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Alberto Moyano

El jukebox

A la espera del rescate europeo

Si la gran sala del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo confirma su rechazo a la aplicación de la denominada doctrina Parot la sentencia supondrá un enorme varapalo para la ley española, pero contribuirá enormemente a asear su Justicia. Resulta una anomalía que, que a día de hoy, se hayan dictado condenas contra los reos y, a la vez, se les hurte el derecho a saber cuándo terminarán de cumplirlas.

De la escasa confianza que el Gobierno deposita en su argumentario da cuenta el fantástico movimiento trilero que supone poner el foco en la inminente liberación de todo tipo de violadores y asesinos en serie que supondría un revés legal desde Estrasburgo. En este punto, recordar la disposición por parte de Gobierno, tribunales y sociedad en general a asumir con pasmosa indiferencia la liberación del asesino de Alcàsser, de ahí que la doctrina no se denomine Ricard, sino Parot.

Por otra parte, cualquier apelación a la alarma social llega con notable demora. Mientras los partidarios de la aplicación retroactiva del nuevo recuento de las penas hacen números para cifrar a cuánto le saldrá cada asesinato al etarra francés, los Galindos, Amedos, Domínguez, Sancristóbales, Barrionuevos y Veras hace lustros que campan por sus respetos, por no hablar del extraordinario caso de Ángel Duce, fallecido en accidente de motocicleta cuatro años después de ser condenado a un siglo de prisión por el asesinato de un diputado. En medio de todo esto, la AVT irrumpe con 10.000 firmas en contra de la derogación de la doctrina, en lo que considera una movilización “sin precedentes” en las redes sociales, el territorio yermo por excelencia, ya debería saberlo a estas alturas.

El problema una vez más es que la cuestión no radica en cifrar la condena que merecen los convictos por los peores crímenes -algo que ya hicieron en su día los tribunales-, sino en acotar los límites del galope judicial cuando se desboca a golpe de espuela política. La decisión de Estrasburgo no trata sobre la excarcelación de etarras, sino sobre el cumplimiento de sus condenas. Si la doctrina es revocada, algunos reclusos saldrán de la cárcel, pero el que quedará liberado de todo obligación contorsionista será el propio ordenamiento judicial.

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