El ejercicio de la democracia partidaria ha ido generando vicios con el paso de los años. Uno de ellos es la de la convocatoria recurrente de rondas y cumbres políticas, la cual ha dado lugar a su vez a una liturgia tan arraigada -y de la que participamos los medios de comunicación- que parece de mal gusto cuestionarse cosas pedestres cómo su finalidad última, su auténtica utilidad  y la hora a la que se celebran. Es un hecho constatable que rara vez las grandes citas con todos los que representan algo en la suerte de un país se organizan para anticiparse a los problemas, o para explorar acuerdos que sienten un terreno común ante cuitas o dilemas que puedan afectar al conjunto de la ciudadanía. No nos engañemos, las cumbres y los grandes pactos ‘nacionales’ suelen reclamarse por gobiernos y oposiciones cuando la cosa ya no tiene remedio, o cuando las dificultades -propias y ajenas- se enquistan en un callejón sin aparente salida. Ahí está la insistencia del PSOE en reclamar, en vano, un acuerdo para reactivar la economía a un Mariano Rajoy al que por mal que le vaya en las encuestas, continúa mejor situado que el socialismo de Rubalcaba. Ahí está también la fotografía que protagonizó el pasado jueves en La Moncloa el presidente del Gobierno con los líderes sindicales y la patronal, una imagen que, arrastrada por otras realidades, comenzó a difuminarse en el mismo momento de haberla inmortalizado. Y aquí está también, hoy a las cinco y media de la tarde en Vitoria, la primera cumbre a la que el lehendakari Urkullu ha llamado a todos grupos con representación parlamentaria, en un intento de compartir la soledad en que deja a su Gabinete la gestión de una crisis endiablada y el fiasco de la prórroga presupuestaria.

Es elocuente cómo hemos renunciado a fiscalizar rondas, cumbres y citas varias. Para empezar, la hora a la que se convocan. En un gesto muy extendido entre quienes tienen responsabilidades  institucionales y políticas y que no distingue colores partidarios, el lehendakari ha fijado los dos cónclaves más importantes sobre el papel de su agenda en sesión vespertina: intercambió impresiones con los diputados generales y la presidenta de Eudel a las cuatro de la tarde, y hoy hará lo propio con Mintegi, López, Quiroga y Maneiro con más retraso, a las 17.30. Por definición, y con independencia de cuáles sean los escollos para cuadrar todos los calendarios, eso acota el margen para poder extender cualquier debate fructífero y dificulta por añadidura el trabajo periodístico, que no se basa solo en contar lo que ocurre, sino en discernir qué es lo que ha sucedido realmente tras las consabidas comparecencias de los asistentes. En momentos extremos como el actual, comienza a ser hábito dar por bueno que gobierno y oposición se sienten en torno a una mesa, como si el mero establecimiento de un diálogo bastara y sobrara; e impidiera preguntarse por los contenidos y resultados reales de ese diálogo. Desde que los vascos acudieron a las urnas el pasado octubre, el lehendakari y su Gobierno han mantenido cinco rondas de partidos y, con la de hoy, dos cumbres al máximo nivel institucional y político. No corren los mejores tiempos para la paciencia ciudadana, poco dispuesta a mostrarse sensible con los intereses partidarios de todo signo que llevan meses entrecruzándose en Euskadi sin llegar a construir ninguna fotografía de país.

1.- Sin novedades programáticas. Pese a que se esperaba que el lehendakari concretara la oferta de pacto que dirigió el lunes al PSE y al PP, ni los nueve folios de su discurso ni las intervenciones posteriores han clarificado las aspiraciones del Gobierno más allá de lo ya desgranado en su listado de actuaciones para la legislatura y en el programa electoral del PNV, sin jerarquías nítidas. Apenas ha entrado en detalles salvo cuantificar en 200 millones el plan para tratar de reactivar la economía, gracias a la prevista ampliación del límite de déficit público. De tal forma que la única sorpresa como tal de la sesión ha sido la convocatoria de una doble cumbre -institucional (diputaciones y Eudel) y con todos los partidos- en Ajuria Enea en una fecha por determinar, una vez que Iñigo Urkullu ha constatado a lo largo del debate su falta de apoyos.

