Diario Vasco

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Paradojas catalanas
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Lourdes Pérez | 13-11-2014 | 13:02| 0

1.- El presidente del Gobierno compareció ayer en La Moncloa para negar que “el proceso participativo” del 9-N en Cataluña sea el referéndum pactado  por Artur Mas con el conjunto de las fuerzas pro-consulta: se trata, zanjó, de una pseudovotación sin garantía democrática alguna. A renglón seguido, Mariano Rajoy se apoyó en el ‘escrutinio’ para congratularse de que dos de cada tres catalanes dieran la espalda a la convocatoria legalmente inexistente quedándose en casa, y que el voto independentista represente menos de un tercio del censo que tampoco fue oficial. Junto a ello, el jefe del Ejecutivo español negó estar al corriente de si los fiscales van a actuar contra Mas, apenas 24 horas más tarde de que el anticipo de que sí lo van a hacer lo realizara la líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho.

2.- El domingo por la noche, Artur Mas volvió a colocarse a la cabeza de la manifestación  después de retar al Estado a perseguirle penalmente si busca responsabilidades por la celebración del plebiscito/no plebiscito. Parece complicado a estas horas que la Fiscalía pueda encontrar cualquier documento vinculado a la organización del ‘proceso participativo’ firmado por el president de su puño y letra. Durante días, el Govern renegó de que el 9-N tuviera consecuencias legales que justificaran la suspensión por parte del Tribunal Constitucional. Vistos los dos millones de ciudadanos en la calle, Mas interpreta ahora que la consulta que fue, pero no fue, le habilita para tratar de consumar el “referéndum definitivo”.

3.- En Cataluña, aunque por momentos no lo parezca, hay vida más allá del ‘procés’ , hasta el punto de que sobre el Govern pesa ahora la carga de tener que aprobar los Presupuestos para 2015, obligadamente restrictivos porque los estragos de la crisis no se han evaporado. CiU ya ha comenzado a sondear al PSC, según cuenta hoy ‘El Periódico’. La política tiene mucha retranca a veces: Mas tienta para sacar adelante las Cuentas -el eje de la acción política de cualquier gobierno- a un partido que se ha opuesto a lo que el Govern considera irrenunciable, la consulta/no consulta del 9-N; mientras, el PSC acepta negociar con un president que no le ha hecho ascos a los recortes, aun a riesgo de dejar su flanco izquierdista más al descubierto ante la irrupción de Podemos en el escenario catalán.

4.- Oriol Junqueras se ha reunido hoy con Artur Mas por primera vez desde el 9-N. Es aventurado asegurar que la legitimidad que ha ganado Mas entre el soberanismo militante, reconvirtiendo la consulta en una convocatoria tolerada tácitamente por Madrid, vaya a poder sostenerse en el tiempo. El president sabe que los vientos electorales siguen sin soplar a su favor. Pero el liderazgo de Junqueras del proceso soberanista se ha ido decolorando desde que el pasado 17 de octubre su voz se quebrara al borde del sollozo en una entrevista radiofónica, en la que llegó a implorar al jefe del Govern que adelantara las autonómicas para declarar ya la independencia. Mas, político de cálculo al fin, empezó ese día a sacar cabeza en medio del oleaje que Esquerra y la ANC de Forcadell batían a su alrededor.

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¿Es el fraude fiscal un delito contra todos?
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Lourdes Pérez | 07-11-2014 | 20:37| 0

