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Orgullo de Bilbao

2014 marzo 21
por Lourdes Pérez

Uno nace en Bilbao con el orgullo puesto. Lo quiera o no lo quiera, y provenga de donde provenga. Cada ciudad lleva consigo lo suyo, pero es difícil encontrar una más dispuesta a recrearse en sus tópicos, a solazarse en todo lo que significa el bilbainismo, aunque a veces resulte insoportable para ajenos y propios. En Bilbao, el sentimiento de orgullo, haya o no motivos reales para ello, es colectivo. Por muy individualista que se sea. Por rebelde que uno se sienta hacia las convenciones. Por mucho desapego que se tenga hacia eso de ‘ser de Bilbao’, con lo que los demás se explican muchas cosas con solo mencionarlo. Hay una vertiente más doméstica del orgullo, más peleona, que se llama amor propio. Bilbao, sus gentes, lo tienen, es una cuestión de piel, de asfalto. Y es posible que ese ADN de amor propio -y ‘a lo propio’, más allá de banderas y fronteras- sea lo que convirtió a Iñaki Azkuna en el alcalde de la villa con mayúsculas, como si no hubiera habido nadie ocupando la Casa Consistorial antes que él, y mira que él no era del mismo-mismo Bilbao. Pero seguramente nadie supo encarnar como el político durangués los intangibles de lo que en el imaginario colectivo representa ‘ser de Bilbao’.

No fue, es verdad, un ‘feeling’ inmediato. El enamoramiento de los bilbaínos con su alcalde ha avanzado, podría decirse, a un ritmo parecido al de la ciudad limpiándose, abriéndose por encima de sus límites naturales, poniéndose guapa, aunque algunos rastreemos en las esquinas cuando volvemos el aroma del viejo Bilbao industrial, sucio, combativo y vibrante. Los ciudadanos fueron redescubriendo su ciudad, a la vez que se iban encontrando poco a poco con un regidor que atesoraba un inhabitual talento para, desde la altura intelectual, la preparación institucional y una indisimulada soberbia atemperada por el humor, conectar con los sectores más populares de la villa. El paso de los días y de las emociones irá trazando el perfil más complejo y poliédrico de Azkuna, con las sombras hoy diluidas en los obituarios que rinden sincero homenaje a un dirigente que será recordado, para bien, mal o regular, por su innata singularidad. Bilbao ayudó a Azkuna a construir su legado y Azkuna fue el ariete político más idóneo para un Bilbao en transformación. Hay dos maneras de pasar por la vida pública: manchando o sin manchar. Iñaki Azkuna eligió, sin duda, manchar, dejar huella, influir y mandar para cambiar, con el riesgo que ello comporta. Ese despliegue de orgullo, de amor propio, es lo que hoy lloran muchos bilbaínos.

 

Aquel día

2014 marzo 10
por Lourdes Pérez

 

Hay silencios que son inolvidables. Silencios que se sobreponen al ruido de las bombas y se extienden como un pesado manto de dolor colectivo, de respeto sincero e íntimo a quienes la sinrazón ha arrebatado la vida. Aquel día, porque en la memoria de las tragedias compartidas hay jornadas que no necesitan ni fecha ni adjetivos, el mutismo fantasmal que envolvió las calles de Madrid sobrecogidas por los atentados en los trenes de cercanías contagió a todo un país que perdió el don de la palabra para poder describir el horror tendido ante sus ojos. Era aquel un silencio pesado y envolvente, insano como todos los que esconden un pesar intenso, de luto y duelo. Aquel día enmudecieron todos los que llegaron a los escenarios de la masacre y vieron ante sí el espanto, las vidas que se perdían en un goteo incesante, hasta sumar 192, entre los amasijos de los vagones; los aullidos de los heridos que se aferraban al instinto primario de la supervivencia en medio de la destrucción; el ulular de los teléfonos móviles de los familiares que se habían enterado por la radio de las explosiones y llamaban con el alma en vilo esperando escuchar la voz más querida al otro lado, sana y salva. Es difícil repasar los recuerdos y las hemerotecas de aquel día, rememorar la vivencia en las redacciones, la obligación de escribir sobre lo que nunca llega a comprenderse, y no emocionarse con lo que se cuenta en esas líneas que tratan de reflejar, seguramente sin llegar a conseguirlo, el aturdimiento más absoluto, la rabia, el sufrimiento, la penalidad. Es imposible que no afloren las lágrimas al acordarse de las preguntas que accedió a contestar aquel día -aquel día inolvidable- el policía Isidro Zamorano, que acababa de dejar a sus tres hijos en el colegio del Pozo del Tío Raimundo cuando retumbó el estruendo del terror e intuyó de inmediato qué era aquello. El agente, curtido en el Norte y con una templanza conmovedora, relató a la periodista cómo ayudó a rescatar cadáveres y heridos sumergido “en un olor raro, a pólvora, a mala cosa”. “Lo tengo muy dentro”, confesaría en aquellas horas terribles. La periodista se interroga ahora, diez años después, por qué habrá sido de aquel valeroso agente. Si habrá conseguido borrar la visión del infierno después de haber llevado a sus pequeños a la escuela esa mañana de marzo.

