Risto Mejide en su programa de tarde “Todo es mentira”. En él, el 8 de enero, echó en cara a una de sus invitadas habituales -la actual senadora por el PSOE Susana Díaz- que se estuviesen haciendo esos dispendios para recordar nada menos que a Franco. Mejide manejaba cifras realmente llamativas: el primer acto, el de 8 de enero en el Museo Reina Sofía, había costado 17.000 euros. Si, decía Risto Mejide, eso lo multiplicábamos por otros 99 actos a ese mismo ritmo -o mayor- salía una cifra verdaderamente faraónica. Y eso sin contar lo que iba a cobrar la historiadora encargada de coordinar todo el asunto. Ahí la cifra ascendía hasta 100.000 euros. Lo cual, me parece, convierte a esta colega en una de las historiadoras mejor pagadas de España, marcando un abismo de diferencia con muchos otros de los que ejercemos tan baqueteada profesión en este país.

Por otra parte Risto Mejide rebatía -acertadamente- a Susana Díaz cuando ésta le dijo que esos gastos eran imprescindibles porque en el sistema público de Educación no se explicaba a los estudiantes la Guerra Civil, el Franquismo… A esto la respuesta del periodista fue totalmente pertinente evidenciando la endeble base de la propuesta gubernamental: si había ese déficit en Educación, entonces se debía destinar ese dineral precisamente a mejorar los programas de Historia en la tan traída y llevada Educación pública…

Y ya que hemos llegado al punto donde se explica qué tiene que ver la Historia en todo este asunto, mi opinión al respecto, como historiador, no como ciudadano de a pie, es que el actual gobierno español -necesitado o no de este evento para el fin que sea- ha sido pésimamente asesorado. No sé a ciencia cierta de cuántos asesores dispone ese Gobierno, ni si cobran 6.000 o 100.000 euros al año, pero desde luego ese parece dinero mal empleado. En este caso al menos.

La razón es sencilla, si el actual gobierno español piensa que, como han señalado algunos, aventar el espectro de la Guerra Civil y la dictadura va a reforzarle políticamente, el resultado -a la vista está ya- va a ser justo el contrario. Y los asesores que tan caros salen (en más de un aspecto) deberían haberle advertido -si es que podían- de que esa idea era una mala idea.

En primer lugar tendrían que haber tenido en cuenta notables antecedentes históricos de esa que los romanos llamaban “damnatio memoriae”, que lo mismo podía salir bien como al revés.

En la Inglaterra de la Restauración monárquica de 1661, tras el Protectorado puritano, tenían un excelente ejemplo. En esa fecha el rey Carlos II mandó ejecutar y exponer públicamente el cadáver ya descompuesto de Oliver Cromwell por ser el principal responsable de la revolución contra su padre, Carlos I Estuardo, y la ejecución de éste.

Este acto macabro de venganza póstuma era comprensible hasta cierto punto, pero el resultado para reforzar a la monarquía Estuardo fue prácticamente nulo. Carlos II era un rey epicúreo y liberal. Mucho mejor para una mayoría que la seca dictadura puritana de Cromwell y los sombríos personajes que le rodeaban, dados al fanatismo religioso y a purgar la mínima discrepancia. Como ocurrió con Thomas Fairfax, héroe de la revolución y la guerra civil, pero demasiado humano como para transigir con una autocracia peor que el Absolutismo regio. Lo cual le costó años de exilio interior en su hacienda campesina hasta ser rehabilitado por el restaurado Carlos II.

Pero nada de eso impidió que estallase otra revolución -con una notable ayuda de España, por cierto- que acabó con la dinastía Estuardo en Gran Bretaña para siempre en 1689 cuando, tras el reinado de Carlos II, su hermano y heredero Jacobo II trató de revertir la situación política inglesa orientándola hacia un modelo absolutista y católico.

Otro ejemplo sobresaliente de la inutilidad de maldecir y manipular la Historia de dictadores o autócratas fenecidos, nos lo ofrece Napoleón. Aherrojado en Santa Elena, tras su muerte en 1821 los británicos le negarán incluso el descanso en una tumba que tuviera señalado en la lápida su nombre. Sin embargo diecinueve años después, el 15 de diciembre de 1840, sus restos mortales eran recibidos con un desfile solemne que atravesó París hasta su actual lugar de descanso, en los Inválidos de la capital francesa. Todo ello en medio de una atmósfera de admiración y recogimiento subrayada por la nevada bajo la que marchó aquel cortejo fúnebre. Bendecido por una monarquía liberal y constitucional, salida de la revolución de julio de 1830 -inmortalizada por Delacroix en su famoso cuadro- y que iba a convertir a Napoleón en la figura histórica gigantesca que es hoy mientras se enterraba -al parecer para siempre- a la rama francesa de la dinastía Borbón que creía haber sepultado en el olvido al emperador corso.

Ejemplos de la Historia como estos, aparte de la oposición multipartidista a los cien eventos sobre el fin de la dictadura franquista, muestran, como decía, que el actual gobierno español ha estado muy mal asesorado para tomar esta iniciativa. Le ha faltado el olfato político que sí ha sabido tener su principal partido de oposición, que como revelaban las declaraciones de su portavoz -el donostiarra Borja Sémper- ha sabido darse cuenta de que la actual sociedad española (salvo adeptos inquebrantables) no es la polarizada de 1936, ni siquiera la de 1975. Es la que, poco a poco, ha ido atemperando su visión del Franquismo como grotesca figura opuesta a una Segunda República, idílica y perfectamente democrática, igual de grotesca. Un proceso por el que hemos pasado muchos. Incluidos historiadores como, por ejemplo, el que estas líneas escribe.

Algo que, por otra parte, Alejandro Amenábar ha reflejado solventemente (pese a críticas de todo color político) en una película como “Mientras dure la guerra”. Donde se reconstruye el proceso de descomposición política de esa Segunda República que llevó a elementos republicanos tan significados como Miguel de Unamuno a ver en el golpe de 1936 la única salida posible ante una deriva que parecía conducir a España a una dictadura totalitaria como la soviética. Algo que en el caso de muchos otros -que no reaccionaron finalmente con el arrojo de Unamuno- les llevó a tener que transigir -por no decir tragar- con el precio de una violencia de retaguardia tan criminal como la que la República no pudo -o no quiso- evitar y que fue denunciada incluso por miembros de la Derecha moderada. Como el secretario judicial de Burgos -Antonio Ruiz Vilaplana- en ese escalofriante libro que es “Doy fe”.

Esa ceguera del actual gobierno español, al no haber sabido percibir ese cambio de perspectiva histórica de una mayoría en la opinión pública española, es lo que creo va finalmente a condenar al fracaso (salvo para adeptos inquebrantables), y al dispendio inútil, a esta iniciativa sobre los cincuenta años de la muerte de Franco que, todo parece indicar, ha nacido muerta o algo peor…