La pregunta que titula este post es a la que se enfrenta, en el fondo, el juez Castro después de que la Audiencia de Palma le haya dado parcialmente la razón al confirmar la imputación contra Cristina de Borbón por dos delitos fiscales. No hay duda -al menos los magistrados de la causa no la tienen- de que concurren indicios de peso para que la todavía infanta de España sea sentada en el banquillo de los acusados por haber cooperado en las conductas irregulares protagonizadas por su marido, Iñaki Urdangarin, a través de la sociedad Aizoon que ambos compartían. Pero aunque la situación procesal de la imputada acaba de empeorar notablemente, pese a desembarazarse del señalamiento por blanqueo de capitales, la gran incógnita es si finalmente terminará juzgada o no. El problema es sencillo: contra la infanta solo actúa una acusación, popular en este caso, ejercida por el sindicato de orientación ultraderechista Manos Limpias, porque no lo hacen ni la Fiscalía, que viene defendiendo a ultranza la inocencia de la infanta, ni la Agencia Tributaria, que sería la principal víctima del fraude supuestamente cometido. Y es aquí donde entra en juego la doctrina -más bien doble doctrina- del Tribunal Supremo para aquellos sumarios en los que no se persona el Ministerio Público ni hay acusación particular. En 2007, el Supremo alumbró lo que se conoce como la ‘doctrina Botín’. El presidente del Banco Santander recientemente fallecido pudo esquivar el procesamiento por unas cesiones de crédito al interpretar los magistrados, en línea con lo que ya había dictaminado la Audiencia Nacional, que se trataba de un delito de ámbito ‘privado’ por decirlo así y que en consecuencia no bastaba para seguir adelante con que acusara solo la Asociación para la Defensa del Inversor y los Clientes. Pero poco después, el Supremo corrigió su propia posición en el ‘caso Atutxa’ avalando el proceso contra el expresidente del Parlamento Vasco y sus compañeros Gorka Knörr y Kontxi Bilbao por negarse a disolver el grupo de la ilegalizada Batasuna pese a que únicamente le acusaba Manos Limpias, una vez que la Fiscalía se descolgó de la causa tras pasar el Gobierno de manos del PP al PSOE. En este procedimiento, el Alto Tribunal entendió que lo que estaba en juego -un delito de presunta desobediencia- repercutía en el interés general y por eso amparó la solitaria personación de Manos Limpias.

¿Botín o Atutxa para la infanta? La decisión corresponde en principio al juez Castro, que habrá de resolver si sienta en el banquillo o no a Cristina de Borbón en el auto de apertura del juicio oral contra los imputados por los manejos de Nóos. En su auto de hoy, la Audiencia de Palma constata, sin citarla por su nombre, que la ‘doctrina Botín’ constituye un escollo para sentar en el banquillo a la primera integrante de la Familia Real que se vería en semejante trance. Pero también introduce un matiz, al recordar que a diferencia de lo que ocurría en la causa contra el banquero, la Fiscalía sí cree aquí que existen ilícitos fiscales aunque no se los impute a la infanta. “Hacienda somos todos”, constata una fuente del Supremo, que aventura que Castro hará valer el interés general que habría sido vulnerado para que se acabe juzgando a Cristina de Borbón. Ese “Hacienda somos todos” es el mismo argumento al que se aferra Manos Limpias para reivindicar que el instructor llegue hasta el final.

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Pulso de ruptura
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Lourdes Pérez | 04-11-2014 | 19:29| 0

El estado de la cuestión catalana parece bascular a estas horas entre el ansioso ‘venga, que pase ya’ de los defensores de la consulta y el resignado ‘ya pasará’ de los que se oponen a su celebración. En consecuencia, la sensación que lleva instalada desde hace semanas en el ambiente político viene a resumirse en la tesis de que después del 9-N vendrá el 10-N, cuando presumiblemente empezará otro ‘proceso’ aunque nadie se atreva a definir ni en qué consistirá, ni cómo va a interferir en las hoy vacías relaciones entre la Generalitat y el Gobierno de Rajoy el presumible adelanto de las elecciones autonómicas. Así las cosas, los dirigentes del soberanismo, cada uno con sus matices, confían en que sean los voluntarios los que hagan la ola imparable y poder bordear de este modo las consecuencias personales más espinosas de promover la pseudoconsulta -el Constitucional la ha paralizado evitando conminar a nada a Artur Mas, que convoca pero sin que en realidad parezca que convoca y sin mancharse las manos firmando un nuevo decreto que sería más comprometedor que el ya suspendido-. Por su parte, los contrarios al 9-N, cada uno también con lo suyo, aguardan a que pase el Domingo de Gloria y minimizar en lo posible su impacto más polarizador sobre un electorado ya muy recalentado y a la espera de la irrupción de Podemos. Pero ocurra lo que ocurra el 9-N, el pulso escenificado no es inocuo, ni seguramente reversible de manera inmediata en sus efectos más nocivos. Porque aunque el 10-N pueda arrancar otra película, ese pulso no corre a favor de una futura convivencia renovada, sino hacia una ruptura cada vez más difícil de suturar porque es sentimental, visceral. Y porque no tiene que ver solo ya con lo que piensan y sienten los catalanes, sino también con la animadversión que suscita el argumento recurrente del agravio -resumido en el ‘España nos roba’- fuera de Cataluña y entre los catalanes que también quieren preservar su identidad española. El pulso por el 9-N va dejando inquietantes jirones en el camino. Entre ellos, que el soberanismo haya identificado como bien superior la unidad en torno a la consulta, sea ésta como sea, sin reparar en lo devaluada que queda. Por la estética de las urnas de cartón y porque ya no tenga quien la firme en un decreto. Y porque sus preparativos han evidenciado un notable desprecio hacia las garantías legales, sin censo homologable y con vocación de que el domingo solo salgan a la calle a expresar su voluntad los soberanistas convencidos.