El terrorismo, por muchos atentados que se hayan vivido o relatado, nunca inmuniza.  Y el 11 de marzo de 2004 fue más allá, mucho más allá, de lo soportable. Lo hicieron insufrible las bombas indiscriminadas contra todos aquellos que, humildemente, habían salido de sus casas como siempre para irse a buscar la vida -a buscar la vida, vaya crueldad- allí donde solían llevarles los trenes que cogen los trabajadores, los estudiantes, los jubilados. Lo hizo insufrible saber que existía un fanatismo tan global y despiadado como para repetir en Madrid, la ciudad acogedora que despoja a cualquiera de la condición de extranjero, el pavor con que Al-Qaida acalló también Nueva York el 11 de septiembre. Lo hizo insufrible saber que éramos, todos, más vulnerables que nunca y también que no podía confiarse en la versión tergiversada que estaban trasladando quienes tenían la responsabilidad esencial aquel día -justo aquel día, no otro- de hacer valer la fortaleza del Estado de Derecho y de la Justicia simplemente con la verdad. No habrá mejor homenaje a las víctimas que silenciar para siempre las hirientes teorías de la conspiración. Es el único ruido que enturbia la concordia, y el silencio más solidario, que deben honrar hoy a quienes perdieron lo que más amaban aquel día. Aquel maldito día.

El final interminable

2014 febrero 21
por Lourdes Pérez

Debe de ser terriblemente frustrante haber atraído durante décadas la atención del auditorio y comprobar, de pronto, que tu piel se ha marchitado y ya casi nadie espera nada de ti, salvo que abandones definitivamente la escena y te retires sin hacer más ruido del estrictamente imprescindible. Durante medio siglo, ETA y las consecuencias de su violencia han formado parte indisoluble del día a día de este país, como si no pudiera darse un paso sin tener que mirar de reojo -y algunos, más que de reojo- a su sombra amenazante. Hoy, 50 años más tarde, la organización terrorista es un reflejo tan pálido y patético de lo que fue que no ha parecido calibrar los efectos que tiene para su propia trayectoria grabar un vídeo sobre el inicio del desarme que tiende a caricaturizarlo hasta el límite de lo soportable, sobre todo para quienes han padecido el terrorismo. Si alguien necesitaba a estas alturas una prueba de la descomposición en que se encuentra la banda, de su incapacidad para poder desandar un camino que ya era irreversible el 20 de octubre de 2011, la tiene en ese vídeo que reduce el imaginario sobre los poderosos arsenales etarras a un puñado de armas alineadas sobre una mesa y a un folio sellado -el sellado era esto- ante dos verificadores internacionales. Verificadores a los que el Gobierno español, el que tiene las llave de las cárceles, no reconoce legitimidad alguna.