2.- Fotografía con todos. La búsqueda de una imagen inédita en la sede presidencial con las cuatro fuerzas de la oposición persigue tanto sortear el bloqueo en que se ha instalado la política vasca tras la forzosa prórroga de los Presupuestos, como reafirmar el liderazgo del lehendakari en un momento en el que siente ya ”el desgaste” de su minoría parlamentaria; así se lo ha admitido en la tribuna a la portavoz del PP, Arantza Quiroga. Sobre el papel, el hecho de que Urkullu haya optado por citar ahora al conjunto del arco parlamentario diluye la propuesta de acuerdo a tres con socialistas y populares y ‘reintegra’ a EH Bildu y a UpyD, aunque sea formalmente, en la exploración de consensos.

3.- Con el PP solo, no. El desarrollo del pleno ha confirmado la evidencia: el Gobierno se resiste a un acuerdo en exclusiva con los populares de Antonio Basagoiti, por más que Urkullu haya abierto una línea de diálogo con el presidente Rajoy y que PNV y PP se presten apoyo mutuo en Bizkaia y Alava. La formación conservadora, demasiado condicionada por los recortes, los seis millones de parados y la corrupción que lastran al Gobierno español, ha llegado a ofrecer hoy al lehendakari una estabilidad “sin contrapartidas” pese a discrepar radicalmente de sus pretensiones soberanistas. Es verdad que la suma con los populares -37 escaños- no confiere al PNV la mayoría absoluta, pero la entente obligaría a coincidencias constantes entre el PSE y EH Bildu para poder contrarrestarla y dejaría la llave del Parlamento en manos del solitario asiento de Gorka Maneiro. Con todo, las razones de los jeltzales para no pactar solo con el PP son más cualitativas que cuantitativas.

4.- A peor con los socialistas. Pese a que unos y otros sostienen que, privadamente, sus relaciones están mejor que en el tramo final del Ejecutivo de Patxi López, la traducción de ese ambiente más distendido es nula por ahora de puertas hacia fuera. Antes al contrario: en términos políticos, y después del disenso presupuestario, el PNV y el PSE nunca han aparecido tan distantes como ahora, excepción hecha de la época de mayor crispación bajo el mandato de Juan José Ibarretxe. La participación del exlehendakari en la manifestación del Primero de Mayo de UGT y CC OO escenifica la convicción de los socialistas vascos de que su reenganche electoral con la sociedad -y también el del PSOE- pasa por acentuar el perfil de izquierdas y la oposición a los ajustes forzados por el rigorismo europeo.

5.- El fin del ‘Gobierno del cambio’. El pleno de hoy ha evidenciado la brecha que la gestión de la crisis económica ha abierto entre los dos partidos que sostuvieron entre 2009 y 2012 al primer lehendakari no nacionalista, hasta llevarlos a posiciones que parecen difícilmente conciliables. López ha ratificado de viva voz que el PSE no entrará “nunca” en pactos con el PP mientras sus antiguos socios perseveren en la estrategia de austeridad. Una política que motivó los recursos planteados por el Gabinete socialista ante el Constitucional contra los decretos de Rajoy y que desembocó, a su vez, en la ruptura del acuerdo con López por parte de Basagoiti hace ahora un año.