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El lastre de Mato
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Lourdes Pérez | 08-10-2014 | 19:16| 1

Ana Mato no es una dirigente cualquiera en el PP. No solo es de los contados miembros del ‘aznarismo’ que continúa ocupando una posición relevante junto a Mariano Rajoy, sino que no es extraño encontrar voces internas entre los que son más críticos con la corrupción que ponen la metafórica mano en el fuego por que la ministra ha sido una víctima más -ella de su marido, Jesús Sepúlveda- de la turbia trama Gürtel. La cobertura del presidente del Gobierno ha sido tan poderosa como para que la titular de Sanidad se haya mantenido en el Gabinete, en un plano muy secundario, es verdad, pero todavía en el cogollo del poder en que se toman las decisiones de Estado. Es posible que Mato logre sobrevivir también a la inédita crisis desatada por la ‘importación’ del ébola a España, después de que la la auxiliar Teresa Romero haya admitido que pudo rozarse la cara con un guante contaminado por el virus y que el Ejecutivo acabe interpretando que eso indulta la improvisación y el descontrol que asoman en la gestión de las repatriaciones por ébola y el desgraciado contagio posterior. Pero la titubeante comparecencia de urgencia de Mato el lunes por la tarde escenificó el lastre, casi insuperable, con que carga su dirección en un asunto tan delicado como el manejo público de una pandemia. La manera de salvar a la ministra de la quema del caso Gürtel ha sido presentarla, poco menos, que como una mujer vulnerable e ingenua sometida a las supuestas tropelías de su hoy exmarido. La parte de la sociedad que desconfía de esta versión y que sigue preguntándose cómo la esposa pudo no preguntar a su cónyuge por la procedencia del Jaguar aparcado un buen día en el garaje de casa niega por sistema cualquier credibilidad a la palabra de la ministra. Y la ciudadanía que está dispuesta a ser más condescendiente con los deslices ajenos se cuestiona si puede fiarse del liderazgo de una responsable institucional que no se percató durante años de lo que estaba ocurriendo con sus gastos domésticos. En uno y otro supuesto, Mato estaba condenada antes incluso de ofrecer una rueda de prensa que constituye seguramente un buen resumen de todo lo que un gobierno no debe hacer cuando se enfrenta a un desafío de estas dimensiones. Porque la cabeza de ningún ministerio puede trasmitir la sensación de estar más temblorosa que la paciente indefensa que ve cómo peligra su propia vida.