Sabedora de que ya no está en condiciones de cobrarse nada, ETA ha fijado como devaluado precio por la paz la escenificación de cada uno de sus movimientos. La ‘estrategia del paso’ no es inocente ni inocua:  la organización pretende revestir de trascendencia lo que es inevitable, haciendo ver al tiempo que ella se acompasa unilateralmente al ‘nuevo tiempo’ mientras quienes han sufrido directamente su violencia continúan en el “inmovilismo”. La paradoja es que aunque vaya paso a paso, la dirección etarra o lo que quede de ella puede acabar pasándose de frenada si mantiene su apuesta por un final que no parece tener final, alimentando expectativas que no se corresponden con el resultado último. Ese final interminable, en el que corren el riesgo de enredarse todos los que circulan en la periferia de la banda, puede desembocar no ya en el hartazgo de la ciudadanía, sino en algo peor para quien siempre quiso lucir en el centro del escenario: la indiferencia del público.

El final de un ciclo

2014 enero 27
por Lourdes Pérez

La renuncia -voluntaria o forzada, el tiempo lo aclarará- de Jaime Mayor Oreja a encabezar el cartel europeo del PP ha dejado crudamente al descubierto la sima sin fondo que ha ido excavándose entre los fieles del aznarismo y Mariano Rajoy, que ya supo cómo se las podían gastar los suyos en el congreso de Valencia de 2008, cuando el presidente refrendó su liderazgo tras haber perdido las generales frente a José Luis Rodríguez Zapatero. La oposición a Rajoy tenía un rostro visible en aquellos días convulsos -Esperanza Aguirre-, pero los ‘rajoyistas’ siempre percibieron la presencia de Mayor en las bambalinas de la desafección que ya protagonizaron entonces María San Gil y José Antonio Ortega Lara y que llevó  al PP vasco comandado por Antonio Basagoiti a cerrar filas con el hoy jefe del Gobierno español. La doble herida abierta en Madrid y en Euskadi, con un asunto nuclear para los populares como la lucha contra ETA como telón de fondo, ha seguido supurando en los últimos cinco años. Rajoy ya dio muestras de que no le había gustado la actitud de Mayor cuando tuvo que avalar su candidatura al Europarlamento en las anteriores elecciones. Lo hizo a su manera: castigó con su pertinaz silencio al exministro, que tardó meses en saber que iba a ser ratificado al frente de la candidatura. Aquella designación no sirvió para apaciguar los ánimos. Más bien transmitió la sensación de que el presidente mantenía a Mayor casi porque no le quedaba otro remedio, con su liderazgo aún sometido a zozobras internas y un sector del partido dispuesto a azuzar de puertas hacia dentro los problemas derivados de la gestión de la violencia.

Hace 16 meses, Aguirre y Mayor revivieron el ambiente de reproches que envolvió el congreso de Valencia en un tenso comité ejecutivo nacional del PP en el que reprocharon a Rajoy y a su ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, la excarcelación por enfermedad terminal de Josu Uribeetxeberria Bolinaga, uno de los secuestradores de Ortega Lara. Tres de los protagonistas de aquel cruce de acusaciones -Rajoy, Mayor y Fernández Díaz- han pasado por los despachos de Interior. Su titular actual no ha olvidado los sofocos que le provocaron sus compañeros de partido ese verano en el que la polémica sobre la salida de prisión de Uribetxeberria, con huelga de presos etarras incluida a modo de presión, truncó la predisposición del Gobierno a ensayar movimientos parciales, cautelosos y tasados, en política penitenciaria; por ejemplo, con los reclusos aquejados de dolencias graves. Aquellos lodos, lejos de enfriarse, se convirtieron en barro cuando Estrasburgo decidió hace tres meses que derogaba la doctrina Parot. La hoy presidenta del PP, Arantza Quiroga, tiene presentes las críticas vertidas en otra reciente reunión por Esperanza Aguirre a cuenta, esta vez, de la foto en Durango de los presos liberados con ‘Kubati’ a la cabeza.