La negociación en torno a los Presupuestos vascos para 2013 está resultando tan anodina que lo que cabe esperar, a estas alturas y cuando falta poco más de una semana para el debate de las enmiendas de totalidad, es que lo que tenga que ocurrir ocurra cuanto antes si es que el Gobierno y los partidos han interiorizado ya que no hay acuerdo posible que evite la prórroga de las Cuentas del año pasado; prórroga en la que, por otra parte, está técnicamente Euskadi desde que se inició el año y ya va para cuatro meses. Es dudoso, de hecho, que lo que ha ocurrido en las últimas semanas y una vez conocidas las fuertes restricciones en los ingresos con que contará el Ejecutivo de Urkullu -1.300 millones menos- pueda responder propiamente a una negociación. En realidad, las rondas de contactos han sido más bien una sucesión de diálogos de sordos entre el Gobierno y las dos principales fuerzas de la oposición -EH Bildu y PSE-, las dos que tienen en su mano con el voto afirmativo o la abstención salvar los primeros Presupuestos del lehendakari. La parsimonia con la que ha gestionado el Ejecutivo la urgencia del momento, con intervención de Urkullu y ‘documento de mínimos’ in extremis, ha corrido paralela a la convicción de la izquierda abertzale y de los socialistas de que, en estos momentos, les cunde más apretar las tuercas a Ajuria Enea por unas Cuentas que no son las suyas que contribuir a una estabilidad que el lehendakari reclama pero sin inclinarse abiertamente -comprometidamente- por un socio de legislatura. Los guiños al PSE no han llegado aún a tanto, y los socialistas, por su parte, parecen más decididos hoy por hoy a hacer valer su paso por Ajuria Enea y reafirmarse como eje de la oposición que a facilitar la tarea a Urkullu. La propuesta de ‘pacto a tres’ con los socialistas que propone el PP de Antonio Basagoiti es reveladora de la desconfianza y los lastres que anidan en la política vasca: los populares quieren ser necesarios para el PNV, pero saben de las dificultades de los jeltzales para aceptar un pacto con ellos que, para empezar, no les otorga la mayoría absoluta imprescindible en la Cámara de Vitoria y que  indefectiblemente escoraría hacia el conservadurismo, a ojos de los demás, un Presupuesto que el Gabinete Urkullu se ha esforzado en presentar ante todo como social. Junto a ello, resultaría un contrasentido difícil de explicar a su militancia que el PSE entrara a avalar, aunque fuera con la abstención, unas Cuentas sustentadas por dos partidos a los que exlehendakari López identificó con ‘las derechas vascas’ en su rechazo a los recortes promovidos por el Gobierno de Mariano  Rajoy. Como parece también contradictorio que Urkullu insista en plantear un marco de estabilidad que vaya más allá de este trámite presupuestario concreto cuando aprobar las Cuentas debería ser el clavo en la pared que permita empezar a colgar de él esa estabilidad con acuerdos nítidos y tasados.

La política vasca ha ofrecido reiterados ejemplos en el pasado de que nada puede darse por seguro hasta el último minuto. Pero dados algunos precedentes bochornosos en la ratificación de proyectos presupuestarios anteriores, con votos parcelados que mutilaron las Cuentas o gracias a ausencias tan sonadas como la de Jaime Mayor Oreja, y si realmente están tan diluidas las posibilidades de acercar posturas, sería deseable que Gobierno y oposición zanjaran este asunto lo antes posible. Entre otras cosas, porque los ciudadanos llevan ya meses manejándose con sus propios presupuestos ajustados y prorrogados.

Reza un viejo adagio que nadie es más poderoso que un juez de instrucción. La sentencia resulta exagerada, claro, porque el Estado de Derecho  tiene sus propios contrapesos para garantizar que, realmente, se hace justicia. Pero es obvio que hasta que se sustancie el anunciado recurso de la Fiscalía Anticorrupción, nadie habrá podido ejercer el poder de una manera tan notoria como el magistrado José Castro al imputar a la infanta Cristina, lo que es lo mismo que formalizar por primera vez en la Historia una acusación penal contra un miembro de la Casa Real española. En democracia, la Justicia es igual para todos, del mismo modo que todos somos iguales ante la Justicia. Sin embargo, cabe imaginar que para Castro, sentado en la soledad de su despacho delante del sumario que va tejiendo y destejiendo, no habrá habido una decisión comparable a la de tener que resolver si dejaba correr las sospechas sobre la infanta o les concedía la suficiente apariencia de verosimilitud como para transformarlas nada menos que en un auto de imputación. Corre en las últimas horas la tesis de que el juez, arrastrado supuestamente por ese afán de protagonismo que se atribuye a los instructores de causas muy relevantes, habría cedido a la presión de la calle; a la presión de los indignados que ya no soportan la descripción cotidiana y cotinuada de podredumbres en todos los ámbitos de la vida pública. Pero si se plantea esa hipótesis tan poco compasiva hacia Castro, también habría que plantear la contraria: que, en realidad, el juez se lo ha pensado muy mucho antes de llevar ante los tribunales a quien forma parte por nacimiento de una institución como la Monarquía y sigue estando en la línea sucesoria al trono. Especular con las motivaciones ocultas de los jueces es fácil, porque las insidias rara vez encuentran réplica y porque, en ocasiones, los propios integrantes de la Magistratura se encargan irresponsablemente de alimentarlas. Y, sin embargo, para entender por qué los jueces actúan como actúan hay que asumir la singularidad de su trabajo, un oficio que no se asemeja a ningún otro. Porque ponen en manos de la ley la suerte de otros seres humanos. Porque acusan sin poder disponer casi nunca del relato completo e incontrovertible de los hechos. Porque tratan de reconstruir la única verdad posible, la verdad del veredicto judicial. Porque en un momento decisivo de la instrucción, Castro se situó por encima del ‘qué dirán’ para citar a Cristina Federica de Borbón y Grecia a que dé explicaciones sobre su relación con el Instituto Nóos; sobre el uso presuntamente fraudulento que de su nombre, de su rango y de su parentesco pudo hacer su propio marido; y, en definitiva, sobre si ella misma se benefició de la supuesta corrupción levantada, también supuestamente, sobre el tráfico de influencias.

