De las múltiples razones por las que algunos profesores merecerían ser procesados, el Juzgado de lo Penal número 1 de Bilbao cursa juicio contra dos profesores de la UPV/EHU por las más rocambolescos imaginables. A saber: autorizados a examinar a presos matriculados en la Universidad, los acusados tutorizaron a dos alumnos deportados. Breve inciso: alguien debería aprovechar la ocasión para explicar detalladamente cuál es la demarcación legal de ese limbo jurídico llamado deportación, una medida tomada por Francia a petición de España, con la colaboración pasiva de terceros países.

Dejando a un lado consideraciones técnicas, la naturaleza extravagante de esta causa se ha contagiado a la vista oral. Así, la defensa esgrime el notorio activismo pacifista y contrario a ETA de los dos procesados y el noble argumento genera cierto estupor porque implica la asunción de que el derecho del deportado a cursar estudios universitarios está condicionado a la existencia de discrepancias políticas entre profesor y alumno. En cuanto a las acusaciones -ejercidas en nombre de la Fiscalía y de la inefable AVT-, cargan buena parte del peso de la prueba en que el aprobado se alcanzó mediante la realización de trabajos en lugar de exámenes, un procedimiento que de demostrarse ilegítimo, daría al traste con mi titulación en Periodismo, me obligaría a repetir prácticamente media carrera y conllevaría la devolución de la única Matrícula de Honor que conseguí en mi periplo estudiantil, dotada con un descuento de 10.000 de las futuras pesetas.

A la vista de lo cual, concluyo que los profesores se sientan en el banquillo de los acusados por razones cuya discusión en términos legales se ha hurtado al tribunal. Esto es: el supuesto delito no radica en la matriculación de Belén González Peñalva y Angel María Lete en la UPV/EHU -obra de la Rectoría, contra la que no pesa acusación alguna-, ni tampoco en que Enrique Antolín Iria y Xabier Aierdi les impartieran docencia y les evaluaran. Lo que les hace acreedores a una posible condena de ochos años de inhabilitación especial es que sus alumnos aprobaron. Hubiera bastado con suspenderles para certificar su compromiso en la lucha antiterrorista y mantenerse dentro de los límites del estado de derecho, lo cual dice mucho sobre los dos. Y con estas palabras no me refiero a los profesores, ni a los deportados, sino al estado y al derecho.