Hace una semana, en su entrevista en Antena 3, Rajoy apenas mencionó la gestión del final de ETA, pero sí recordó a la audiencia que él había sido ministro de Interior. Una forma de reivindicarse y de indicar que aunque ese asunto no es hoy su prioridad, sabe de lo que habla porque estuvo en el ministerio que custodia la llave de la lucha antiterrorista y de las cárceles. En apenas quince días, Ortega Lara ha participado en la fundación de Vox, el PP vasco ha trazado una línea divisoria con quienes le atribuyen tibieza aun a costa de escenificar las diferencias con un emblema como la hermana de Gregorio Ordóñez, Quiroga se someterá a la legitimación del congreso pendiente en Euskadi y Mayor acaba de desalojarse, o de ser desalojado, de la candidatura del partido a unas europeas que van a poner a prueba la pujanza de los populares y al bipartidismo. El aroma a cierre de un ciclo invade el ambiente.

Voto secreto, aborto clandestino

2014 enero 15
por Lourdes Pérez

La polémica generada fuera, pero también dentro, del PP por el endurecimeinto de la ley del aborto ha llevado a dos peticiones complementarias sobre el debate de la reforma que se producirá en las Cortes. Por una parte, el PSOE ha reclamado que el voto sea secreto, persuadido de que con esa fórmula se escenificará en el Congreso y el Senado que las posiciones del partido del Gobierno no son monolíticas en un asunto tan sensible; algo que ya ha quedado evidenciado por los desmarques o matices de dirigentes como el presidente de Extremadura, la alcadesa de Zamora o el portavoz de los populares en Euskadi, Borja Sémper, a cuyas cautelas se ha sumado esta misma mañana el jefe de filas del grupo en la Cámara baja, el también vasco Alfonso Alonso. Por otro lado, la exministra Celia Villalobos reclamó hace una semana en el comité ejecutivo de su formación y ante el presidente Rajoy que se deje libertad de voto a diputados y senadores en una cuestión de estrategia política, pero que también interpela a la moral personal.

Ambas solicitudes pueden resultar comprensibles ante las dificultades y los dilemas que comporta apartarse de la disciplina partidaria, siempre implacable sean cuales sean las siglas. Máxime cuando lo que está en discusión no es una reforma cualquiera, sino la de un proyecto de ley que constriñe la capacidad de decisión de las mujeres sobre su maternidad y que el ministro Galalrdón justifica en la necesidad de proteger el derecho a la vida de la vida por nacer. Pero el mero hecho de que se estén planteando ambas alternativas -el voto secreto y la libertad de voto- describe los escollos que persisten para afrontar con claridad y transparencia la cuestión del aborto y los corsés que atenazan la participación política. Porque cabe pensar que en cualquier democracia asentada la libertad de voto no se exige, se ejerce, aunque ello comporte contraponer la libertad de conciencia al alineamiento sin fisuras con ‘los nuestros’. Afrontar esa tesitura ambién debería formar parte de la militancia política y la actividad parlamentaria más comprometida. Aunque resulta aún más discutible que, a estas alturas, se opte por sugerir el voto secreto en las deliberaciones públicas sobre un proyecto legislativo de este o de cualquier Gobierno. El propio Reglamento del Congreso veta esa alternativa cuando lo que debe refrendarse es un procedemiento legislativo. Pero la objeción es más de fondo, y tiene que ver con el motivo del debate. Durante décadas, pocas cosas hubo más clandestinas en el país que la práctica del aborto. Las mujeres con posibles podían viajar fuera de España; las que no, se sometían a intervenciones ocultas e irregulares de elevado riesgo para su propia vida. Pero en unos casos y otros, el aborto siempre era un ‘asunto de mujeres’ del que no se hablaba, que no se aireaba más allá del círculo más íntimo. La regulación de las interrupciones voluntarias del embarazo levantó el tabú, pero no hasta el punto de que éste no continúe siendo un ‘asunto de mujeres’ del que apenas se dan detalles cuando se produce y que permanece encerrado en la esfera más cerrada de la intimidad. Nadie confiesa abiertamente que ha abortado, por el desgarro que implica y por ‘el qué dirán’. Por eso, reclamar el voto secreto y ejercerlo supone no solo un ejemplo de cobardía política. También contribuye a seguir identificando el aborto como un problema poco menos que clandestino y que no merece una votación en las instituciones de la representación popular abierta y sin cortapisas.