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La vacuna que preserva la ley
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Lourdes Pérez | 23-09-2014 | 17:26| 1

Es posible que haya un cúmulo de razones, no todas confesables, que expliquen la fulminante dimisión de Alberto Ruiz-Gallardón y su retirada de la vida pública en la que lleva tres décadas justo después de que el presidente del Gobierno en persona, sin intermediarios ni plasmas de por medio, confirmara el secreto a voces: que el Ejecutivo retirará definitivamente la ley del aborto de su programa legislativo, lo que desautorizaba de facto al titular de Justicia y volvía a cortocircuitar -en esta ocasión para siempre- su nunca del todo satisfechas ambiciones políticas. Es también posible que, una vez más, Rajoy haya dado cuerda a “la convicción” de uno los suyos -nadie puede creer que se mueva una hoja en un Consejo de Ministros sin la anuencia del jefe-, permitiendo que Gallardón llegara al borde del precipicio al que la falta de consenso partidario, la contestación interna en el Gobierno y en el PP y la desafección social constatada en las encuestas empujaban desde que decidió poner en el punto de mira de su proyecto reformista la muy sensible normativa sobre la interrupción del embarazo. El ministro dimisonario no solo ha soliviantado bajo su mandato a muchas mujeres -a la izquierda y también a la derecha-: es difícil encontrar un solo juez que no albergue alguna cuita profesional hacia el titular de Justicia, responsable, entre otras medidas impopulares, de la imposición de las tasas que han apartado de los juzgados a los ciudadanos más vulnerables que no tienen recursos para pagarlas. Así que es probable que hayan operado factores variopintos en la renuncia, que incluyen la defensa de su honorabilidad personal y política por parte del afectado y las duraderas heridas que fue abriendo en su carrera el pulso con Esperanza Aguirre, que ahí sigue pese a haber anunciado solemnemente hace meses que se marchaba. Pero hay una cosa indiscutible que deja sobre el tapete el abandono de Gallardón: el hecho de que el detonante haya sido su voluntad de cambiar la ley del aborto, en su caso endureciendo las condiciones para las mujeres y quebrando el pacto partidario y social no ya sobre la reforma promovida por el Gobierno Zapatero en 2010, sino sobre la normativa original de 1985. Es previsible que la dimisión de alguien con un peso tan notable como Gallardón vacune contra futuros intentos de tocar una legislación que apela a la conciencia de cada uno y que no pocas mujeres, más allá de hasta dónde llegue su reivindicacion, continúan contemplando como una conquista. Como el reconocimiento por la sociedad de que un aborto supone un desgarro tan íntimo que necesita seguridad jurídica, certidumbre sanitaria y la suficiente tolerancia para que quien opte por interrupir su embarazo no se vea señalada por ningún dedo acusador.

 

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Cuando el corrupto es mío
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Lourdes Pérez | 02-09-2014 | 17:46| 0

La comparecencia del ministro Montoro sobre el caso Pujol y las reacciones a que ha dado lugar evidencian dos cosas: una, que la corrupción iguala, porque los partidos siguen actuando de muy distinta forma según el corrupto sea propio o ajeno; y en segundo lugar, que no cabe afrontar ninguna “regeneración democrática” con garantías de serlo sin acabar antes con esa perniciosa costumbre, que implica tolerancia cero pero solo si quien ha cometido la trapacería es el adversario político. El Congreso asistía hoy a un acontecimiento insólito: un ministro de Hacienda dando cuentas, hasta donde la ley y la confidencialidad de los datos fiscales permiten, del presunto fraude de quien lo fue casi todo, dentro y también fuera de Cataluña, como presidente de la Generalitat durante un cuarto de siglo. Semejante circunstancia exigía de Montoro, en tanto que alto funcionario del Gobierno que rastrea los dineros escamoteados por Jordi Pujol y sus hijos, más mesura que la demostrada con la inoportunidad de traer a colación la reconversión independentista del expresident. También dar menos sensación de que el Ejecutivo del PP ha recibido poco menos que como un regalo del cielo el inesperado e insuperable descrédito en que ha caído Pujol. Y más contención, aunque fuera en el tono, dado que la obligada crudeza exhibida con el ministro en este caso dista de la tibieza, comprensión, ambigüedad y medias verdades que ha venido desplegando el PP con respecto a los manejos de la red Gürtel y de su extesorero Bárcenas. Aunque el Gobierno ha hecho algo de mucho mayor calado político que agudizar al límite el desprestigio de su antiguo aliado en los pactos del Majestic. Ha dado carpetazo a toda esa época en la que Madrid miraba a Pujol con una mezcla de respeto, confianza y también temor. El mito también se ha derrumbado en la capital del Reino y el Ejecutivo de Rajoy está dispuesto a darle la puntilla en los tribunales.