Los 18 folios del auto redactado por José Castro pueden resumirse en una pregunta: si es posible que la infanta desconociera las actividades de Iñaki Urdangarin y cómo revertían éstas en su patrimonio familiar. Ante la  impugnación de la Fiscalía, Castro se juega ahora la credibilidad de su inédita imputación. La carga conjunta de los indicios frente a la prevalencia de la presunción de inocencia. Pocas cosas hay seguramente más perniciosas para el correcto funcionamiento de la democracia que un juez justiciero, y de los tribunales españoles ha emergido algún que otro ejemplo de lo que significa que quien debe aplicar la ley la fuerce hasta el intolerable límite de pervertir su espíritu original. Pero pocas cosas pueden devolver la confianza a tantos ciudadanos cada vez más descreídos y decepcionados que la Justicia, y sus jueces, actúen como un efectivo y riguroso dique de contención frente a la gangrena colectiva que implican los eventuales delitos de corrupción. Provengan de donde provengan.

ETA siempre se ha beneficiado del ruido. De hecho, el ruido ha formado parte indisoluble de su trayectoria. El más ensordecedor y destructivo, el que tenía la capacidad de sacar de quicio todo lo que tocaba la violencia, era el de las bombas. Luego llegaba el ruido, en distinta frecuencia, de los comunicados, en los que acostumbraba a reivindicar los atentados cometidos y a justificar, en su caso, el asesinato y la extorsión. Hubo momentos en los que lo que escribía ETA se escudriñaba casi con más atención que el destrozo personal y colectivo que causaban cada una de sus “acciones armadas”. Y la profusión de análisis sobre lo que decía, sumada a la palabrería interesada que siempre interpretaba entre líneas -para bien o para mal- lo que los terroristas no afirmaban, lograba recrear y amplificar a través del papel el estruendo provocado con las pistolas y los explosivos. El ruido encadenado, sostenido en el tiempo, ayudaba a ETA a sobrevivir.

Hoy, el ruido asociado a la violencia apenas se escucha, en una sociedad que dio por superado el ciclo terrorista bastante antes de que la organización armada decretara su cese definitivo el 20 de octubre de 2011 y que está abrumada por inquietudes tan domésticas como poder llegar a fin de mes. Y ETA ni siquiera ha aproximado este comunicado -salvo que exista alguno más- a la celebración el domingo del Aberri Eguna: su contenido habría contaminado los actos de la izquierda abertzale empeñada en sortear el pasado como mejor pueda. Pero nostálgicos del ruido de antaño y del protagonismo que les proporcionaba, los terroristas han irrumpido en escena para confirmar lo evidente -que no han dado aún el paso de desarmarse sin tratar de forzar algo que parezca una negociación con España y Francia- y para incidir en una conducta reiterada a lo largo de su historia: quemar a todos los que, más o menos bienintencionados,  le tienden la mano o se acercan a ella explorando una salida. Lo hizo con el PNVal fracasar Lizarra haciendo públicos sus supuestos pactos secretos; lo hizo con el PSOE una vez dinamitado en la T-4 el poceso de paz, con críticas que se extienden al comunicado de ayer; y ahora lo hace con los verificadores internacionales e, implícitamente, con iniciativas asociadas como el foro social promovido por Lokarri. El ruido al que se aferra ETA no soporta ni el silencio que le viene dispensando Mariano Rajoy, especialista en sobreponerse a sus adversarios -sean propios o ajenos- por la vía de extenuarlos con su mutismo a ultranza. Ni tampoco la sordina que los partidos vascos han puesto a la problemática de los presos y a las reivindicaciones tradicionales de la izquierda abertzale.