Entre lo malo y peor

2014 enero 9
por Lourdes Pérez

Es una incógnita en que acabarán quedando los 227 folios en que el juez Castro sustenta la imputación contra la infanta Cristina. Pero lo que ya han hecho es situar a la hija del Rey ante un escenario en el que todas las opciones para ella van de lo malo a lo muy malo, pasando por lo peor. Tras haberse empeñado “numantinamente” (la expresión figura en el auto judicial)  en impedir el paso de su defendida por los juzgados, los letrados de Cristina de Borbón calibran si perseverar en esa estrategia elevando un nuevo recurso ante la Audiencia de Palma o acortar el ‘martirio’ aceptando esta vez ‘motu proprio’ el requerimiento del magistrado. La impugnación sería una posibilidad absolutamente legítima que, sin embargo, contribuirá a alimentar las suspicacias de todos aquellos ciudadanos dispuestos a creer antes al juez Castro que las apelaciones a la presunción de inocencia de la infanta. En contra de ésta juega la convicción socialmente extendida de que era muy difícil que no supiera nada de lo que estaba ocurriendo de puertas hacia dentro en el palacete de Pedralbes; y si en verdad no lo sabía, esa misma ciudadanía tampoco parece estar dispuesta a mostrarse condescendiente ante semejante despliegue de ignorancia. El problema es que, a estas alturas, el país de los seis millones de parados y el bienestar perdido conoce con mayor o menor detalle el tránsito de Iñaki Urdangarin y su socio Torres por el lado oscuro de la vida fácil. Un viaje desbocado hacia su presunto enriquecimiento personal que resulta imposible de digerir ya para la opinión pública, y que pesa como una losa sobre la credibilidad de Cristina de Borbón. Nunca sabremos qué habría sucedido si hubiera acudido al juzgado voluntariamente en los albores de la causa. Ahora, por contraste, la gente sabe demasiadas cosas. Entre ellas, algunas tan poco decorosas como que la infanta contrató ‘en negro’ a inmigrantes para el servicio doméstico, según consta en la resolución de Castro, que da por buenos los testimonios de varios testigos.

Aunque quizá lo peor no sea el contraste entre la reivindicación de su inocencia por parte de la infanta y las dudas que muchos de sus conciudadanos sienten al respecto. Lo peor es que la estrategia de la defensa parece pasar por cargar toda la responsabilidad sobre los hombros de Urdangarin. Eso no solo trastoca la imagen que se había construido en el pasado de la propia Cristina de Borbón, la infanta que quería ser libre e independiente y que ahora quedaría como una mujer de esas que ya no se estilan, que desconocen completamente cómo se las ingenia para llegar a fin de mes quien vive con ellas. También chirría con su otra imagen de los últimos tiempos, desde que estalló el desdichado ‘caso Nóos’: la de la esposa amantísima que permanece de manera incondicional y sin reservas al lado de aquel que, según todos los indicios disponibles, tejió una trama de intereses espurios en torno al título y la posición que adquirió como consorte y yerno real.