El Govern y otros han reaccionado airadamente ante lo que interpretan como una utilización obscena por parte de Montoro de las herramientas de que dispone con el objetivo inconfesado de perseguir al adversario político. Como la corrupción, ya se ha dicho, lo iguala todo, esas críticas vienen a ser un calco de las que lanzó el PP contra el Gobierno de Zapatero y la Fiscalía General del Estado cuando estallaron las sospechas sobre Gürtel. Y qué decir de la campaña de reproches con la que los socialistas andaluces saludan los autos de la juez Alaya sobre el fraude en los EREs. Los remilgos sobre la gravedad de lo que ha hecho Jordi Pujol -y confesado al ser descubierto- orillan que es un presunto corrupto que no solo encabezó el Gobierno de una comunidad autónoma durante 23 años, sino que se aprovechó de su privilegiada posición para que su familia se enriqueciera, que lo ocultó todo y que, no conforme con ello, ejerció un híper- liderazgo en el que la reivindicación de la moralidad se erigía como factor distintivo de su persona y del conjunto de Cataluña como él la concebía. No hay disculpa posible para Pujol, salvo que, remedando a Henry Kissinger, su defensa continúe parapetada en eso tan extendido de  ‘es un corrupto, pero es mi corrupto’. Especialmente cuando el expresident, lejos de purgar su culpa como insinuó que pensaba hacer en el escrito de confesión de hace un mes, está tratando de evitar que la Justicia actúe denunciando revelación de secreto fiscal en Andorra y ha condicionado el modo y la fecha en que dará explicaciones ante el Parlament empujado no por su propia voluntad, sino por todos los grupos de la Cámara. Al final, Cataluña no estaba por encima de todo. Lo estaba, y lo está, la familia. Y en eso, la corrupción también iguala.

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Una ‘paz laica’
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Lourdes Pérez | 20-07-2014 | 11:49| 1

1.- En su último comunicado, ETA vuelve a pedir a la ciudadanía vasca que crea en su palabra de organización terrorista agonizante, cuando anuncia que ha desmantelado “las estructuras logísticas y operativas derivadas de la práctica de la lucha armada” y que “está conformando una estructura técnico-logística que tendrá como labor completar el sellado del armamento”. Es probable que la mayoría de la sociedad, que disfruta ya de sus vacaciones o está a punto de hacerlo, crea efectivamente lo que dice ETA. Pero más por indiferencia, desidia o hartazgo que porque, a estas alturas, le importen los pronunciamientos de una banda que selló su defunción como asunto de máximo interés público el día que certificó que ya no iba a matar más. A partir de ahí, todo trata de desplegar un ritual ventajista, cada día más patético y banal. Porque nadie le teme ya: quienes tuvieron el coraje cívico de resistir su amenaza no van a dejarse impresionar ahora por el engolado lenguaje de lo que queda de la organización, que intenta hacer compatible la ampulosidad del trajín con sus “estructuras” con la caja de cartón en la que supuestamente guardaba las armas que exhibió en febrero ante el grupo de mediación internacional de Ram Manikkalingam; y quienes pudieron seguir viviendo con normalidad pese al ruido de las balas, las bombas y las coacciones no sienten ninguna inquietud por lo que les ocurra a la treintena de activistas que vagan por Francia sin capacidad ya para moverse con soltura en su forzosa clandestinidad. Y que, presumiblemente, se asomarían a una pronta detención si optan por llevar su delirio más allá de lo tolerable.