Hoy se dirime en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) si el Estado español, representado por el Gobierno y la cúspide de su sistema penal -la Audiencia Nacional, el Supremo y el  Constitucional-, vulneró las prerrogativas que asisten a la presa de ETA Inés del Río al imponerle un alargamiento de la pena por la vía de la doctrina Parot y aplicarle, con ello, un castigo sobrevenido y más gravoso que el fijado por el Código Penal vigente en el momento en que perpetró los 23 asesinatos por los que está condenada. Esta es la forma más escueta de resumir el galimatías jurídico que, lejos de apasionamientos, deberán dirimir a partir de ahora los 17 integrantes de la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo; entre ellos, el único juez español, Luis López Guerra, exsecretario de Estado de Justicia con Zapatero y cuya conocida oposición al nuevo recuento de las penas de cárcel inquieta particularmente al Ejecutivo de Rajoy. La opinión de los llamados ‘jueces nacionales’ en casos que competen a sus países de origen no es baladí. Hasta el punto de que en el Gobierno cunde la convicción de que el veredicto previo que tumbó la doctrina Parot, adoptado en julio por unanimidad de los siete magistrados de la Sección Tercera del propio (TEDH), no habría sido el mismo si López Guerra hubiera avalado la posición de los principales tribunales españoles.

Pero hay también otra forma de describir lo que se resuelve en Estrasburgo, donde hoy han comparecido las víctimas del terrorismo y la izquierda abertzale. Es el debate entre lo legal y lo justo, concentrado en preguntas que tienen ida y vuelta. ¿Qué es más razonable desde el punto de vista de una Justicia que, además de la reinsercion busque reparar el daño causado: que terroristas, u otros asesinos múltiples o violadores en serie, puedan acogerse a beneficios penitenciarios que acorten su estancia en prisión o que se aproximen al cumplimiento de los 30 años máximos previstos por la legislación española, una de las más restrictivas de Europa? ¿La gravedad de los delitos cometidos justifica que se fuercen los márgenes de los derechos que asisten a toda la población reclusa, con independencia de su procedencia? ¿Cuál es la condena efectiva y respetuosa con el campo de juego del Derecho para, por ejemplo, Inés del Río, culpable de 23 crímenes por los que no ha expresado arrepentimiento y no ha mostrado empatía alguna hacia sus víctimas? En julio, en su sentencia en primera instancia, el Tribunal Europeo ya advirtió de que no puede haber condena sin ley. Así pues, el viejo dilema entre lo que puede ser más o menos justo y lo que es legal o no ha vuelto a sobrevolar hoy la Gran Sala de Estrasburgo. Aunque un veterano magistrado español, persuadido de que el TEDH revocará la doctrina Parot, prefiere referirse con un punto de sorna al problema como una cuestión de matemáticas: del repelús que, en su opinión, siempre han tenido la mayoría de los jueces hacia el “engorro” del cómputo de las penas penitenciarias, como si fuera posible -añade- hacer Justicia solo poniendo sentencias y no asegurándose de cómo se ejecutan los castigos penales impuestos.

Lo que admite menos dudas es que sea cual sea el veredicto definitivo del Tribunal Europeo, el Gobierno está obligado a acatarlo. Es verdad que el ordenamiento español no tiene incorporada una ‘cláusula de revisión’ que permita asumir automáticamente los dictámenes de Estrasburgo, pero en su condición de socio comunitario, de defensor de los principios fundacionales de la UE y de firmante del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Estado no tendrá ante sí otra alternativa que admitir un posible voto contrario a sus intereses por parte del TEDH. La “ingeniería jurídica” a la que ha aludido el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, no va a poder sortear esa eventualidad si así se confirma. Porque nadie se imagina a ninguno de los tres tribunales concernidos -el Supremo, el Constitucional y la Audiencia Nacional, la que correspondería revisar la hoja de cómputo de las penas ante una anulación de la doctrina Parot- intentado eludir aquello que puedan ordenarles sus colegas de Estrasburgo.