La maternidad, cuestión de Estado

2013 diciembre 26
por Lourdes Pérez

Empecemos por admitir lo evidente: en igualdad de circunstancias de partida, una niña no nace en este país con las mismas expectativas y oportunidades que un niño. Sobre el papel de la legalidad democrática y el sentido común -el sexismo tiene mala venta, al fin y al cabo hasta el peor de los machistas acaba teniendo hijas-, ambos, niña y niño, vendrán al mundo con los mismos derechos, una paridad jurídica sin la cual la conquista de la paridad social se convierte en una quimera. Pero entre el sueño de la paridad real y su materialización efectiva, media aún un trecho tal que hoy, en esta civilizada Navidad de 2013, continúa siendo más cómodo y una mejor inversión nacer hombre que mujer. Es cierto que ellas llegan ya a casi todo lo que ellos coparon durante siglos (apenas quedan el Papado y la presidencia de Estados Unidos, por reducirlo a la caricatura). Pero ese ‘casi todo’ les sigue costando mucho más: porque han de ser más listas, más guapas o cuando menos más arregladas, más dispuestas y entregadas, más esforzadas, más tenaces, más hábiles, hasta más malas pero no más ambiciosas, no vaya a ser que flaqueen los tópicos. Pero incluso las que logran atesorar todo eso, incluido comportarse como la madrastra de Blancanieves, casi siempre verán cómo su futuro pende de la voluntad última de un hombre o de varios de sus congéneres. Los hay generosos, sensibles, concienciados, tanto como para sentirse afortunados de gozar de la compañía y de la profesionalidad -y no necesariamente en ese orden- de las mujeres. Pero también los hay, demasiados, fieles a la llamada de la tribu, al cierre de filas masculino, a ese temor atávico a que se equilibre el mundo apacible en el que su vida discurre con mayor facilidad y más y mejores opciones por el hecho aleatorio que haber nacido varón.

Desde que el Gobierno dio el visto bueno a la reforma del aborto auspiciada por el ministro Gallardón, las niñas de este país tendrán un obstáculo nuevo que sumar a los que se acumularán en su camino mientras la igualdad no sea real: su maternidad va estar sometida a un control desconocido en democracia, porque su capacidad para decidir si quiere ser madre o no, si puede ser madre o no, quedará constreñida hasta el extremo por una ley que no solo limita los supuestos legales para la interrupción del embarazo, sino que, en la práctica, arrebata a la mujer, la única capaz de albergar y dar vida, la voz para decir y defender qué quiere hacer con su existencia y con la del hijo concebido en su seno. Obligarle a tener el fruto de una violación (el aborto se permite hasta la semana 12 y previa denuncia) o a un bebé imposibilitado para una supervivencia digna por la gravedad de sus malformaciones añade un sufrimiento inimaginable a la exclusión que se impone a la mujer sobre el destino de su concepción. Es posible, e incluso comprensible, que nunca llegue a haber un consenso social y político que entronice como un derecho equiparable a otros el desgarro íntimo y doloroso que supone un aborto. Pero ninguna ley debería recrear un consenso social falso revocando el existente en un asunto tan delicado, asentado a lo largo de tres décadas de democracia; menos aún  sobre una mayoría absoluta que se utiliza de una manera tan apabullante como para que  la soledad del Gobierno y de su ministro de Justicia se haya hecho clamorosa en este caso. Y no es un detalle menor que la reforma la hayan capitaneado dos hombres -el presidente Rajoy y Gallardón-, con un papel de mero asentimiento de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría y de la ministra de Sanidad, Ana Mato.

La maternidad ya no es un asunto de mujeres, ni siquiera de los hombres que comparten con ellas sus vidas y las que puedan concebir juntos. Se ha transformado en una cuestión de Estado, sobre la que el Estado tendrá que rendir cuentas si la nueva norma desemboca en mayor desigualdad. Porque la mujer que quiera tener un hijo con anomalías, o contra viento y marea, podrá seguir haciéndolo, aquí sí, bajo su entera responsabilidad y su decisión plena. Quien no quiera o no pueda habrá de somerse a tal análisis no solo físico, sino de conciencia, que difícilmente podrá librarse de la sensación de señalamiento. De que será siempre una mala madre del hijo que no desea, o no cree en condiciones de traer a un país donde las mujeres cobran menos y desempeñan peores trabajos que los hombres, donde la maternidad sigue coartando el desarrollo profesional de muchas de ellas y donde los recortes han cercenando la asistencia pública y las políticas de conciliación.