2.- ETA da a entender en su alambicada redacción no solo que no piensa disolverse, sino que aspira a reconvertirse en una suerte de ‘organización política civil’ que tutele eso que ella misma denomina como “la transición” entre “dos ciclos”: “(…) el modelo estatal basado en la negación, la partición y la represión –agotado, pero aún sin cerrar- y el escenario democrático que tendrá como base el respeto a la voluntad de Euskal Herria”. El hecho de que ETA mantenga esa arraigada voluntad de interferir en decisiones que corresponden exclusivamente a los ciudadanos y sus legítimos representantes políticos, perpetuándose no se sabe en qué, demuestra la burbuja de irrealidad en que encuentra sumida. Y que solo se agudiza con el paso del tiempo, en esta Euskadi para la que la paz era y es, fundamentalmente, esto: la ausencia de la violencia y la amenaza etarras. Aunque a quienes más debería preocupar los propósitos de esta ETA con respiración asistida e ínfulas de ‘agente político’ es a la izquierda abertzale institucionalizada, que se resiste a sepultar la herencia de la ‘vanguardia armada’ y coger las riendas del futuro de su medio millar de presos.

3.- El repentino desmarque del lehendakari Urkullu de la nueva visita de Jonathan Powell y Martin McGuinness y el descarnado cruce de acusaciones entre el PNV y Sortu de la última semana han desvelado la existencia de contactos y “compromisos” –que el Gobierno Vasco da por hechos y la izquierda abertzale niega- de los que en apariencia no estaban al corriente ni el resto de partidos, ni el grueso de la opinión pública. El vaivén que protagoniza  ETA para no hacer lo que la mayoría del país le exige –que se disuelva sin condiciones- demuestra que sirve de poco enredarse en estrategias y planes que la organización acaba manejando  a conveniencia y con la única intención de rentabilizar su obligada desaparición. Cabe preguntarse si el redactor de los comunicados no andará por aquí cerca, toda vez que el de anoche tuvo todas las trazas de ser una respuesta a los inesperados reproches del lehendakari difundidos apenas unas horas antes. Como cabe preguntarse, una vez que el grupo de Aiete ha sido ‘quemado’ por la renuencia de ETA y Sortu a hacer los deberes, si resultan operativas las gestiones encomendadas en paralelo a Manikkalingam y los suyos. Y como cabe preguntarse, en definitiva, si no ha llegado el momento de pasar de una ‘paz de confesionario’, rodeada de secretismos y medias palabras, a una ‘paz laica’ asentada en la transparencia de los debates públicos en el Parlamento y el resto de instituciones vascas y en la legitimidad del veredicto de las urnas.

 

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El ‘aparato’ no tiene quien lo defienda
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Lourdes Pérez | 13-07-2014 | 14:42| 0

¿Puede gobernarse un partido sin cuadros de dirección, eso que en los tiempos de Podemos se denomina tan despectivamente como el ‘aparato’? ¿Puede hacerlo el PSOE, formación política centenaria, la sigla que más tiempo ha dirigido La Moncloa desde la restauración de la democracia, todavía la segunda fuerza política del país, con 200.000 militantes llamados hoy a elegir a su nuevo secretario general en una votación inédita que no podría haberse organizado sin la existencia del ‘aparato’? La pregunta está en el aire, porque eso del ‘aparato’ ha provocado urticaria a los candidatos, en estas primarias improvisadas para designar al líder que deberá echarse a la espalda a un socialismo español que no termina de ver la luz al final del túnel. La desafección hacia lo que se identifica, en el peor sentido, con el control y el manejo interno del poder ha dejado situaciones paradójicas. Hasta que arrancó esta campaña que nadie esperaba y para la que nadie estaba preparado -porque una cosa son unas primarias abiertas al votante etéreo como si fueran unas generales raras y otra tenérsela que jugársela afiliado a afiliado, agrupación a agrupación-, Pedro Sánchez era el ‘ousider’ frente a ese ‘aparato’ encubierto que venían representando los aspirantes que figuraban desde hacía meses en las quinielas: Carme Chacón, Eduardo Madina, Patxi López, Emiliano García-Page… Pero han bastado una confluencia de circunstancias -entre ellas, el notorio enfado de Andalucía con Madina por haber cortocircuitado las opciones de Susana Díaz, tras lo que la presidenta de la Junta intuye (o conoce) la mano ‘in extremis’ de Alfredo Pérez Rubalcaba- y que Sánchez se haya hecho con el apoyo de buena parte de los avales y las baronías del partido para que el madrileño se haya visto obligado a repetir, acto a acto, que no; que él no es el elegido del ‘aparato’, que él, en realidad, jamás ha sido ‘aparato’, aunque fuera concejal en Madrid y sea diputado en el Congreso.