En la semana en que se conmemora el Día de la Mujer Trabajadora, una mujer ha sido elegida para dirigir EiTB por primera vez en los 30 años de existencia del ente. Como es público, Maite Iturbe no ha sido la candidata preferente del PNV, que se inclinó por Mikel Agirre antes de que esta opción naufragara por el desitimiento de quien estaba a punto de ser elegido por el Parlamento como nuevo responsable de la televisión pública vasca. Una vez fracasado su nombramiento, Iturbe tampoco figuró entre las opciones inmediatas de los peneuvistas, obligados a cambiar el pie ante las objeciones del PSE a que el elegido fuera Jaime Otamendi o Bingen Zupiria. Finalmente ha sido Iturbe la que ha concitado el necesario respaldo de los socialistas para que su nombre saliera adelante, aunque repasando su perfil profesional y sus tres décadas en la ‘casa’ ambas cosas no difieren en exceso de las credenciales con que contaba Agirre para asumir el cargo propuesto. Si algún imprevisto no varía el guión, la hasta responsable de Producción y del centro de Miramón de EiTB verá añadido a su currículum esa denominación tan lustrosa de ser la primera mujer en capitanear una empresa de la envergadura del ente público vasco; y de hacerlo, además en la época más ingrata del autogobierno para gestionar los menguados recursos disponibles. Con su aceptación del puesto, Maite Iturbe pondrá otra piedra en trabajoso camino de la igualdad, en la quiebra del ‘techo de cristal’ que sigue frenando la incorporación de las mujeres a las más altas responsabilidades después de años de integración efectiva -y remunerada- en el mercado laboral. Pero lo hará a sabiendas de que ella no era la primera propuesta, en un país donde la presencia femenina en los principales cargos políticos e institucionales continúa respondiendo más a la obligación de las cuotas o a la mala conciencia -no defender la paridad está ya muy mal visto- que a una asunción real y sincera de que hay mujeres tan preparadas como los hombres para hacerlo bien. Y también para hacerlo mal.

Hace unos años, un grupo de militantes del PSOE, en su mayoría mujeres, emprendieron una campaña para reivindicar que María Teresa Fernández de la Vega se mantuviera al frente de la vicepresidencia del Gobierno y no atendiera los cantos de sirena de José Luis Rodríguez Zapatero para que liderara la plancha socialista a la Alcaldía de Madrid, plaza perdida de partida por el empuje entonces del dirigente del PP Alberto Ruiz-Gallardón. La revuelta surgió a raíz de un mensaje de Elena Arnedo, ginecóloga, feminista de largo recorrido, exconcejala en el Ayuntamiento madrileño y primera mujer de Miguel Boyer -dato permanente en su biografía que apenas se cita, a la inversa, en el caso del exministro-. Arnedo arremetió contra la “inveterada” costumbre de la “sociedad patriarcal” para recurrir a las mujeres cuando es preciso enderezar “un desaguisado”. Obviamente, el caso, la situación y las responsabilidades asumidas por Maite Iturbe son otras muy distintas. Pero ante las tentaciones, tan comunes, de poner en valor que vaya a ser la primera mujer al frente de EiTB, convendría no olvidar que la primera opción, las primeras opciones, fueron hombres. Y que la igualdad no solo depende de que todos, hombres y mujeres, disfruten de las misma posibilidades en condiciones de mérito y capacidad equiparables. También de que las mujeres que puedan sentirse impelidas a decir que sí al puesto que se les ofrece, interpretándolo como una conquista para todas las de su sexo, tengan el mismo derecho que sus colegas a responder que no.

Desengañémonos: nadie, salvo los protagonistas, sabe a ciencia cierta qué ocurre en los pasillos vaticanos. Los gobiernos y los partidos están dirigidos por políticos que se mueven por pulsiones tangibles, terrenales. Es decir, comparables a las que podemos sentir todos los demás, así que lo que sucede entre sus paredes resulta más fácil de identificar aunque no se disponga -y nunca se dispone- de toda la información. Quienes están en la Santa Sede, en el núcleo del poder pontificio, escriben con letra y decisiones humanas la voluntad de Dios, lo que hace mucho más intrincado comprender qué se mueve en un universo tan hermético, regido además por unas reglas y protocolos ajenos a cualquier forma de gobierno o modelo de diplomacia comparables. Aunque lo parezcan, especialmente después del escándalo ‘Vatileaks’, las intrigas que puedan discurrir en el Vaticano  tampoco son propiamente de este mundo.