Punto de ruptura

2013 noviembre 16
por Lourdes Pérez

No hay Justicia sin Ley, lo ha dejado sentado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y ningún juez puede estar dispuesto en un Estado de Derecho a vulnerar la Ley bajo la presión de tener que hacer Justicia, porque ambas cosas son indisociables en democracia. El inmenso dolor que tiene que suscitar en tantas y tantas víctimas la salida de prisión de quienes les provocaron un sufrimiento atroz no puede traducirse en desobediencia al fallo de Estrasburgo. Ni en reclamar a la Magistratura que actúe contra su esencia -el obligado respeto a la Ley, de la que también forman parte las sentencias- para evitar lo inevitable: que presos etarras salgan de la cárcel cuando les correspondía, por hiriente que sea que lo hagan sin mostrar la más mínima congoja por todo el daño causado. El TEDH ha interpretado que la aplicación retroactiva de la doctrina Parot era un ejercicio de ingeniería jurídica que no podía prosperar. Y los jueces, rearmados en la dignidad de su oficio ante el final de ETA, han decidido acatar el veredicto de Estrasburgo y hacerlo, además, sin dilaciones inspiradas por una nueva ingeniería jurídica.
La resolución de esta semana del Tribunal Supremo certificando las excarcelaciones de los reclusos etarras ha transformado el malestar que la AVT y otras organizaciones afines arrastran hacia el Gobierno del PP en indignación hacia la respuesta ofrecida por la Magistratura. Supone un salto cualitativo, un punto de ruptura, de inquietantes consecuencias. No hay reproche más grave contra un juez que el que ha lanzado la asociación encabezada por Ángeles Pedraza a los penalistas del Supremo, a los que acusa de haber prevaricado: es decir, de haber adoptado su resolución sobre la ‘sentencia Parot’ a sabiendas de que es injusta. Aunque peor aún es preguntarse qué clase de Justicia puede satisfacer a las víctimas discrepantes, si ya no confían en los magistrados que han de aplicar la Ley contra la impunidad y en pro del resarcimiento de los que más han padecido el terror etarra. No hay Justicia sin Ley. Y obviarlo ante las víctimas supone trampear con la verdad que merecen, cuando no mentirles directamente.

Una digestión difícil

2013 octubre 21
por Lourdes Pérez

“Si admiten nuestro recurso, lo ganamos”. La frase la pronunció en privado hace un año el ministro Gallardón, pero su vaticinio sobre el veredicto de la doctrina Parot no se ha cumplido. Ni siquiera ante la rareza que supone que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)  acabara aceptando llevar a pleno la impugnación presentada por el Estado español contra la resolución favorable a Inés del Río dictada por la Sección Tercera de Estrasburgo en mayo de 2012. En el ánimo de la Grande Chambre que ha terminado por derogar la controvertida aplicación de los beneficios penitenciarios condena a condena, y no sobre la totalidad de la pena, han pesado, sin duda, ese primer fallo de su Sección contrario al criterio de la Audiencia Nacional, el Supremo y el Constitucional y el hecho de que el único magistrado español de la Corte, Juan López Guerra -exsecretario de Estado de Justicia en el Gobierno de Zapatero-, se posicionara nítidamente contra la doctrina Parot. El intento del Ejecutivo del PP de persuadir al TEDH de que la revocación de la condena dejará en la calle a delincuentes que suscitan “alarma social”, como los violadores múltiples no ha hecho efecto. Tampoco las gestiones en las cancillerías europeas sobre los efectos expansivos para otras legislaciones comunitarias que podría tener el fallo de Estrasburgo sobre la etarra Del Río.