Enfrente, que no al lado -el guante blanco de la campaña no ha sido inmaculado-, Eduardo Madina también sufre sus propias contradicciones. Años en la ejecutiva federal y su responsabilidad como secretario general del Grupo Socialista en la Cámara Baja constituyen un pegajoso chicle cuando uno trata de despegarse de la temible vinculación con el ‘aparato’; sobre todo, cuando nunca el ‘aparato’ fue más acrítico que durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, que controló con mano de hierro, desde el poder del Gobierno, al conjunto del  PSOE. El tercero en discordia en esta carrera electoral, el profesor José Antonio Pérez Tapias, padece menos la sombra de la paradoja. Aunque no pocas corrientes internas en los partidos acaban siendo más ‘aparateras’ que el propio ‘aparato’ y cuando él mismo -como Pablo Iglesias- pertenece a esa singular casta larvada a lo largo y ancho del país que son los ‘cuadros’ universitarios.

El desprecio hacia el ‘aparato’ no está cayendo en el vacío. La campaña ha dejado un malestar latente entre quienes se sienten señalados por los suyos no tanto como organizadores en la trastienda del partido y su funcionamiento, y sí como oscuros maniobreros en defensa de intereses no siempre transparentes y confesables. “‘Aparato’ son quienes suben las persianas de las casas del pueblo y quienes estaban dentro cuando nos las quemaban”, rebate un significado militante del PSE. Habrá que ver, a partir del recuento de esta noche, cómo se gobierna el PSOE del nuevo secretario general: sin ‘aparato’, con otro ‘aparato’ que no se llame ‘aparato’ por el qué dirán o integrando al ‘aparato’ superviviente, si alguien es capaz en estos momentos de encontrarlo en un partido donde unos y otros se miran de reojo desconfiado.

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Mudanza real en tiempo de zozobra
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Lourdes Pérez | 17-06-2014 | 10:49| 0

El Rey ha puesto fin hoy a casi 40 años de Jefatura del Estado dejando el anuncio de su histórica decisión en manos del presidente del Gobierno y con una comparecencia en la que el rostro grave y exhausto de su protagonista explicaban mejor que cualquier palabra por qué ha llegado hasta ahí. Por qué se ha visto forzado a renunciar, cuando el Juan Carlos de Borbón que todavía seducía hace unos años a los españoles, muchos de ellos republicanos de corazón, parecía poco menos que imperecedero. Pero nada lo es en una democracia constitucional sometida al escrutinio público, y menos aún en un país sacudido por tal crisis económica e institucional que para sus ciudadanos se había hecho difícilmente digerible la sucesión de escándalos y errores que iban socavando la credibilidad de la Casa Real y, sobre todo, la indefendible conducta de Iñaki Urdangarin, que ha situado al borde del banquillo a la infanta Cristina. No deja de resultar sintomático que haya sido justamente Mariano Rajoy, el jefe del Gobierno más renuente a los riesgos y las alharacas, el que haya tenido que anticipar al país una noticia del calado y la trascendencia -a estas horas por medir- de la abdicación real. Una abdicación inesperada que ha extendido como una mancha de aceite la impresión, acentuada a lo largo de esta recesión interminable, de que nos encontramos ante el final de un ciclo que interpela a la sostenibilidad de las instituciones del Estado tal y como fueron concebidas en la Transición y a la dinámica del sistema de partidos. Es ocioso especular con qué habría ocurrido si el Rey hubiera dado el paso cuando aún conservaba el halo de invulnerabilidad, o tan siquiera cuando los hechos y las diligencias judiciales evidenciaron la carga de profundidad que llevaba consigo el caso Urdangarin. La máxima ignaciana aconseja no hacer mudanza en tiempo de zozobra. El Rey acaba de abandonar la gobernanza de su propia Casa para intentar que los muebles, convenientemente remozados, sigan en su sitio.