Es casi imposible, por lo tanto, que llegemos a conocer con exactitud la complejidad de motivos que han llevado a Joseph Ratzinger a renunciar a seguir siendo Benedicto XVI. Pero hay una imagen sugerente que aflora tras las trémulas palabras del Papa en las que, al mismo tiempo que confiesa que ya no tiene fuerzas para continuar con semejante responsabilidad, protagoniza el gesto titánico, el último de su Papado, de cesar en la máxima dignidad que para los católicos puede alcanzar un hombre en la tierra. Esa idea sugerente es la de un Papa que, al fin, duda. Que examina “repetidamente” su “conciencia delante de Dios” y alcanza “la certeza” de que ya no puede seguir ejerciendo de manera adecuada su ministerio. Aunque no sea ésta su determinación, es inevitable que quienes no creen, o sienten una religiosidad difusa, no interpreten como una enmienda de totalidad la renuncia de Ratzinger frente al largo y sufriente declive por el que optó Wojtila hasta su muerte. Ratzinger no es solo el primer Papa en siglos que deja voluntariamente el Pontificado. Es el primero que ha llevado las dudas sobre su continuidad en la vejez, tan humanas, hasta el final de una decisión que quedará como un hito insoslayable en el curso de la Iglesia.

El escritor checo Pavel Kohout escribió hace unos años una novela mezcla de relato histórico y género negro titulada, muy sugerentemente, ‘La hora estelar de los asesinos’. En los últimos dias del nazismo en la Praga ocupada, un psicópata perpetra sus crímenes en medio del terror, el caos, la incertidumbre y la desesperanza. A su modo, España está soportando ahora lo que podría calificarse como la ‘La hora estelar de la indecencia’, en la que prácticas bochornosas se enseñorean en un espacio público asfixiado por la extenuante crisis que soporta el país, las penurias domésticas para llegar a fin de mes y el descreimiento colectivo sobre la capacidad de la política para sobreponerse a una situación crítica. No es extraño que en este deprimente caldo de cultivo, aún más agobiante porque se ha desencadenado tras años de bonanza y alegrías, florezcan los casos de presunta corrupción: ya ocurrió tras los fastos de 1992, y el asesino siempre puede regresar al lugar del crimen, sobre todo si no se le detiene antes. España es un país que digiere mal a los ricos sobrevenidos y sospechosos: aunque el sistema no sea ni eficaz ni diligente en la persecución de los delitos de corrupción, la jactancia de los presuntos implicados en ella siempre termina por delatarles. Pero con todo, y con ser muy malo, lo peor de las últimas semanas no está siendo la sucesión de informaciones sobre actos dudosos, irregulares o directamente ilícitos, sino la desvergüenza, la falta del mínimo decoro del que vienen rodeados.

Ahí está la peripecia de Jesús Sepúlveda, marido en gananciales de la ministra Mato durante los años en que operó la red Gürtel. El Partido Popular sigue empleándole como “funcionario de la casa” con la excusa de que las imputaciones judiciales no son causa objetiva de despido, cuando tendría cuajo que alguien como exalcalde de Pozuelo, sobre el que pesa la acusación de haber recibido dádivas de la trama corrupta de Correa y compañía, denunciara a su empresa por apartarle de su puesto. Provoca sonrojo que Luis Bárcenas, el hombre que controló las finanzas del PP durante dos décadas y al cual se le han descubierto dos cuentas multimillonarias en Suiza -utilizada una de ellas, al parecer, para tratar de acogerse a la amnistía fiscal-, se ofrezca a someterse al polígrafo en una televisión antes de verse obligado a pasar ante la Fiscalía; y mientras es sorprendido en distintas ciudades disfrutando de la buena vida que presuntamente solo puede financiarse con los fondos acumulados de manera oscura durante años. Aunque es probable que no haya nadie que esté abusando tanto del descaro como Iñaki Urdangarin. Ya fue una temeridad muy impropia de su situación procesal (y familiar) que optara por desafiar a todo y a todos presenciando en directo la final del Mundial de balonmano en Barcelona. Pero la forma en que están redactadas sus apelaciones ante el juez y su amago de alegar indefensión ante el Tribunal Constitucional flirtean con un victimismo muy hiriente para la ciudadanía, especialmente la que más está sufriendo el impacto de la crisis. El duque tiene todo el derecho a usar los recursos jurídicos a su alcance para intentar contrarrestar la catarata de imputaciones que le persigue como una pesadilla. Pero eso no justifica que su defensa utilice expresiones tan sangrantes como que Urdangarin estaría soportando “un empobrecimiento injusto” con la imposición de la fianza y el riesgo cierto de embargo de sus bienes.