Los rostros pesarosos de los ministros Gallardón y Fernández Díaz en la rueda de prensa convocada para reaccionar a la sentencia evidencian que la digestión de la misma no va a ser sencilla. No tanto en lo que a su obligado acatamiento se refiere, que compete a la Audiencia Nacional: no hay juez que dude de que el veredicto debe asumirse. Pero sí en el terreno más delicado de las víctimas. A ellas ha ido dirigida en buena medida la comparecencia de los titulares de Interior y Justicia, que se han empleado a fondo para transmitir que el Gobierno ha hecho todo lo que estaba en su mano para tratar de impedir que la protesta de Del Río fructificara y, con ella, la de decenas de presos de ETA con la condena prolongada irregularmente según Estrasburgo. Hace 17 meses, cuando la Sección Tercera del TEDH dictaminó contra la doctrina Parot, el Ejecutivo tuvo que elegir entre lo muy malo y lo peor para sus intereses: lo muy malo era dejar correr la resolución y no recurrirla, a sabiendas de que eso indignaría a la ‘oficialidad’ de las víctimas y dejaría a los pies de los caballos a la Audiencia, el Supremo y el Constitucional, la cúpula de la Judicatura española; lo peor era jugársela a un recurso y que éste acabara siendo tumbado con rotundidad por Estrasburgo, como ha acabado ocurriendo. Tampoco le va a resultar fácil a la Audiencia Nacional encarar lo que se le avecina -presumiblemente, decenas de impugnaciones de los reclusos que, apelando al Tribunal Europeo, reclamarán su excarcelación-, ni al Supremo y al Constitucional interiorizar el revés de sus colegas del TEDH. Es verdad que la doctrina Parot nunca fue pacífica, pero no es cierto que provocara una amplia rebelión en los tribunales que la impulsaron y la avalaron. Los votos discordantes tienen nombres y apellidos: Joaquín Giménez, Perfecto Andrés Ibáñez y José Antonio Martín Pallín en el Supremo; y Adela Asúa, Eugeni Gay, Pablo Pérez Tremps, Luis Ortega y Elisa Pérez en el Constitucional.

No obstante, el Gobierno y la Magistratura no son los único que tienen ante sí un desafío. La izquierda abertzale, cruzando los dedos, ha condicionado en los últimos meses cualquier modulación de su estrategia a que Estrasburgo se posicionara contra la doctrina Parot. Pero la mayoría de la sociedad y de los partidos vascos difícilmente entenderían que se hiciera bandera ahora en las calles de unas excarcelaciones que permitirán recobrar la libertad a unos presos que, tras muchos años de purgar delitos en prisión, no han dado muestra pública alguna de sentir lo que hicieron y del sufrimiento provocado a sus víctimas.

Cuando la que manda es ella

2013 septiembre 23
por Lourdes Pérez

Una mujer encabeza, por primera vez, el proyecto europeo o lo que queda de él tras la devastación de la crisis. De hecho, la reelección, cada vez más holgada, de Angela Merkel al frente del Gobierno alemán apuntala su preeminencia en la UE, aunque solo sea porque ningún otro dirigente de la vieja Europa está hoy en condiciones de hacer sombra al discurso rigorista y las chaquetas multicolor de la canciller. Es probable que nunca una política femenina haya dispuesto ante sí del poder que atesora Merkel: Margaret Thatcher mandaba mucho, sí, pero en el Reino Unido insular y euroescéptico; y Condololeezza Rice y Hilarry Clinton siempre tuvieron órdenes masculinas que cumplir. A diferencia de políticas como María Teresa Fernández de la Vega, quien peleó por preservar su femineidad, la singularidad de su género y de su atuendo, en un mundo aún de hombres, la presidenta de Alemania y lideresa de la UE no se molesta ni en simular que tiene estilo, ni en aparentar brillantez o empatía. Es más: Merkel resulta incómoda para ese ideal de que ‘las mujeres-tienen-otra-forma-de-hacer-política’ porque, en realidad, viene a gobernar como se supone que siempre lo hacen los varones. No es simpática, no es dúctil, no es flexible, no tiene un carisma desbordante y no se le recuerda una frase inolvidable, tampoco sobre las mujeres. Pero la canciller ha demostrado que se puede disfrutar de un tirón electoral casi irresistible luciendo la misma grisura que la mayoría de sus rivales masculinos, dentro y fuera de Alemania. Nadie podrá acusar a Merkel de haberse escudado en algún momento en su condición femenina, antes al contrario: su liderazgo es la evidencia de que las mujeres pueden gobernar mejor que los hombres, pero de que también tienen todo el derecho a hacerlo igual de mal o incluso peor. Merkel gobierna sin que se note que es mujer, y puede que ese acabe siendo su mejor legado para el feminismo. Aunque cabe preguntarse si su marido no tuvo tiempo el viernes, en pleno cierre de campaña electoral, para hacer la compra en el supermercado en lugar de ella, por más que esa fotografía de la canciller, bolsas en mano, la hiciera familiar como ninguna otra.