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El ‘win-win’ vasco
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Lourdes Pérez | 17-06-2014 | 10:49| 3

Artur Mas aprovechó el contexto festivo y conciliador de Sant Jordi para echar mano de un concepto económico y pedir una salida «win-win» para el proceso soberanista catalán. El término, que en traducción libre significaría «ganamos todos», remite a una negociación cuyo objetivo sería un acuerdo satisfactorio para las partes en conflicto. Lo que supondría que, cuando todo esto acabe -no está claro qué es “esto” ni cuándo ni cómo terminará, si es que lo hace-, no debe haber «ni vencedores ni vencidos» entre Cataluña y España. Este nuevo discurso de Mas viene a resumir la insólita e histórica encrucijada en que se encuentra la Generalitat. Porque mientras el independentismo de la Asamblea Nacional y parte de la clase dirigente catalana han asumido ya que la ruptura vale la pena porque no habría nada que perder -al fin y al cabo, «España nos roba»-, persiste un vértigo intravenoso a lo desconocido. A quedarse sin lo que ofrece el actual autogobierno, por rácano que parezca, y sin el confort de esta Europa tan imperfecta pero tan segura. No es fácil desprenderse del autocontrol que durante tres décadas estuvo en el ADN del “pujolismo”: temerosa de sus dineros, Cataluña dejó pasar el Concierto económico y en este tiempo ha marcado distancias no solo con el radicalismo violento, sino también con el ensayo soberanista de Ibarretxe.
Hoy, cuando Mas aboga por una solución “win-win” ante el embrollo de la consulta, es Euskadi la que tiene que proteger su propia ganancia, aquello que la convierte en la más singular de las autonomías y en una experiencia de autogobierno distintiva en el mundo. Es el “win-win” que representó hace más de 30 años la firma del Concierto. Un pacto bilateral amparado por la Constitución que se rompería con la secesión y al que una crisis feroz y la efervescencia independentista han colocado bajo una doble amenaza: por una parte, los recelos del resto de comunidades, incluida Cataluña, ante lo que sienten como un agravio financiero; y, por otra, la posibilidad de que cualquier arreglo para la cuestión catalana acabe diluyendo la particularidad vasca, incluso si se consensuara una España plenamente plurinacional y asimétrica. Ya no seríamos los únicos y “lo nuestro” no resultaría tan decisivo ante las pulsiones del problema catalán.
Así que Euskadi no puede ser ni comportarse miméticamente como Cataluña no solo porque el PNV haya decidido que la bamboleante “vía Mas” no es la que conviene ni al país ni a su estrategia; o porque la izquierda abertzale no atesore aún la credibilidad suficiente para patrimonializar un Gure Esku Dago tan multitudinario, transversal y colorista como los actos de la Asamblea Catalana. No somos Cataluña porque Euskadi ya es diferente, constitucionalmente hablando. Y porque aquí sí existe algo valioso que perder, por más que se enreden las renovaciones del Concierto, se eternicen las disensiones sobre la cuantificación del Cupo y los acuerdos no den de sí todo lo que podrían, como parece que ocurre con el TAV. Al Estado, por su parte, le conviene guardar ese “win-win” con los vascos: no es inocuo que sea el ministro Montoro el que ha avalado el Concierto, por convicción constitucional y porque levanta un dique de contención frente al riesgo de contagio de la fiebre catalana.
Hay otro factor añadido, y no menor, por el que Euskadi no es Cataluña. Entre nosotros, la aspiración independentista nunca podrá ser enarbolada frívolamente, porque se ha asesinado en su nombre hasta fechas aún muy recientes. Las instituciones de autogobierno han actuado como una barrera de bienestar y civilidad frente al terror etarra. En la Transición, la izquierda abertzale se descolgó del marco democrático recién nacido, algo que sigue interpretando como un acierto. La ponencia vasca permitirá determinar si realmente cabe un acuerdo entre el nacionalismo que ha liderado ese autogobierno y el nacionalismo que ha batallado en su contra. O si es factible cualquier otro consenso con una Sortu que desprecia la arquitectura estatutaria aunque participe de ella y que se mira en el “espejo catalán” añorando una nueva Transición que borre el pasado.

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