La lista de indecencias es prolija y va engrosando cada día. En ella también tienen cabida, con distinta relevancia, las proclamas de todos aquellos responsables institucionales y políticos que exigen ahora una regeneración democrática, cuando buena parte de ellos llevan sumados ya muchos trienios en el defectuoso ejercicio de la cosa pública.

No hay seguramente un dirigente en la política española que maneje los silencios y los tiempos como Mariano Rajoy, que logró superar la ofensiva abierta contra su liderazgo en el PP tras la derrota electoral de 2008 por la vía de aguantar sin una voz más alta que otra las prisas de los demás y la presión cotidiana de los acontecimientos. Es una incógnita si esta estrategia, que está en su naturaleza y que se ha revelado como un instrumento útil para sus objetivos políticos, le va a alcanzar al hoy presidente del Gobierno para superar las consecuencias del ‘caso Bárcenas’, aunque la gravedad de las sospechas que penden sobre la financiación del partido y sobre su propio comportamiento apuntan a que no; a que, esta vez, la táctica del enfriamiento no va a bastar. En su solemne comparecencia de hoy ante el comité ejecutivo del PP, convocado con carácter extraordinario y sin permitir las preguntas de la Prensa, Rajoy ha asegurado que sus declaraciones de la renta estarán colgadas en la web de La Moncloa en los próximos días. Es inevitable contrastar esta promesa de “transparencia y rigor” con que hayan transcurrido 48 horas entre la publicación de la presunta contabilidad B del extesorero imputado judicialmente y el anuncio de lo que ya era poco menos que ineludible: la divulgación de los datos consignados ante Hacienda, a la espera de saber con exactitud hasta qué año van a remontarse esas declaraciones de la renta. El hecho de que vayan a figurar en la página de la Presidencia del Gobierno refleja cómo el estallido de los llamados ‘papeles de Bárcenas’ ha rebasado los límites del PP para salpicar la credibilidad del Gobierno, por más que la vicepresidenta Sáenz de Santamaría se esforzara al término del Consejo de Ministros del viernes, inútilmente, en tratar de separar el ámbito institucional del partidario. Ninguna formación política ha acumulado en democracia el poder que ostentan hoy los populares gracias al apoyo en las urnas, lo que agrava al límite la gangrena que puede extender la crisis si Rajoy y el resto de dirigentes interpelados no sostienen con evidencias tasadas y comprobables su aseveración de que no han existido ni financiación ni pagos en negro en el partido.

La comparecencia de Rajoy ha tenido un orden significativo: el presidente ha antepuesto su palabra, la reivindicación de su honradez personal y el compromiso de que aportará “todo lo que sea preciso” ante unos papeles que ha calificado de “apócrifos” frente a la defensa, más genérica, que ha realizado después de la honorabilidad del conjunto del partido, en la que no ha mencionado con nombre y apellidos a ningún dirigente. La mayor contundencia ha quedado reservada para referirse a sí mismo, o al menos así ha sonado: “Nunca he recibido ni repartido dinero negro (…). Lo repito, es falso”, ha concluido, antes de advertir de que España puede convertirse en un “país inhabitable” si la presunción de inocencia se quiebra por “insinuaciones”. El problema con el que tropieza el legítimo derecho a la presunción de inocencia frente a las sospechas de corrupción es la historia: la renuencia en el pasado de los partidos a depurar responsabilidades ante las irregularidades internas y los precedentes en que dirigentes políticos de todo orden pusieron la mano en el fuego para acabar viéndola quemada en los tribunales. De esos barros -incluida la supuesta y vergonzante vinculación de la ministra Mato y su familia con la trama Gürtel-, vienen estos lodos. Esto, y la falta de aclaraciones convincentes, es lo que está haciendo el ambiente irrespirable para una ciudadanía ahogada por la crisis y asqueada en no pocos casos de quienes la representan.